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19 mar 2014

Infanticidios legales

Se cuenta que D. Sabino Arana, fundador del PNV, cuando algún maketo nacido en Galicia, Extremadura o alguna otra provincia no vasca le pedía limosna le decía "vaya a pedirle ayuda al cónsul de su país".
D. Sabino Arana era un católico practicante, algo bastante general entre los vascos, pero del grado máximo, el que vulgarmente se suele denominar meapilas. Al parecer su fraternidad católica - adjetivo que significa universal - estaba bloqueada por el nacionalismo que le aquejaba de modo radical.
Es sorprendente que este alarde de xenofobia tenga su re-edición en pleno siglo XXI en las declaraciones de un Diputado que, elegido por una circunscripción vasca, no por ello deja de ser menos representante de todos los españoles en el Congreso de los Diputados - ¿o él considera que nosotros no somos objeto de su representación?
El Sr. Olabrarría, Diputado miembro del PNV,  ha comentado que "de ser el Condado de Treviño parte de Alava, como piden sus habitantes, en lugar de serlo de Burgos, probablemente no estaríamos hablando hoy de esta desgracia".
Semejante miseria moral no admite la presentación de disculpas, que ni siquiera ha presentado el Diputado sino otro miembro de su partido. Semejante miseria moral sólo admite una continuación: la dimisión inmediata y la desaparición de la faz de la tierra. No quiero decir el suicidio, pero sí el esconderse en un sitio donde no le encuentre nadie.
Pero la miseria moral no es todo lo que hay lamentar en este infanticidio; hay que incluir también el presunto comportamiento incompetente del médico que atendió a la niña. Es posible que no tuviera fiebre en el momento en el que el médico la vio, pero la información sobre que llevaba varios días enferma y que por eso la llevaban al hospital pone de manifiesto que el médico que la atendió tampoco supo identificar la enfermedad que tenía, porque es más que dudoso que hubiera muerto de varicela. 
En esas condiciones internar a la niña en el hospital para mantenerla en observación es lo mínimo que haría una persona con sentido común - sus padres, por ejemplo - por lo cual sería exigible que a falta de suficiente profesionalidad el médico hubiera tenido sentido común.
Por otra parte, la disculpa que se nos ha dado de que quien atendió la llamada no supo advertir la gravedad de la demanda resulta igualmente intolerable. 
En primer lugar, revela que la selección del personal que atiende esas llamadas ha quedado desacreditada. Eso exigiría procederse a substituir a esa persona por otra que estuviera mejor seleccionada para que esta situación no pueda repetirse.
En segundo lugar, si hay una petición de envío de una ambulancia para llevar al hospital a una persona que el propio hospital ha devuelto hace unas horas a su casa, la persona que la solicita está en mejor condición de valorar esa urgencia que un auxiliar administrativo, incluso aunque sea un auxiliar sanitario, que no ve la realidad por mucho que se la cuenta.
En tercer lugar, ante esta realidad, que no es la primera vez que ocurre y desgraciadamente no será la última, tenemos la más absoluta seguridad - ¿o es una presunción temeraria? - de que la clase sanitaria cerrará filas - ¿no fueron todos la enfermera Ryan cuando se produjo otro infanticidio en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid? - en defensa de los responsables de todos estos errores en las decisiones que condujeron a este infanticidio.
El gobierno del PNV, en el que milita el Sr. Olabarría, es probable que abra un expediente para saber qué es lo que ha ocurrido y que concluya que es una pena que la niña haya muerto pero que todo lo que si hozo fue correcto. De esa presunta conclusión hay que concluir que la próxima vez que suceda algo parecido en ese hospital repetirán la misma actuación ¡porque ha sido "correcta".
Presuntamente la Fiscalía instruya también algún procedimiento y concluya, tras oír todas las declaraciones médicas que no hubo "denegación de asistencia médica" susceptible de ser considerada delictiva "por atropello de la lex artis" exigible a cualquier profesional.
Mi conclusión es doble: si la primera es que "esos diputados no nos representan", la segunda es que "queremos sanidad pública, pero no la que tenemos sino otra", otra que supere el mínimo de calidad a la que tenemos derecho. Al fin y al cabo si nosotros pagamos con dinero de buena calidad sus sueldos tenemos derecho para recibir una atención médica ¡al menos de la misma calidad que nuestros euros! Y nuestros euros tienen sus cien céntimos y ninguno es falso.

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