Propuesta de Constitución Democrática (7): ser español

El asunto de tener la nacionalidad española, como el de tener cualquier otra, es la herencia  de la historia de la creación de países que se convirtieron en sujetos de derecho internacional. Ser ciudadano en tiempos pretéritos implicaba ser libre y tener derechos frente a quienes carecían de ellos, como los esclavos, siervos, etc.

Dentro de cada país - el derecho internacional es casi tan antiguo como el hombre mismo - había algunos que eran ciudadanos del país en el que residían y otros que, siendo también libres, no residían en el país de que eran ciudadanos. A estos se les denominaba peregrinos.

Su situación de derechos, muchos pertenecían a países que eran parte del imperio romano,  era una situación de derechos distinta e inferior a la de los ciudadanos romanos.

Los conflictos mercantiles, civiles o penales, entre ciudadanos romanos y peregrinos, los resolvía el pretor peregrino. Pero en el 212 el emperador Caracalla acabó con lo que era un precedente del espacio Schengen - el espacio del imperio romano - y concedió la ciudadanía romana a todos sus residentes que empezaron a pagar impuestos como buenos romanos.

El esquema jurídico actual, como tantos otros, es heredero de aquel. En todos los países los ciudadanos peregrinos, nombre que me gusta más que el de inmigrantes, tienen menos derechos que los ciudadanos del país de residencia, lo que hoy se llaman nacionales. Esa realidad se recoge en el artículo 11, que podríamos dejarlo tal cual está: ,

Art. 11.- 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Aquí se distinguen dos clases de ciudadanos españoles: los que lo son de origen - a los que no se les puede privar de su nacionalidad (algo que antes se podía hacer) - y aquellos a los que se les concedió la nacionalidad - una vez que cumplieron ciertos requisitos - a los que se les puede privar de ella - cuando se den ciertas circunstancias muy excepcionales.

A simple vista se puede ver como una discriminación; pero  responde a dos hechos jurídicos diferentes: 1.-reconocer que el nacional de origen tiene un derecho propio - el viejo ius sanguinis (derecho de la sangre) - y 2.- el otro nacional de adopción tiene un derecho otorgado - el igualmente viejo, pero distinto, ius soli (derecho del lugar, referido en unos casos al lugar donde ha nacido y en otros al lugar de donde quiere ser ciudadano) - que, contrariamente al cuento de Santa Rita, lo que se da se puede quitar.

Ésa nacionalidad de origen es democrática porque es un derecho de la persona que recibe al nacer una nacionalidad que no se le puede quitar aunque si renunciar pero para tener otra. El caso de los apátridas es muy raro No es, pues, un derecho que le da el Estado o el dictador, un militar o un rey que usurpe el derecho democrático a elegir quien accede a la Jefatura del Estado, como ocurría en el pasado y, desgraciadamente, aun sigue ocurriendo.

El derecho a ser español, al ser un derecho propio y de nacimiento, nadie le puede privar de él. Por ello mismo, nadie le puede privar de la libertad de elegir a “su” Jefe del Estado - tenga el título que tenga - porque es en todos y cada uno de los ciudadanos donde reside la soberanía.

La situación es claramente diferente: 1.-antes el soberano se apropiaba de “sus súbditos” - del latín “sub dictum”, bajo el dictado de las leyes que el soberano les imponía; 2.- hoy, en una democracia, la situación es la contraria, el soberano es el ciudadano; él es quien elige a “su Jefe del Estado”. Esta elección, por definición, tiene fecha de caducidad en el mandato; si no la tuviera no sería elección: sería una hipoteca.

Esta hipoteca es la que los dictadores y sus colaboradores imponen a los ciudadanos libres, despreciando su soberanía, es decir, la democracia. Eso distinguen a los países cuyos estados son democráticos de los que no lo son.

Creado en: derecho, III república