Recibo una invitación para participar en un
Curso de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Su rector es el Prof.
Cesar Nombela, que fue Presidente del CSIC. El título del curso es: “Hacia un Compromiso
Público ‐ Privado en Investigación”.
Sin perjuicio de reconocer lo interesante del
Curso, creo que la realidad ha puesto de manifiesto que el curso verdaderamente
importante debería de tener por título “Hacia un compromiso público-público de
la Investigación Pública”.
Que la investigación privada
es un desierto en España es una realidad indiscutible.
Una realidad penosa y avergonzante, pero una
realidad.
Una realidad imposible de evitar mientras presidan
las Asociaciones Empresariales unos individuos que, con desfachatez que es pura
indecencia, y quizá carne de Código Penal, declaran: “yo no pago la Seguridad Social,
como tantos otros empresarios ¡y a mucha honra!” como consecuencia de haberse
descubierto que los trabajadores de sus empresas hacían jornadas ilegales y
recibían sueldos en negro para estafar a la Seguridad Social.
Una realidad imposible de evitar mientras,
conocidos esos hechos, sus electores - los demás empresarios - le invitan a seguir representándolos. A
ninguno se le pasó por mientes exigirle que dimitiera por la mala imagen ética que
daba de la institución que representaba. Eso obliga a concluir, a sensu
contrario, que consideran que da la imagen correcta de esa Asociación de Empresarios.
Una realidad imposible de evitar, porque esto ya
pasó hace pocos meses con otro Presidente de Asociaciones Empresariales que hoy
está en la cárcel acusado de todos los delitos que puede cometer un empresario
¿en el ejercicio de su profesión?
Una realidad agravada porque la investigación
pública en España es otra vergüenza.
¿Y por qué no había de serlo si previamente ya
se había convertido en otra vergüenza mucho más escandalosa la educación
púiblica, que es la madre nutricia de la investigación?
El presupuesto de los centros de investigación
públicos no se sostiene con los recursos de los Presupuestos Generales del
Estado. No es que si los investigadores quieren investigar tengan que conseguir
ellos recursos de instituciones ajenas, públicas o privadas, nacionales o internacionales.
La situación es mucho más grave. Sólo porque ellos consiguen esos recursos se
puede pagar la factura del agua, de la luz, de la electricidad y de la limpieza
que, en muchos centros, se ha reducido al mínimo para no agarrase una
infección. Y, porque no llegaba, les han reducido el sueldo y han puesto en la
calle a todos aquellos que no eran funcionarios aunque con esa reducción hagan
imposible la actividad científica de los funcionarios a los que no pueden echar
¡de m omento!
Por eso el CSIC ha metido mano en los recursos
para investigación a fin de poder mantener abiertos los centros ¿hasta cuándo?
No se sabe. Hace años que las mesas donde
trabajan las compran los investigadores, las sillas donde se sientan las
compran los investigadores, el aire acondicionado lo compran los investigadores,
los ordenadores los compran los investigadores, los cartuchos para imprimir los
textos los compran los investigadores, los archivadores donde guardan la documentación
la compran los investigadores con cargo a los presupuestos que tendrían que
estar dedicados a la pura investigación, adquisición de equipos y materiales.
Se discute si fue el genocida Millán Astray o
el genocida Goebbels el autor de la frase: “cuando oigo hablar de cultura llevo
la mano a la pistola”. A cualquiera de los dos le va bien.
Ninguno de los miembros del gobierno haría lo
mismo hoy día. Se conforman con meter la mano en el presupuesto y cerrar la
financiación.
El objetivo es el mismo: acabar con la cultura
en el país, impedir que se consoliden los mínimos niveles de justicia social
que habíamos logrado con las becas y frustrar todas las expectativas generadas
de que España podría llegar a ser un país que pudiera ser un referente en la
investigación científica internacional.
De todos modos hay que agradecerles que el
procedimiento sea menos sanguinario.
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