Hace poco el TS confirmó que la Generalitat
Valenciana debía pagar los 19 millones de multa de la UE por manipular el
déficit. La sanción la impuso la Unión Europea (13.07.2015) y el TS rechazó la
impugnación del Consell al acuerdo del Consejo de Ministros (04.03.2016) que declaró
la responsabilidad exclusiva de la Comunitat por incumplir el derecho de la UE.
¿Qué hay de la responsabilidad in vigilando que
le correspondía al Ministerio de Economía y Hacienda? Su representante, Sr.
Montoro es miembro del CM. No es parte y juez en ese acuerdo? Según el TS son “incumplimientos y graves irregularidades
claras y contundentes” que no debieron pasarle desapercibidas. Declarar que
todo ocurrió ”sin que la actuación de
otras entidades e instituciones haya sido relevante en la manipulación de las
cuentas de la sanidad de la Generalitat Valenciana" parece una tomadura
de pelo más porque “era y es competencia única y exclusiva de
la Administración del Estado garantizar que los datos del déficit que se
comunicaron a Eurostat se ajustaban a las normas contables".
La Sala rechaza los
argumentos y, de acuerdo con el Constitucional, dice que la responsabilidad 'ad extra' de la administración del
Estado por incumplimientos de derecho comunitario no le impide "repercutir ad intra, sobre las
administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en
cada caso proceda". Estaríamos de
acuerdo porque el ciudadano sea el español o sólo el valenciano es la víctima
no el culpable si su sentencia llevará el caso a sus últimas consecuencias:
repercutirla en sus autores ¡pues se sabe quienes fueron! y también contra los
que resulten identificados al contestar a la pregunta que se hacían ya los
romanos cui prodest?: ¿quién se
benefició con esa trampa?
No es admisible que el
TS se escude en el informe de la Comisión que concluyó que la
Intervención General de la Generalitat Valenciana "se mostró gravemente negligente en lo que concierte a la ausencia de registro
de gastos en las cuentas nacionales". ¿Cómo no iba a ser negligente si fue su autora? Eso no atenúa la
responsabilidad in vigilando del Sr. Montoro y del Gobierno - menos dada la “coincidencia” entre el color
político de éste y la Generalitat a la hora de que aquel contralara a ésta - porque
el problema del gasto sanitario era "vox populi" en España desde hace
tiempo y hay documentado en informes y
datos públicos que impiden ignorar que los datos comunicados eran incorrectos.
La STS mira a otro
lado y dice que la Intervención General está integrada en
la Administración de la Generalitat Valenciana (Decreto 72/2005, de 08.04 del
Consell de la Generalitat Valenciana). El art. 2 del Reglamento dice que la
Intervención General "está adscrita
orgánicamente a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo", y
ejerce las funciones de control de todos los actos de la administración de la
Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, que den lugar al
reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de
los ingresos y pagos que de ellos se deriven.
Supongo
que si se pretende imputar al Consejero dirá que “el no recuerda nada, que no le consta nada y que creyó que lo que hacían
los funcionarios estaba bien hecho” con lo cual incluso habría que
sancionar a esos funcionarios por “haber
abusado de su buena fe”. Otro tanto diría el Presidente de la Generalitat,
que ´”él sólo se preocupa de asuntos políticos
de elevado nivel como son los de la gestión política identificando objetivos” como
dijo ya el Sr. Rajoy. Que de esos asuntos de dinero se encargan sus
escuderos, los Consejeros, que son sus Sancho Panza. Parece que hay precedentes
de que esa mentiras las aceptan los tribunales.
¿Cambiar
la CE78? Por supuesto. Y acto seguido el Código Penal ampliando a los partidos
Políticos y Sindicatos las responsabilidades que tienen los empresarios con sus
empleados y candidatos que vayan en sus listas. Sólo así se podrá empezar a
acabar con todos estos latrocinios que, ¿le sorprende a Vd.?, son legales y por
eso los pagamos Vd. y yo.
¿Para cuándo
la legitimidad va a tener su reflejo en la legalidad y dejará ésta de ser la
patente de corso para todos estos bucaneros que nos roban con tanta
desfachatez?
Para
cuando la mayoría de los Diputados del Congreso sea decente.
O sea, que
aún falta mucho tiempo.
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