¿Qué pasa con la justicia - así, con minúscula, porque no merece más distinción - en España? ¿Qué clase de jueces y mnagistrados son los que tenemos? ¿Cual es la calidad que se nos ofrece a cambio de cobrarnos unas tassas inconstitucionales que nos privan de la tutela judicial efectiva?
¿Realmente se está cumpliendo on el pacto social de abandonar nuestro derecho a la legítima defensa de nuestros derechos fundamentales en manos de un grupo de personas que, casi sistemáticamente se dedican a atropellarlos? ¿No habrá que plantearse sin esperar a que finalice la Trnsicion a la Democracia si llegado el tiempo de avocar esa cesión de uso, que no la soberanía que siempre residira én nosotros, lo reconozcan o no los dicatadores, esean estos militares o regios, lo disimulen con Parlamentos más o menos democráticos o lo hagan a cara descubierta?
Éstas y muchísimas más preguntas son las que se hace el ciudadano al contemplar como los derechos humanos son pisoteados en España. Una tarea que lleva a cabo son sistemático rodillo un gobierno que, violando la representatividad de los ciudadanos que les entregaron sus votos, promulga leyes desde el poder recibido tras un claro fraude electoral - que no otra cosa es hacer lo contrario a lo prometido.
Un gobierno entregado con armas y bagages - ¿o son ellos mismos? - a esa bestia impacable que es el capital.
Un gobierno que se dedica a cambiar de nombre a las cosas en su perpetuo intento de seguir engañanado a los electores.
Un gobierno que es una verdadera hidra de mil cabezas, perpetuamente insaciable, cuyo nombre estremecedor se disimular con esa nueva denominación "los mercados" en vano intento de impersonalizarla y evocasr la amable y pacífica actividad popular de la compraventa en la famliar plaza del pueblo.
Una vez más los ciudadanos españoles descubrimos que no es en este país donde podemos esperar la rpotección de nuestros derechos fundamentales que nos promete la CE78 cuando nos habla de que tenemos derecho a la "tutela judicial efectiva".
Se trata de una burla más como la que también nos dice en el art. 14 cuando declara que todos somos iguales ante la ley porque está prohibida la discriminacion "por razón de nacimiento y por cualuqier otra causa personal o social". Luego nos atiza todo un Título II que es una continua y desvergonzada violacion de este principio democrático que se llama la igualdad.
Se trata de una burla más con la que nos hace en el art. 1.2, cuando dice que "la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado", cuando la realidad es que el poder del Jefe del Estado emana del vicioso capricho de un general golpista, de un dicador y genocido que con la anuencia de la iglesia caólica tuvo la petulancia, servilmente consentida, de declararse "CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA GRACIA DE DIOS" y recibir de las máximas autoridades de esa iglesia el servil privilegio de pasearse bajo palio en el interior de sus templos, privilegio que compartía con el extraterrestre en el que dicen que creen.
En estos momentos asistimos a la segunda burla de lo que se nos prometió: la Transición a la Democracia cuando no se trata más que de la sustitución de una dictadura militar por otra monárquica, bajo la cual se nos seguirá impidendo ejercer nuestra soberanía que nos reconoce la CE78, la misma que nos prohibe elegir al Jefe del Estado.
Pero alegrémonos porque, pese a todo, a España llega la Justica - con mayúsucla - aunque ultrapiernacia.
La primera vez fue con el caso del Sr. Aziz, dinde un humilde abogado con perseverancia logró que la Justicia que aquí le negaron llegara de allende los Pirineos y todo el abuso de pode parlamentario de esos políticos que tan mal representan a los ciudadanos, tuvo que doblegarse ante ese mandato.
Está llamando a la puerta la Justicia - de nuevo con mayúscula - en la misma puerta que cerraron con el inicuo procesamiento y condena del juez Garzón, esta vez de mucho más lejos, de ultramar, en insistente reclamación de reconocimiento de los derechos de unas víctimas que pronto verán cumplido el centnario de su asesinato, y que ya sólo pueden esperar ya recibir el honor de sus deudos.
Hoy acaba de llegar, por tecera vez - de nuevo de allende los Pirineos - de esa Unión Europea contra la que claman algunos irreflexivos revoluconarios de pacotilla, otro hálito de Justicia - de nuevo con mayúscula - con la noticia de que el Tribunal de Derechos Humanos - otra vez él - ha paralizado el desalojo de 43 personas en Salt manifestandose además su preocupación por las 16 familias ocupantes del edificio.
Una mínima sensibilidad ante los derechos humanos - de la que carece el gobierno, pero también la judicatura - obligaría a dejar en suspenso - como medida cautelarísmo y de proteccion de una infancia, que merece menos proteccion que las ocho células de la mórula - toda orden de deshaucio contra todas las familias a las que el capital bancario nutrido por los fondos pagados con sus impuestos por sus víctimas desalojadas de sus viviendas.
Resulta penoso que sean los jueces de primera instancia los que demuestran más sentido de la Justicia y que sean la sinstancias superiores- ¿no debería de ser al revés? - las que demuestran su total ignorancia de qué significa la "tutela judicial efectiva".
Esperemos que cuando, al fin, logremos recuperar la Democracia que se nos sigue negando esto no ocurra.
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