Derecho a decidir: (21) La nacionalidad se elige

Ningún español en su sano juicio puede querer obligar a ser español a quien no quiere serlo. Miles de inmigrantes desean ser españoles; por lo tanto, quizá ni habría una pérdida cuantitativa. ¡Y aun que la hubiera! Mejor es ser pocos y bien avenidos.

Liberado el secesionista de un vínculo indeseado, los españoles se liberarían de la falsa acusación de querer imponer un yugo a nadie. Eso sólo lo quiere  una minoría, los nacionalistas fascistas - perdón por la redundancia - que supeditan los derechos del individuo a los “derechos del pueblo”, como antes otros totalitarismos lo supeditaban a los “derechos del rey” o a los “derechos de dios” en las dictaduras regias o teocrática. Ser español en una democracia, - que sólo puede ser republicana - recuperaría su valor positivo de ser libre y persona.

            En las últimas elecciones en el ámbito estatal-nacional menos del 20 % de los diputados son de partidos que propugnan la secesión. A nivel autonómico superan el 50 % aunque quizá muchos no tienen ánimo secesionista sino que sólo pretenden que se reconozca “el derecho a decidir”. Pero este derecho es innegable, salvo por unos nacionalistas fascistas, y por tanto es  invotable. El derecho a decidir con quien formo una comunidad política es parte de la libertad individual y por ello no cabe prohibirlo ni dificultarlo con ninguna artimaña política según dice el art. 9.2,CE78: “2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por desgracia la mayoría del parlamento español, además de administradores que se creen propietarios, son gente con mentalidad fascista. Para ellos el individuo está al servicio del “pueblo español” y de míticas “rutas imperiales” o de “otros pueblos” cuyas “rutas imperiales” son igualmente míticas. Ninguno, no son demócratas, defiende la libertad del individuo sino el derecho del “pueblo” superior a la libertad del individuo..

Cualquier persona tiene derecho a dejar de ser parte de su comunidad histórica a título personal: le basta cambiar de nacionalidad. Hacerlo colectivamente, para crear nuevas comunidades exige identificar una unidad de derecho supraindividual. La historia identifica como tal al municipio: Llivia es un islote municipal español en Francia; el rincón de Ademuz es otro de Teruel en Valencia, el Señorío de Treviño es otro de Burgos en Álava; hay muchos más. Del municipio, como unidad básica y natural de convivencia política, surgen, también de modo natural, las regiones, por razones sociales y geográficas. Las provincias y autonomías son, sin embargo, unidades político-administrativas.

En relación con una herencia, aunque sea pro indiviso, el Código Civil protege el derecho a no pertenecer a esa comunidad si no se quiere. Para lograr el reparto de la herencia lo razonable es seguir ese modelo y establecer las normas, el procedimiento y las condiciones para el reparto equitativo. Establecidos los términos del reparto por acuerdo entre todos los afectados, una sola petición obligaría a hacer  el reparto.

Los municipios cuya mayoría de ciudadanos aprueben integrarse en el nuevo Estado propuesto dejarían, ipso facto, de ser parte de España y, por ello, de la UE. Los demás españoles no pueden intervenir en esa votación. Todo ello sin perjuicio de que, si les interesara a los ciudadanos del nuevo Estado, solicitaran su integración en la UE y, tras los acuerdos habituales, se firmara la integración

Si la secesión busca crear un Estado Libre Asociado o un Estado Federal, es decir, organizar una convivencia que afecta a todos implica el derecho de todos a opinar. El cambio, respecto a la situación vigente, exige una determinada mayoría más o menos cualificada.

Elegir es siempre un dilema. El futuro es siempre imprevisible. Los beneficios claro a corto plazo a veces nos impiden ver los riesgos a medio y largo plazo. Así es la vida: elegimos vivir solteros o en pareja - ¡antes que te cases mira lo que haces!; tener hijos o no; estudiar esta carrera o la otra; ser empresario social, autónomo o ser trabajador para terceros; hacerlo aquí o en la Conchinchina, …. Unas veces acertamos y otras nos arrepentimos y podemos revocar la decisión y rectificar el error.

Hasta ahora, privados de libertad individual, los matrimonios lo eran para toda la vida. Recuperada la libertad individual, cabe el divorcio ¡y hasta la segunda boda! - ¿recuerdan a Taylor y Burton? Recuperada la libertad ¿cómo los ciudadanos no va a poder ejercer su libertad, a través de las unidades políticas naturales de sus municipios?

Las leyes vigentes permiten a los ciudadanos de la UE no españoles votar en las elecciones municipales. Otra ley podría permitir a andaluces, canarios, gallegos, vascos, murcianos, catalanes, navarros, etc., que no quieran ser españoles, que puedan participar en la política española municipal y dejen de hacerlo en la española (y  de la Unión europea) hasta que tengan un Estado propio (y de la Unión Europea si ésta aceptara su incorporación, ¡si la pidieran!); decidida la segregación, sería irracional poder seguir condicionando la política de un Estado del que se rechaza ser parte.

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