La policía al servicio del ciudadano (8): El engaño eterno

2.4.- El príncipe de Sailina y Juan Carlos I de Franco

Esta etapa post-dictatorial y pre-democrática sólo se puede ver como un paso de la Transición a la Democracia. Espermos que sea el último y llegue pronto, que ya esta tardando demasiado; ¡más ya que la propia dictadura! Esta Transición exige recuperar la democracia que nos arrebató el general Franco; el que nombró a Juan Carlos I de Franco, un rey franquista que juró que nos aplicaría sus ilegales leyes de la dictadura, juramento que sigue en vigor porque de él todavía no se ha retractado.

Nadie discute, algunos ya empiezan a ponerla en cuestión, la utilidad política de su intervención. Pero sólo será aceptable en la medida en que sea una etapa intermedia en la Transición a la Democracia de modo pacífico. Juan Carlos I de Franco tiene una disyuntiva singular: pasar a la historia con todos los honores - ¡eso hizo p. ej. Amadeo I - o pasar con una imagen peor aun que la de su abuelo que, él al menos, no quiso ser un obstáculo para que la Democracia llegara a todos los españoles hasta que fue robada por su valedor. Pero me temo que ya tomo su decisión y que no ha sido la más  honrosa.

La tarea de los funcionarios de las FCSE, como la de cualquier otro funcionario público, es servir al ciudadano. Los derechos del ciudadano,  los nuestros, son los que también deben proteger estos funcionarios por encima de todo. Para ello hasta la ley les exige que no respeten la vieja y totalitaria “obediencia debida” propia del dictador Franco y de los dictadores que eran los reyes. Aunque todavía no ha regresado la democracia, lo que ahora ya rige constitucionalmente es la “desobediencia debida” tal y como establece la legislación vigente en la CE78.

Para que los funcionarios la puedan ejercer con independencia y con toda responsabilidad, la ley impide que se les pueda cancelar su contrato laboral funcionarial mediante un “despido improcedente”, como quisieran los políticos. Esto es algo que, siendo también un atropello a sus derechos laborales, se le permite todavía al empresario privado mediante una ley inconstitucional.

La protección del funcionario público desaparece ipso facto si se demuestra que cometió una falta o delito. Pero tenerla  permite al trabajador con contrato funcionarial plantarle cara al político y negarse a ser su cómplice en la corrupción. De ahí nace el principal objetivo de los políticos: desacreditar a los funcionarios, porque, aunque sin éxito del 100 %, ¡les impiden cometer todavía más corrupciones!

El ciudadano no debe caer en esa trampa. Debe darse cuenta de que el funcionario - ¡por su inamovilidad!-  es el último baluarte de defensa de sus derechos. Él es el único – los jueces suelen llegar tarde, cuando los delitos de corrupción ya han prescrito, porque para eso los propios políticos han puesto unos plazos breves – que puede impedir que los políticos conviertan el país en un puerto de arrebatacapas, aunque no hayan podido impedir que toda España se parezca al patio de Monipodio

Esta es, aunque de modo más teórico que real, la diferencia entre el régimen franquista que juró respetar Juan Carlos I de Franco y el régimen, el post-dictatorial de Transición a una democracia que ha quedado interrumpida en esta pre-democracia franquista. Transición que, por todos los indicios, los mismos que apoyaron la dictadura están dispuestos a no permitir que concluya y a impedir recuperemos la democracia robada en 1936.

Quizá eso se deba a que, como dijo el dictador en su famoso testamento: “todo está atado y bien atado” . ¡Que ingenuos fuimos al no creerlo!; ¡qué simples al reírnos creyendo que todo iba a cambiar! A esa tarea se ha dedicado con ahínco el heredero de la dictadura, Juan Carlos I de Franco.

Es lo mismo que dijera Lampedusa por boca del Príncipe de Salina en su famoso “Il gatopardo”: “es necesario que todo cambie para que todo siga igual”. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso hay tantos obstáculos para que la transición no desemboque en la deseada democracia perdida. Nuestros elegidos no quieren que recuperemos la democracia. La pregunta crucial es: ¿lo queremos los electores?

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