Sanidad concertada: ¿licencia para matar?

Una persona de 95 años, en perfecto estado de salud, se cae el hace 10 días y se parte el fémur. En el hospital concertado POVISA dodne le reciben, están a punto de ejecutar un homicidio por retraso de su operación a causa de una huelga ¡previamente anunciada! La hija de la víctima pidiera su traslado a otro hospital. Dice que el SERGAS (Servicio Gallego de “Salud”) rechazó la petición. La máxima responsable del SERGAS dice: “es un hospital privado concertado”, no se sabe si para justificar el previsible homicidio.

          En POVISA dicen que nadie lo solicitó al SERGAS. Ellos no derivan a los pacientes. No lo prevé el concierto y no pueden subcontratar”; “es como si un inquilino quiere alquilar su casa, no puede”, dicen. Comparar un realquilado con un homicidio exige tener  un hueco en el cerebro y en vez de una piedra, hiel dura en el corazón. Sin embargo, si los hospitales fueran públicos el traslado hubiera sido inmediato.

El Presidente de la Sociedad de Geriatría afirma: “”si no hay quirófanos, se pintan, y si no se traslada a otro hospital”;  y añade: “a una persona de esa edad no se le pueden tener 48 h sin operar” porque: “se corre el riesgo de hacerle un discapacitado cuando, si no, en dos días estaría en su casa y en un mes andando”. ¿Necesita esto alguna explicación?

La Xunta, a través del SERGAS, tiene un contrato de adhesión con el ciudadano, Le descuenta de su salario la cuota de la Seguridad Social con el compromiso contractual es el de darle la ciudadano que enfermen el tratamiento médico-quirúrgico o bioquímico adecuado para que recupere su salud ¡si es posible!

Sólo la imposibilidad real que la recupere libera al Estado de hacer TODO LO QUE HAGA FALTA para lograrlo. Si no, incumple el contrato civil. Además, como parece en este caso, puede cometer un delito stipificado en el art.142,CP:  “1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

           El convenio entre el propietario del hospital particular del grupo Nosa Terra 2000 - ¿se referirá a la tierra donde descansan los muertos? - y la Xunta se firmó en 2001 y expiró en 2010. Tuvo tres sucesivas prórrogas “ante la falta de acuerdo entre las partes”, algo curioso porque sin acuerdo entre las partes lo normal es que se cancele el convenio. Quiza deban investigarse posibles vinculaciones al estilo Bárcenas. Mientras está a punto de cometerse este homicidio POVISA ingresa cada año 75 millones por atender - ¿homicidio incluido? - a una población de 150.000 habitantes.

Según la Xunta, la demora media para ser operado en Galicia es de 68,5 días, pero sin incluir en este dato la demora de POVISA ¡que es de 171,6 días! El valedor del Pobo dice que estan demora que más que duplica la demora media de los hospitales públicos obligaría a no reanudar el concierto.

Nadie asume la responsabilidad mientras el ciudadano agoniza ¡tras diez días de inmovilización! - y tres retrasos en la operación: el viernes el lunes y el jueves pasados, sin que nadie tome ninguna decisión.  Su situación se agravó, ¡algo inevitable dada la desatención! el martes cuando estómago y pulmones empezaron a llenarse de líquido y el intestino dejó de funcionar. Alimentado con suero, ¡son 10 días de desatención!, está tan débil que no se le puede operar. Ahora los médicos, ¿los que no le han operado?, le dicen a los familiares que el homicidio se consumará en breve; lo dicen en su argot, claro: “prepárense para lo peor”. Menos mal que, ¡de momento!, no le han echado la culpa a la víctima, ¡como suelen hacer!
¿Alguien quiere convencerme de que si esa persona de 95 años hubiera sido Dª Cristina Cifuentes, que tuviera un accidende en  la Gran Vía de Vigo, tampoco la hubieran trasladado a un hospital público?

Dice el art. 142.3.CP: “Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”. Imprudencia profesional de la Xunta que redactó un contrato, de POVISA que lo aceptó sabiendo que ello implicaba riesgo de homicidio y del PP, en general, que se empeña en poner nuestra salud en manos privadas con claro incremento de demora en la atención y riesgo de homicidio.

En Madrid estrenaremos el negocite este de la sanidad privada concertada en los próximos días. Nos prometen más eficacia, menos coste y aumento de la calidad. ¿Se referirán a la calidad del homicidio?

En una República Democrática está garantizado que la Sanidad Pública no será jamás un Negocio Privado. Será una Sanidad Pública y de calidad. No como ahora.

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