La educación
pública que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y es financiada con
los recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue la mayor conquista
social frente a los “propietarios seculares del país”, civiles y religiosos, que
apoyaron la monarquía absoluta, otra forma de dictadura hereditaria; los que apoyaron
las diversas dictadura: la del General Primo de Rivera y la del General Franco;
los que siguen apoyando la interrupción de la Transición a la Democracia en la persona de Juan Carlos I de Franco, el
rey nombrado por el dictador, el mismo que juró aplicarnos las leyes inicuas
dictadas por él con tal de lograr su “chollo”, porque tienen miedo a que vuelva la democracia.
El actual
rey no tuvo el más mínimo reparo moral en saltarse los “pretendidos derechos de
su padre”. Al hacerlo nos confirmó lo que ya sabíamos: esos “presuntos derechos
valen nada de nada”, ¡aun en su familia! En el fondo, son tal para cual. Su
padre se sumó a las tropas del dictador tras cometer el delito de insurrección
armada contra la República democrática. Eso no es insólito en la familia;
Fernando VII, un verdadero hdp, hizo todavía más con su padre Carlos IV: lo
echó del trono.
Educar a los
jóvenes para poder afrontar la vida adulta es una obligación social del grupo del
que forma parte ese ciudadano niño o joven (mujer o varón). El evangelista Juan
dice “La verdad os hará libres” (Jn. 8,32). En una sociedad racional la verdad
nace de la razón, no de ninguna revelación que los oráculos dicen que han recibido
de un extraterrestre. Educar es una tarea interminable que recuerda a Sísifo
porque el conocimiento nunca es perfecto y cada día esa verdad inasible vuelve
a reconstruirse.
De acuerdo
con este principio, en las tribus más primitivas toda la sociedad se afanaba en
instruir a los niños para que superaran las pruebas que marcan su paso de infantes
a adultos. El tránsito a la mayoría de edad solía incluir verificaciones de su
capacidad para su supervivencia: cazar una fiera o realizar alguna otra proeza.
En las sociedades más desarrolladas, las sociedades de la inteligencia – si son
democráticas y sociales – esa preparación se da a través de una educación
pública obligatoria. En ella se trata de superar la prueba de unos exámenes que
permiten certificar que se han adquirido los conocimientos mínimos necesarios
para sobrevivir siendo útil a la sociedad en la que vive.
Contrariamente
a este criterio, las sociedades no
democráticas - como las monarquías - se apoyan en el “espíritu liberal”, del
“arréglate como puedas”. La educación la tienen que pagar quienes la reciben de
acuerdo con este principio “liberal”. Así se puede privar del acceso a esa
educación a la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¡con violencia institucional
que no se nota mucho! Eso es lo que se esta pretendiendo ahora: conseguir, a
base de no financiar los gastos inherentes a esa educación, libros, comedores
escolares, guarderías infantiles, deteriorar su educación. Con este “terrorismo
legal”, los pobres recibirán menos educación que los ricos, ¡ el objetivo de
toda política liberal!, que sean pobres.
Otra cosa
son los bancos donde ellos – los “liberales” - tienen sus capitales. Aunque
están en quiebra - ésta no se declara legalmente porque se admiten como válidas
unas cuentas falseadas - los “liberales” no los refinancian con sus propios
recursos. ¿No era su política que el estado no interviniera en sus negocios?
Parece que ahora no; ahora refinancian sus negocios quebrados con dinero
público, “el mismo dinero que no llega para financiar la educación de los
ciudadanos”. ¿Y cómo va a llegar si el
desfalco que han cometido es de miles y miles de millones de euros y los bancos
son un pozo sin fondo?
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