Los
ciudadanos exigimos riesgos diferentes para cada actividad vital. Para la caída
de cornisas de los aleros de los tejados exigimos el 0,000.001 % anual. Eso significa
que en una ciudad como Madrid puede caerle un trozo del alero del tejado a un
ciudadano cada 20 años, supuesta una población de 5 millones. Si ocurriera uno
cada año, un riesgo del 0,000.020 %, como ocurrió en el pasado, todo el mundo
se indignaría. Por otra parte estamos dispuestos a sufrir una operación cuyo
riesgo fatal es del 10 %; ¡pero sólo porque nos hay alternativa!
La
seguridad es una acción preventiva destinada a evitar la ocurrencia de un
accidente:
1.- por todos los medios técnicos
a su alcance
2.- en el peor de los
escenarios imaginarios posibles.
Prever todo
los escenarios posibles es
intrínsecamente imposible, por tanto el riesgo siempre existe. Evitarlo es caro.
El nivel mínimo de seguridad lo establecen las leyes. Los empresarios lo establecen
en su valor máximo. El asunto está claro. La responsabilidad en una empresa
privada es de los políticos que no establecen unas leyes de mínimos
suficientemente altas y de los empresarios que no establecen una oferta de
seguridad suficientemente alta.
Es un
problema que exige tener dos conceptos claros:
1.- si el objetivo de una
Agencia es ofrecer seguridad, “se invertirá en Seguridad” sin regateo:
2.- si el objetivo de una
Agencia es forrarse, “se reducirá en Seguridad” sin regateo.
Es de
desear que no se pierdan las inversiones previstas en Brasil por este accidente.
Si fuera así, todas las pérdidas que se producirán al no lograr el contrato se
deberán a unos pocos miles de euros que se regatearon en las inversiones en
Seguridad en Santiago. Decía mi abuela, como todas: “Dios castiga sin palo ni
piedra”. Por tanto, quienes desde el Consejo de Administración desprecian la
vida de los viajeros, porque aman más los beneficios, verán que también los
beneficios sufren por lo que, ¡que triste es decirlo!, deben invertir en seguridad
de los viajeros no por respeto a su vida, ¡sino por su avaricia para obtener
beneficios futuros!
Los
políticos son responsables “in eligendo” de los miembros del Consejo de
Administración y estos “in agendo” cuando deciden cuando “gastarán” - no se enteran
de que están invirtiendo - en Seguridad del servicio - en este caso de
transporte de viajeros - 1, 10 o 100. Tomada esa decisión, “alea jacta est”,
solo hace falta esperar el paso del tiempo suficiente como para que ocurra el
accidente estadísticamente inevitable. Pero se puede evitar mejorando la
Seguridad cada año.
Un
(i)rresponsable de ADIF o de RENFE, como el endose de toda la responsabilidad
al maquinista provocó el natural rechazo de la gente sensata, y los datos
posteriores lo confirman, trata ahora de endosársela a los técnicos. Sólo por
eso merecería su cese “ipso facto”: por incompetente y por su reiterado intento
de engaño. Los políticos, ¡claro! lo mantendrán.
El técnico
ofrece soluciones a los problemas que se le plantean; el economista valora el
coste; el Consejo de Administración, en una Agencia pública está nombrado por
los políticos, es quien decide la magnitud de la inversión; es decir, es quien
elige el sistema de seguridad.
Los
técnicos tienen su responsabilidad en la elección de un sistema u otro, cuando
existen varios alternativos a la hora de evaluar cuál es el mejor, pero la
decisión última no depende de la seguridad, sino del presupuesto, que lo decide
el Consejo de Administración.
También a
los técnicos les corresponde definir los protocolos de actuación a partir de
los protocolos que da el vendedor del sistema de seguridad, para llevarlos al
100 % de eficiencia que permite el sistema. A partir de entonces ¡el sistema de seguridad que falta! se
le endosa al operador - en este caso el maquinista - sometido, sin remedio, al
error humano.
Pero eso es
al revés: los sistemas de seguridad se crearon para reducir el error humano. En
el S. XVIII todo dependía del maquinista; en el S. XXI nada debe depender de
él. En un mundo de “drones” dedicados al asesinato, es inadmisible que no haya
sistemas de seguridad 100 % seguros en un trayecto ferroviario. La avaricia
sumada a la desidia tiene un precio: 79 muertos y media docena de ceses. ¡Pero
ni políticos ni miembros del Consejo de Administración cesarán!
El precio
siempre lo paga el pueblo hasta que recuperemos la República Democrática al servicio
de los ciudadanos; no del capital y de un Jefe del Estado nombrado por un
dictador.
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