Verdad real; verdad judicial

Leo el artículo del Catedrático Prof. Otero Lastres, “LA ANIQUILACIÓN DEL HONOR POR DOS PODERES DEL ESTADO” (04.03.2017) Es un título desconcertante; se refiere al poder judicial, que lo es del estado pero también a un “cuarto poder”, los medios de comunicación,  que no son un poder del estado sino de los ciudadanos lectores, de los anunciantes y de sus accionistas.

Aclarado la falsedad del título, que se reitera en el texto del artículo, ¿de verdad el poder judicial está “triturando el derecho fundamental al honor de algunos ciudadanos”?

El texto describe una hipotética actuación de un político que denuncia a otro para que lo investiguen de aparentes delitos para desembarazarse de otro a la que se suman “combinadamente el poder judicial y la prensa”. Combinadamente es una palabra no sinónima de coincidentemente. “Combinadamente” es una “acusación de dolo intencional premeditado” de un poder del Estado, el poder judicial, 

Desconfiar de la justicia es algo que no distingue al autor de muchos otros ciudadanos, pero es curioso que un artículo preocupado por la defensa del honor acuse de modo tan genérico al sistema judicial de comisión de delito. Pero al hacerlo precisa la politización al afirmar que “presenta una querella ante un juzgado de instrucción, a poder ser de un juez con ideología política afín, que suele admitirla a trámite”. Se trata de una directa acusación de incumplir las normas para distribuir las querellas por parte del Juez Decano para que no toque el juez que toque sino el “corrupto”.

Afirma el autor que estos casos “son mucho más frecuentes de lo que parece” cuando se trata de “un político de cierta relevancia”. Mi impresión es distinta: he contemplado muchos casos es que si se trata de políticos de cierta relevancia no es infrecuente que “algunos jueces sean expulsados de la carrera judicial”, que “algunos fiscales sean relevados de sus cargos”, o que las querellas “se sobresean una y otra vez” y sólo algunas se acepten tras muchos intentos.

¿Qué hacen las víctimas inocentes si al final se demuestra su inocencia que no presentan una querella por falsa imputación? Para esos casos es cuando se necesita la solidaridad de los partidos en los que militan, pero ahí no actúa ningún partido. Si se acreditara la actuación delictiva de los querellantes y fueran condenados ello contribuiría a disminuir ese tipo de delitos. Pero ningún partido denuncia al que desacredito a uno de sus miembros, ello obliga a preguntarse ¿por qué?

La actuación de  los partidos cuyos miembros son acusados de corruptos es una y otra vez siempre la misma. Siempre sigue el mismo patrón: 1.- protegen a los corruptos; 2.- declaran por todos los puntos cardinales la calidad humana, la honradez, la categoría personal, etc., etc., de la pobre víctima a la que se utiliza no para hundirle a él sino para desacreditar al partido en el que milita; 3.- le ayudan a destruir las pruebas, los discos duros y los blandos; también los documentos; 4.- eso sí, cuando la evidencia es incontestable se desembarazan de ellos  y 5.- empiezan a indignarse por haber sido víctimas, no colaboradores ni beneficiarios de esos delitos de corrupción; son pobres inocentes víctimas de su buena fe por no haberse dado cuenta de la corrupción hecha ante sus narices.

A todo ello se añaden mil declaraciones de colaboración con la justicia a los cuatro, a los ocho o a los dieciséis vientos pero, es una coincidencia o es algo más el que 1.- los que los nombraron para altos cargos no tienen nada que declarar en su contra; “nunca vieron nada”; 2.- los que trabajaron codo con codo con ellos no tienen nada que declarar contra ellos “nunca oyeron nada”; 3.- todos se portan como “infantes” en sentido etimológico: “infante es el que no sabe hablar”.

Siento solidaridad con los inocentes; pero sólo con los verdaderos inocentes. No con los que sólo son declarados no culpables; menos con los que no son declarados culpables porque sus delitos han prescrito; mucho menos con aquellos cuyas pruebas acreditan la comisión del delito “pero son legalmente inválidas”.

Yo no soy juez; yo no estoy obligado a rechazar una prueba “legalmente inválida”; yo soy un ciudadano y para mis juicios sociales la prueba legalmente inválida es “socialmente válida”; es una prueba real, aunque sin valor judicial, que acredita que se cometió el delito. Mi juicio no es legal sino social; los condeno como ciudadano por seer unos indecentes sociales. Somos un país garantista y estoy a favor; por eso mismo reivindico el derecho a la condena social allí donde la jurídica no tiene espacio de actuación. La verdad es la verdad, la verdad judicial no siempre es la verdad. 

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