2.3.- La acusación de todos los dictadores: ser enemigo del pueblo
Además, aun
les queda el recurso al descrédito; la acusación de ser “enemigo del pueblo”, no
“buen nacionalista” o mal “patriota”, y otras patrañas. El chantaje busca el mayor
nivel de degradación: la abdicación voluntaria y la renuncia a la libertad. Para
conseguirlo no hay límite que no se pueda saltar. Es el caso de los genocidas
etarras en el País Vasco. Existen gracias a un inmoral respaldo social, y no
sólo el que reciben ladinamente, mejor jesuíticamente, de la derecha nacionalista
y fascista. Su ética fue perfectamente definida por el P. Arzallus - a la sazón
ideólogo del PNV – encarnando así los dos poderes, el terrestre y el
extraterrestre (que el orden sacerdotal imprime carácter y permanece toda la
vida): “unos tienen que apalear los árboles para que otros puedan recoger las
nueces”.
Este
intento de atropello es mayor que el de “súbdito de la dictadura”. Bajo ésta, el
sentimiento de la libertad robada mantenía más vivo el deseo de recuperarla y
con ella la plenitud como hombre (mujer y varón) “medida de todas las cosas”.
Pero eso será algo que ya no se enseñe a
todo el mundo. No en vano se ha reducido el número de clases de filosofía, esa
asignatura que es inútil para los fascistas y nacionalistas. Ellos aman la
tecnología y han vuelto a re-escribir “la historia oficial”, como hacen siempre
todos los nacionalistas. La filosofía no es inútil; es, simplemente, peligrosa:
enseña a pensar
De modo
subsidiario, debería ser parte de la enseñanza universal de todos los
ciudadanos desde niños, me propongo hacer un Manual de la libertad. Dentro de él se enmarcará nuestro derecho a manifestar
nuestra libre opinión “oportune et
importune”, como señala la Biblia.
Pero siempre será oportune para el
que defiende la libertad, e importune
para el que la quiere atropellar. Como hasta esta constitución post-dictatorial
y pre-democrática lo reconoce, al menos de boquilla. ¡Aprovechémoslo!
El
destinatario principal de estas reflexiones es el ciudadano, es decir, el
hombre (mujer y varón) que ama su libertad y que por eso es hombre ¡al margen
de su edad y sexo! Están incluidos en esa única categoría, ¡como no!, los
periodistas que, por razones profesionales, tienen la inmensa responsabilidad
del acceso a los “media” para la educación ciudadana mediante la difusión de
una información veraz.
También los
políticos a los que hemos encargado la gestión de nuestros derechos; pero no
para que enfrenten un derecho al otro. Ése es el truco que usan quienes no
quieren que tengamos derechos. Así limitan uno y otro con el argumento de que
“entran en colisión”. Pero los eligiéramos para que los armonizaran sin mengua
de ninguno ¡que es lo único decente! Ellos no deben olvidar que son sólo nuestros
administradores. Los soberanos seguimos
siendo nosotros. Por ello les exigimos que gestionen bien el poder que les
damos. Porque sólo les damos el poder, ¡no
la soberanía, que por eso no está en las Cortes!, como muchos creen. Sigue
estando en nosotros Ellos, como administradores, se tienen que poner de acuerdo
en ¡como servirnos mejor a nosotros, que somos los “únicos soberanos”!
Al
elegirles no les cedimos la soberanía por 4 años. Sólo les autorizamos a su
administración. Al confundir esos conceptos revelan su subconsciente
dictatorial y absolutista. La soberanía del
ciudadano es intransmisible: reside eternamente en cada uno. Por eso,
aunque no se admita en la CE78 el derecho de avocación - ¡uno de los muchos atropellos
democráticos! - jamás residirá en los políticos.
En ese
error no caen los funcionarios públicos. Sabemos que somos servidores públicos que
trabajamos desde la administración. En ella, en reñida oposición frente a los
muy buenos, logramos ese trabajo tras demostrar ser los mejores. Se trata de
una selección de calidad intelectual y profesional. Nada que ver con la
selección “del peloteo y la servilidad”, que rige el progreso dentro de los
partidos. El político quiere ocultar esa realidad bajo la capa de que él es “la
autoridad”. Así sólo refleja el profundo complejo de inferioridad, del que nace
su odio africano a todo funcionario, que tienen los políticos.
Dentro del
colectivo de funcionarios, el Manual
se dedica a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE). Ellos están al servicio directo, unas veces del poder ejecutivo, la
policía y la guardia civil, y otras del poder judicial, la policía judicial. Son instrumentos de nuestros dos
administradores: el poder ejecutivo, que gestiona, y el poder judicial, que
vela por la legalidad de la gestión aunque ésta sea tan falsa como la realidad post-dictatorial
y pre-democrática en que aun estamos – la existencia del Título II “De la
corona” en la CE78 impide calificarla de democrática.
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