Interesante el artículo “El momento del Rey” de J. García Fernández, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (EL PAIS, 26.12.2017)
refiriéndose a su mensaje del 03.10.2017, que el autor califica de “relevante actuación” mencionando que “fue
considerado como una declaración de guerra por los independentistas, los
comunes y Podemos”. Otros más amables lo calificamos de “torpeza infinita” al perder la
oportunidad de adoptar un papel defensor de la libertad de expresión.
Sorprende la sorpresa que cita el
autor que “algún trabajo académico”,
adjetivo con el que no está claro si quiere desacreditar o enaltecer el
trabajo, “lamentase que el Rey no
hablara de los contusionados por las cargas policiales” porque ¿quién puede
no lamentarlas salvo los que piensan que todavía fueron “poco proporcionadas”.
Dice el autor que habría una “crisis política” si
el monarca “criticara implícitamente a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidas por el ministro del Interior”.
Si la monarquía descansa en la FCSE sin duda habría una crisis política, pero al no descansar en los ciudadanos apaleados lo que hay es una
crisis institucional. Los ciudadanos hemos comprendido hasta qué punto hemos
vuelto a ser súbditos de las FCSE a las que, según el autor, el rey debe
conceder barra libre sin crítica ni indirecta, en la “aplicación proporcionada de la violencia”, Zoido dixit; la que vio
todo el mundo, ¡nunca mejor dicho!
Reconoce el autor que “en las repúblicas no se pone en cuestión la
potestad de dirigir mensajes al Parlamento o a los ciudadanos, los mensajes
regios en las monarquías parlamentarias son vistos con cierto recelo”. Todo un hecho significativo. Exceptúa los “mensajes navideños- o en actos
protocolarios y siempre con el refrendo presunto del Gobierno” ¿acaso este
fue por libre?, la impresión era de que se lo había escrito el Presidente
del Gobierno.
Pero es revelador leer: “En
general, los mensajes regios, por tener los reyes una legitimación tradicional
y no democrática, sólo parecen justificados en situaciones políticas
excepcionales”; el único realmente justificado sería su dimisión para
recuperar la democracia. Al no seguir la tradición de sus antepasados podría presentarse a las elecciones a Jefe del Estado.
Incurre en un error el autor al decir “a
diferencia del discurso del rey Felipe, el del anterior Rey se produjo ex post
a la actuación que él mismo realizó para cortar el golpe de Estado” porque
aquí en octubre no hubo ningún golpe de Estado sino una tontería supina. Eso sí,
Juan Carlos I tardó muchas muchas horas de fijar su posición. Quizá como su bisabuelo quería saber si triunfaba o no. Cuando dio el Golpe Primo de Rivera como triunfo lo nombró Presidente. ¿Qué hubiera hecho Juan Carlos I? ¿Condenarlos? Quienes lo cortaron sin duda fueron los subsecretarios que ellos sí, evitaron
el vació de poder ejecutivo, ¡que nunca se produjo!, al asumir las
competencias de los Ministros y EL PAIS con su edición inmediata apenas una
hora después. ¡Sin dudas!
El encaje constitucional del actual
mensaje es claro:incumplió lo que dice el art. 56.1 “arbitra y modera el funcionamiento regular
de las instituciones” al respaldar “el ejercicio de violencia proporcional” de las FCSE contra los
ciudadanos que de modo pacífico querían depositar un papel en una urna, aunque legalmente no servía para nada Ellas se
alegraron, ellos no. El rey dejó claro que sabe de quien depende su
empleo. Él “no pretendía arbitrar entre
dos partes ni tampoco moderar el funcionamiento regular de las instituciones”;
actuó en defensa propia al oir el doble nombre de la “bicha”: República y Democracia.
Pero el encaje fue constitucional. El art. 1.2CE78 dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado” salvo el suyo. Procede de Franco; se lo dio a su papá cuando
juró cumplir y hacer cumplir las leyes fascistas y le nombró dictador
monárquico con el título de rey en el reino que se inventó. Si todo quedo “atado y bien atado” con la CE78 unos
catalanes no podían quitarle lo que no le habían dado.
Dice el
autor:“el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución
que el artículo 61.1 de la Constitución obliga a formular al Rey al ser
proclamado ante las Cortes”. Pero esas leyes fascistas de la que nace la CE78 sin solución de continuidad eran tan ilegales como las del Parlamento de Cataluña y más sangrientamente ilegítimas. La
financiación del Valle de Franco y la de su fundación las pagan los Presupuestos Generales del Estado: ”atado y bien atado”.
Cierto:“el
Rey intervino en condición de símbolo de la unidad del Estado, como proclama el
artículo 57.1 de la Constitución”; lo hizo como heredero de Franco y “desde un punto de vista teleológico el
discurso regio respondía a las previsiones constitucionales” es porque su
papa juró cumplir y hacer cumplir las leyes fascistas y la CE78 fue la primera
“ley fascista fundamental de la
dictadura monárquica” y su hijo la heredó.
Si “Eel discurso describía muy negativamente la situación en Cataluña” lo hizo apoyando al PP y a Rajoy, como con las FCSE; sabe que de ellos depende
su empleo. Rajoy prohibió lo que hasta esta CE78 permite: que se diga
la opinión en un referendum. Sin duda eso tranquilizó a los amigos de la
dictadura monárquica fascista a costa de disgustar a los democracia que quieren poder elegir ellos al Jefe del Estado, que es lo que caracteriza una dictadura.
Conviene leer el blog de Anasagasti que recoge
lo que le dijo Sabino Fernández Campos sobre lo que pasaba en la Zarzuela aquel
día porque a las grabaciones de muchas conversaciones que
les ha pasado lo mismo que al disco duro de Bárcenas.
Pero es verdad que “teleológicamente estaba justificado y su
contenido material, con el refrendo presunto del Gobierno, era lo propio de
quien simboliza la unidad del Estado y tiene que guardar y hacer guardar la
Constitución” con la que quedó “atada
y bien atada” la dictadura fascista con el dictador monárquico nombrado por
el dictador militar para sucederle.
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