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9 may 2013

Sr. FGE ¿por qué no se da prisa?

Dejémonos de marear la perdiz, Sr Fiscal General del Estado. Lo que está ocurriendo con el Partido Popular es un puro delito de malversación de caudales públicos.
A este delito continuado de malversación de caudales públicos le ha precedido un delito de soborno generalizado y continuado - donde el beneficiario era presuntamente el Partido Popular - lo que sería un delito añadido.
Además, se ha producido una apropiación adicional de esos recursos  por parte de todos los individuos del Partido Popular que - con diferentes añagazas, lo que pone de manifiesto el carácter fraudulento de las mismas, porque cuando las cosas están claras siempre son sencillas - se han apropiado de parte de esos recursos para su beneficio individual.
Además, está el caso de la apropiación indebida de recursos que, entregados para presuntos sobornos, acababan produciendo beneficios ilegales en el partido popular - porque, al poder invertir más en propaganda electoral, podían conseguir más votos de los que hubieran conseguido de no haber violado la ley, lo cual significa un acceso ilegal al poder.
Por otra parte, son muchos los miembros “importantes” del PP - que tienen mando en plaza y por tanto capacidad de gestión en los recurso públicos - donde hay “coincidencia” reiterada en la adquisición de inmuebles de precio elevado por un precio muy inferior al valor del mercado. De ello se pueden deducir varios hechos delictivos:
a.- un presunto fraude para estafar a la hacienda pública. Declarando una compra por menos valor del que realmente se pagó se pagan menos impuestos de plusvalía que, presuntamente, reducen el precio de venta entre comprado r y vendedor
b.- presunto blanqueo de dinero. El comprador, supuesto que pagó más, blanquea un dinero que tenía ilegítimamente - presuntamente otro dinero que nunca pagó impuestos por mero fraude o por tener un origen ilegítimo.
c.- una forma de soborno para conseguir la concesión de ofertas públicas de construcción. Éstas son las que dejan más beneficios, o de cualquier otra actividad, como informes que nunca se llevan a efecto, etc.
Ahora acabamos de descubrirse, con datos objetivos, lo que todos sabíamos: que la “financiación” al Partido Popular era, además, ilegal, porque excedían los límites que permiten la ley o que eran objeto de la comisión de una serie de delitos encadenados, uno por cada uno de los trozos en los que se fraccionaban esos sobornos para no cometer un delito de superación de los límites de financiación permitidos.
El art. 17.1 de la LO 8/2007, define como infracción muy grave "aceptar donaciones que contravengan las limitaciones"; también "no presentar, sin causa justificada, las cuentas correspondientes al último ejercicio anual o que éstas sean tan deficientes"; asimismo, "que los partidos hayan superado los límites de gastos electorales previstos en la ley". El apartado 17.3 esa misma ley, declara que "el plazo de prescripción de las infracciones contenidas en la Ley será de cuatro años".
Sr. Fiscal General del Estado se ha dicho que esos cuatro años son insuficientes porque facilitan que los delitos prescriban: el Tribunal de Cuentas tarda cinco años en elaborar sus informes de fiscalización. Vd. también puede intervenir y lograr que la información llegue a tiempo a los jueces a tiempo.
Como el Partido Popular tiene mayoría en las Cortes puede ampliar los plazos de prescripción y dar una imagen de que lucha contra la corrupción. La ley establece un plazo de prescripción se inicia en el momento en el que se cometió la infracción. Todas las que afectan a los miembros del partido implicados en estas corrupciones se benefician del plazo vigente. Las que ocurran  cuando gane otro partido, si estuvieran dispuestos a dedicarse a las mismas prácticas, tendrían un plazo mayor con lo cual no se podrían financiar ilegalmente cuando estuvieran en el poder.
Pero ¿por qué el PP quiere mantener esos plazos tan breves para la prescripción de delitos de corrupción que perjudican, sobre todo a los pobres y benefician, sobre todo a los ricos?
Quizá es un problema de respeto a su ideología. Están dispuestos a que puedan beneficiarse ricos de izquierda con tal de que se perjudiquen pobres de todas las ideologías.

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