Como la política del gobierno
no es crear riqueza estable sino sacar dinero de donde pueda parece que será
muy fácil obtener una autorización de residencia en España con el nuevo proyecto de ley de “apoyo a los emprendedores
y su internacionalización”, que corre el riesgo de convertirse en un proyecto
de ley para facilitar la residencia a “delincuentes de toda clase”, como si no
nos bastara con la cantera local de corruptos, evasores fiscales, etc.
Para este gobierno España ya
no es un país serio, sino un “marca España” que hay que vender; es lógico que
se baje de precio del derecho a residir en España: ¡lo que importa es el negocio!
Dentro de ese esquema de
puesta en venta de la “marca España” es congruente que la compra de vivienda
por importe superior a quinientos mil euros, o la compra de deuda pública por
encima de los dos millones de euros, permita la concesión de una autorización
de residencia.
Ahora bien ¿no convendría
incluir, al menos los requisitos comunes a las 17 autorizaciones de residencia
que figuran en el actual texto del Reglamento de
Extranjería RD 557/2011, de 20 de abril? No parece que sean
requisitos sin importancia si consideramos que entre ellos están:
1.-carecer de antecedentes
penales, 2.- no encontrarse ilegalmente en territorio español, 3.- no figurar
como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga
firmado un convenio en tal sentido, 4.- contar con un seguro público o privado
de enfermedad concertado con una aseguradora autorizada para operar en España,
5.- no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno, , 6.- que se
acredite que se dispone de recursos para atender los gastos de manutención y
estancia, incluidos los gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, y
los de su familia, mientras dure la vigencia de la autorización … y así hasta
17.
Para disimular esta realidad
el Gobierno quiere hacernos creer que el objetivo es el fomento y entrada
de inversión y talento en España, facilitando y agilizando la concesión de
permisos de residencia a:
—Emprendedores en una
actividad de carácter innovador con especial interés económico, valorando
prioritariamente la creación de empleo, que es algo que ya se podía hacer en la
actualidad.
—Profesionales altamente
cualificados. No creo que haya nadie dispuesto a trabajar en la mayoría de las
empresas que son tan poco competitivas que a menos que los salarios de los trabajadores
se rebajen a niveles de supervivencia no pueden competir en el mercado mundial.
—Extranjeros que se desplacen
a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de
formación profesional, por una duración igual a la del traslado. Dudo que nadie
se sienta atraído para trabajar en Investigación en Universidades y Agencias de
Investigación a las que se les han recortado los recursos y las opciones de
financiación.
Constituye la muestra de
cinismo habitual plantear estos objetivos de entrada de profesionales altamente
cualificados, cuando la semana pasada se ha sabido que: 1.- han perdido sus becas muchos investigadores muy
prometedores; 2.- que su solución ha
sido ejercer su profesión y/o continuar sus investigaciones en el extranjero;
3.- que ésta es la fuga de talentos más grande producida desde el fin de la
democracia cuando tantos intelectuales, y tantos miles de españoles, huyeron
del país para salvar su vida; 4.- cuando se expulsa de España a inmigrantes que
no logran un empleo por el expedito procedimiento de negarles el derecho a la
Sanidad pública.
El único objetivo es el
de traer “inversores” de cuantía económica significativa o de interés general.
A algún notorio especulador de casino ya
los están recibiendo nuestras autoridades con alfombra roja y han puesto el Parlamento
a su disposición para cambiar las leyes que no les gusten. ¿Harán lo mismos con
los mafiosos, los traficantes de armas, los tratantes de mujeres, etc., si la
cuantía económica es suficientemente significativa o de interés general ?
Nadie vea en esto ninguna discriminación
a favor de los extranjeros ricos en un país de pobres.
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