Una plantilla de 175.000 efectivos entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Nacional y autonómica (Guardia Civil, Policía
Nacional Mossos d’Esquadra y Ertzaintza) para una población de 46 millones
significa 3,8 por mil habitantes, lo cual es una proporción más que
satisfactoria. La imagen que tiene España es que somos un país pacífico.
Esta imagen de país pacifico contrasta con el dato,
que resulta inexplicable, del puesto destacado que tenemos en la UE con 1.310
reclusos por millón de habitante tras Portugal (1.380) y el Reino unido (1.455).
Son frecuentes los comentarios sobre la excesiva dureza criminal de nuestro
código penal que conducen a este dato del 50 % superiores a la media de
Alemania-Francia-Italia - Alemania (780), Francia (950) e Italia (860) - que
son los países con los que nos comparamos. Pero es que más que doblamos a los
países nórdicos y casi triplicamos a Islandia (450), aunque estemos lejos de los
Estados Unidos (6.980), solo superado por las Seychelles (7.990) según datos de
2015 del institute for Criminal Policy Research.
Un asunto sobre el que faltan datos estadísticos son
los abusos policiales. El índice de muertos en intervenciones que sus
departamentos consideran justificados - lo que en España se llama violencia
proporcional - coloca a los EEUU en 2011 con 404. Esta cifra es unas 20 veces
superior a la de Canadá en término porcentuales, 42 a la de Alemania y supera
los 100 en comparación con los EEUU. No he logrado ninguna dato en España.
¿Qué pasa con los abusos policiales? A falta de datos
planteémonos una estimación inversa. ¿Qué grado de corrección del comportamiento
se puede estimar en cualquier colectivo? Si suponemos que la “corrección” fuera del 99
% en España habría 1.750 personas de las FCSE que abusan de los ciudadanos a
los que deberían proteger ¿Podemos poner la mano en el fuego de que el 99 % de
los agentes son correctos en su comportamiento? Yo no pondría la mía.
Estimemos la frecuencia anual en la comisión de
abusos ¿una o más veces al año? Sin duda es difícil que un agente abusón solo
abuse una vez al año de sus 200 días de trabajo. Si volvemos a aplicar el generoso
99 % de corrección nos encontramos con que abusaría 2 días/año que eleva los abusos
a 3.500 abusos al año, es decir, en números redondos a 10 abusos diarios.
Ahor bien, ¿a qué tipo de abusos nos referimos? Pueden
ir desde la simple molestia de pedir el DNI sin motivo, ¿discriminacion por
edad y color de la piel’ porque se aburren
a cieta violencias verbal o física sin causar de lesiones de las que no siempre
se dar parte o justificadas siempre por “haber sido agredido o insultado por
los ciudadanos”. Estos abusos suelen ir seguidos de detenciones ilegales que
implican pernocta sistemática en la comisaría.
Es una realidad indiscutible que todos los
detenidos por acusados de hacer “pintadas” en muros, locales comerciales,
autobuses o renes, etc., o altercados en la vía pública o desobediencia o falta
de respeto a la policía duermen en las comisarías pese a que no hay duda de que
se presentarán al día siguiente ante el juez, salvo los reincidentes de no
hacerlo, so pena de colocarse en situación de busca y captura pues se tiene su
dirección y filiación completa.
En esas condiciones la policía debería poner en
libertad al detenido acto seguido. El plazo de 72 h que establece como límite
el art. 17.2 CE78 es sistemáticamente incumplido. Dice el art. 520.1 LECr “La
detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos.” En ese caso no se puede mantener detenido al acusado de estos delitos
ni un segundo más. Sorprende que sistemáticamente no se presente una denuncia
por abuso de autoridad y secuestro contra los agentes que ordenan la pernocta
en comisaria violando la CE78.
Es evidente que este abuso supera los diez abusos
diarios estadísticos que, por tanto se refieren a abusos más delictivos: acusaciones
falsas, violencia física durante la detención y aun en las dependencias donde
se le detenga o encarcele se le torture, física o psíquicamente - el mero
secuestro ya es una tortura psícofísica - o incluso se le asesine o, al menos, se
cometa un homicidio doloso. En no pocos casos, tras la condena viene un indulto
del Gobierno con un mensaje claro de impunidad que llega al escándalo de reintegrarlo
a su puesto de trabajo donde cabe esperar que sea recibido por sus colegas con
más alborozo que rechazo.
¿Es esto un Estado de derecho? No lo es; nuestra inacción
nos convierte en cómplices.
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