Constitución y valores

Interesante el artículo “Constitución y valores” de Antonio Hernández-Gil, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (ABC, 03.12.2017). Recuerda el autor la aprobación de la CE78 otras fechas: 20.11.1975, muerte de Franco; 04.01. 1977, Ley para la Reforma Política; 15.06.1977, elecciones a las Cortes constituyentes; 31.10. 1978, aprobación de la Constitución por las Cortes, ratificada en referéndum el 06.12.1978.

Señala que en “brevísimo el lapso de tiempo ... se establecieron las bases jurídicas de la convivencia ... para acomodarse a las exigencias democráticas de las que habíamos quedado descolgados”.  Reconoce que “en esta ínsula política no había estructuras de poder público mínimamente homologables a las del entorno” y lamenta que “tampoco existía el caldo de cultivo de una reflexión sistemática sobre el modelo de Estado como hubo en los orígenes de la democracia americana o en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial”.

Tras un análisis amable de lo realizado en estos años añade desgrana todos los errores cometidos por una clase política demasiado dedicada a la corrupción sin límites. Más adelante añade: “el problema no está en la supuesta caducidad del pacto social del que surgió la Constitución de 1978, sino en que faltan raíces para renovar un acuerdo que haga germinar de nuevo la primavera en el árbol de la convivencia”. Se plantea luego que “se cuestiona la Constitución para modificarla no se sabe bien en qué sentido”.

Claro que se sabe el sentido: acabar con la dictadura borbónico fascista que se nos prometió como una transición a la democracia para lograr su plenitud en una “República Democrática de Trabajadores de todas las clases” como intentó la II República. Los corruptos herederos del franquismo que se opusieron a la CE78 son sus más acérrimos defensores; les ha permitido unos niveles de corrupción increíbles arruinando el trabajo de los pocos jueces que siguen empeñados en que aquí haya justicia, contra viento y marea, contra cambios de destino y contra las inicuas sentencias con las que algunos fueron expulsados de la carrera judicial.

Afirma el autor que “el Derecho, que ordena la convivencia, no sustituye la actuación de quienes hemos de dirigir el progreso hacia una sociedad más justa. ¿Para hacer qué, la Constitución reformada? ¿Hacia dónde queremos avanzar conjuntamente?”, y añade: “Y aquí aparece de nuevo la necesidad de mirar hacia dentro, hacia las raíces, para prestar más atención a los valores morales y sociales, respetar y hacer respetar el Derecho siempre, hasta para cambiarlo, y fortalecer el sentido de pertenencia a España, con cuantas pluralidades quepan en el seno de un mismo Estado soberano, que son muchas ... Aunque no existan recetas mágicas en esta encrucijada, hay dos principios esenciales: la educación en valores, especialmente aquellos que tienen que ver con el estatuto de los ciudadanos en un mundo cosmopolita, y el ejercicio inmoderado de la responsabilidad personal”.

“El primero necesita tiempo, programación y recursos”; pero ese fue justamente el que se perdió. El PP siguió la línea opuesta: erradicó del curriculum escolar la “educación para la ciudadanía” que hubiera educado en valores democráticos a quienes ahora tienen 21 años; en su lugar: potenció la religión como hiciera Franco y fomentó los colegios privados religiosos repitiendo lo ocurrido durante el bienio negro de la II República: arruinando la enseñanza pública.  Una religión que, como me enseñaron siendo niño, admite la corrupción. Al dividir lo robado por 47 millones de personas el cociente es  “peccata minuta” en términos económicos, pero en realidad lo que producen es un homicidio cuando no un asesinato indiscriminado de los más desfavorecidos: los parados, los dependientes, los que aunque tienen trabajo su salario no les permite llegar a fin de mes.

“El segundo, añade el autor, requiere sólo del compromiso de cada uno con esta sociedad quebrantada y es urgente ahora, como lo era en 1977”. La urgencia es que esa sociedad no se ha querido articular sino que se ha querido explotar algo que se consiguió sin oposición durante el período de vacas gordas pero que ahora sume en la miseria cuando llevan las vacas flacas hijas de la corrupción de las “vacas gordas”.

Concluye diciendo que “nos corresponde especialmente a los juristas integrar esas ideas y esos valores en una arquitectura institucional adecuada, la de esa nueva edad de los deberes a la que suelo referirme y que, sin duda, entre todos haremos amanecer con o sin reforma constitucional”. Sin duda pero para eso lo que tendrían que decir los juristas como él es denunciar que esta CE78 es ilegítima porque nació de la voluntad de un dictador militar y genocida irredento, que meses antes de morir todavía seguía firmando condenas a muerte. Que este reino es ilegítimo porque ningún dictador tiene legitimidad para inventarse reinos. Que este rey es ilegítimo aunque sólo fuera porque juró estar dispuesto a seguir atropellando nuestra liberad aplicándonos las leyes fascistas que nos privaran de ella durante 40 años. Que este rey no es democrático ni lo será jamás. Nunca fue votado por ningún español. Sólo se  nos permitió elegir entre dejarle cumplir su inicuo juramento o intentar impedirlo que lo cumpliera poner un poco de freno al atropello cambiando las leyes pero no tuvimos opción y tuvimos que tragarlo como inicuo árbitro. Lo que hizo lo sabe todo el mundo: un desastre.

Pero me temo que nada de eso será lo que propongan los juristas. Por eso, como siempre, la revolución, que puede ser pacífica, la tendremos que hacer los ciudadanos. Como la hicieron nuestros padres y abuelos y bisabuelos en 1914: en paz desde los Ayuntamientos.

Creado en: III república, libertad, política