Burla al pueblo ¿soberano? (3): el PSOE y la PAH, un apoyo obligado

La ley de propiedad intelectual establece en su art.1: La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Y en su art. 2: La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

                Interpretado el texto al pie de la letra las reclamaciones judiciales están excluidas de la protección por la ley de Propiedad Intelectual con lo cual si el PSOE, según parece, por las noticias que leemos en la prensa, va a tomar el texto de la reclamación jurídica elaborada por la PAH para su presentación como cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, aunque sea con modificaciones elaboradas o adicionadas por sus propios servicios jurídicos no incumpliría la Ley de Propiedad Intelectual.

Pero sería una actuaciones moralmente reprobable al privar de su autoría a la PAH si, simultáneamente no apoya con parte sus efectivos políticos tal la propuesta original de la  PAH a todos los Diputados y Senadores según estable el art. 162,CE78: “1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

                El argumento de que: “lo importante es que se presente la cuestión de inconstitucionalidad y no quien la presente”, es una disculpa para negar el protagonismo a una iniciativa que desde el principio se planteó públicamente y recibió todo el apoyo popular, carente como está de medios procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual el mérito es nuestro, de los 1.400.000 ciudadanos y suyo el derecho a litigar ante el Tribunal Constitucional. Privarle de ese reconocimiento, es evidente que en mayor o menor medida el Tribunal Constitucional modificará esa ley, es, simplemente, un acto de ruindad.

                Es cierto, no todo lo inmoral, es ilegal. El PSOE puede hacer lo que le convenga más. Pero lo correcto, lo respetuosos con una iniciativa popular que apoyan 1.400.000 ciudadanos, la mayoría de los cuales no están afectados directamente por el problema que defienden, es darle esos 50 apoyos de Diputados que la Constitución exige, en un acto de secuestro de la soberanía popular a la que no se le permite actuar directamente, sino a través de sus representantes que, “si no nos representan”, secuestran la representación que les dimos.

                Si conceder ese apoyo a sus representados es una obligación ética y moral elemental para todos los Diputados, incluidos los que votaron a favor de la ley - ¡se trata sólo de permitir el acceso a la tutela judicial efectiva del TC - en el caso del PSOE, IU y demás partidos que se opusieron a ella, sobre todo si van a presentar un recurso en el mismo sentido, constituiría una actitud tal que habría que crear una nueva palabra en el diccionario, porque ninguna de las que hay describiría con propiedad semejante falta de calidad ética de este comportamiento.

                SI las estrategias políticas exigen (¿) el atropello de la ética, mal vamos. Y eso es lo que vemos, exactamente, día a día; y no sólo por los casos insoportables de corrupción en (casi) todos los partidos. Argumentos y declaraciones de políticos, revelan que la ética está tirada bajo los pies de los diputados.

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