En varios países europeos la barbarie nazi y fascista
estuvo “legalizada” bajo distintas fórmulas: en Italia surgió bajo una “dictadura monárquica” con Mussolini; en
Alemania como “dictadura republicana (?)”
con Hitler; en España fue una “dictadura
militar” con Franco.
Muchos
funcionarios tramitaban a diario órdenes criminales; en apariencia ninguna les
implicaba como autores de las iniquidades que tramitaban aunque todas les implican
como coautores o cómplices en los delitos cometidos con la legislación vigente
en la actual dictadura monárquica española.
Quienes tramitaron la orden de
envío a Matthausen de convoyes llenos de judíos “legalmente condenados” por ser "judíos" o a Cuelgamuros a personas“legalmente
condenados” por ser demócratas" “cooperaron a la ejecución” de los delitos allí cometidos “con un acto”, tramitar el expediente, “sin el cual no se habría efectuado”
o al menos son cómplices porque “cooperan a la
ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”, no hicieron otra cosa que “cumplir con el protocolo administrativo”.
¿Qué pasaría hoy? Me temo que lo mismo: No en vano vivimos
bajo la dictadura monárquica continuadora de la dictadura militar de la cual
NUNCA le separó ninguna solución de continuidad. Por el contrario hay un
ostentoso juramento del heredero, Juan
Carlos I de Franco, ante Dios de aceptar la herencia pues de ahí procede su “ilegitimidad”. Se declaró
dispuesto a seguir atropellando los derechos de los ciudadanos con las leyes
fascistas del dictador y genocida tras alabar sin recato la herencia recibida
que chorreaba roja sangre y volvía amarillos de vergüenza los rostros de quienes
todavía tenemos capacidad de sentirla. Dice el art. 9.1 CE78: Los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Pero
analicemos los requisitos que se exigen para apreciar una eximente (art. 19. 4.º CP): “El que obre en defensa de la persona
o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa
de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que
constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida
inminentes. Si un funcionario no tramitara el procedimiento sufriría una agresión que seria ilegitima pero legal. Las leyes de las dictaduras legitiman todos los abusos desde perder su empleo por negarse a hacer el trabajo hasta ser acusado de algún “delito imaginativo”. Franco y los demás rebeldes al gobierno legalmente constituido acusaron de "rebeldes" a quienes le fueron leales.
Segundo: Necesidad
racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Lo irracional de la dictadura convierte la negativa a la “tramitación” de un expediente irracional en irracional porque el funcionario sería víctima de la previsible agresión "legítima" de que sería objeto.
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. El funcionario que tramite ese expediente no ha
provocado en modo alguno al estado fascista o nazi.
También cabe aplicar otras
dos eximentes:
6.ª: El que obre impulsado por miedo insuperable, porque la esencia de
toda dictadura es que los ciudadanos que la sufren vivan atenazados por el
miedo a la impunidad de todo atropello que proceda del aparato del Estado
¡sobre todo si está contratado como personal laboral, porque si su contrato es
funcionarial esté protegido del “atropello legalizado”, una institución
jurídica frecuente en todas la dictaduras, consistente en el ¡despido
improcedente”,
7.ª El que obre en cumplimiento de un deber o en el
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, pues su situación de funcionario le obliga a ese trámite aunque con la
salvaguardia del art. 9.1 CE78 está libre de esa obligación, pero sólo si su
contrato es de naturaleza funcionarial.
Todos los funcionarios, ¡no
digamos los contratados laborales!, que han denunciado los números casos de
corrupción coincidentemente individualizados, del PP a los que se añade el
institucional del PP, que está siendo investigado por ello, merecen la máxima
distinción civil.
Naturalmente, NUNCA la recibirán
del gobierno soportado por el PP, el primer partido en la Historia de España investigado
por corrupción institucional y por miles de corrupciones individuales de sus
miembros. Cuando haya otro gobierno se le debería reconocer su mérito; pero los hubo y no hicieron nada.
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