La Unión Europea acaba de
sancionar a España por haber falseado las cuentas. El Gobierno dice que él no
piensa pagarla porque el falseamiento no lo ha hecho el Gobierno sino la
Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana dicen que el multado ha sido el
Reino de España y que por tanto lo tiene que pagar el Gobierno de España.
El
razonamiento parece lógico pero de seguirlo hasta sus últimas consecuencias si la trampa
la hizo el Reino de España tendría que pagarlo el Rey de España. ¿Por qué
nosotros que sólo somos súbditos si él es el “soberano”? Bromas aparte, ¿Vd.
cree que es una broma?, quien debe pagar es quien la hizo.
La trampa
no la hacen las instituciones sino las personas que se aprovechan de que están
dirigiendo esas instituciones; unas personas a las que los demás, Vd. y yo, les
pagábamos un sueldo para que gestionaran bien la institución, no para que hicieran
trampas, no para que nombraran a corruptos; no para que no vieran sus
corrupciones ¡porque confiaban en ellos!; ¿o es que todavía vamos a tener que
compadecerlos por el “disgusto que se han llevado” al haber sido víctimas de un
abuso de “su buena fe”?
Va siendo
hora de que aunque las instituciones y las empresas sean responsables civiles
subsidiarios, esas empresas e instituciones repitan la exigencia de pago al
autor del fraude, del engaño, ¡como exige la ley!; de lo contrario la situación
es la de una “patente de corso para delinquir” porque al final pagamos las
mismas víctimas del delito o falta cometido como ha pasado con el rescate a los
bancos.
La persona política
autora del fraude, los asesores corruptos que lo llevaron a cabo y, en su caso,
los funcionarios que teniendo la obligación de oponerse a ello colaboraron
activa o pasivamente permitiendo que se llevara a cabo sin oponerse o sin denunciarlo
ante la autoridad competente - eso está tipificado como un delito de co-autoria
- deberán ser los últimos paganos con su
propio patrimonio. Sólo en lo que por exceder su patrimonio no puedan
pagar lo pagarán la institución pero
repercutirá sobre ellos como deuda lo que la ley permite imponer sobre su
salario.
Cuando
esto, que es lo que marca la ley, empezara a ser realidad la corrupción
empezaría a disminuir hasta casi desaparecer.
Para eso sólo es necesario:
1.- que cada vez haya más jueces que no admitan
las auto-confesiones de las esposas reconociendo que son tontas - lo cual es
una actitud sexista - y que no se enteran de todo lo que está pasando a su
alrededor en su casa porque viven rendidas de amor al seductor marido con el
que se han casado en el cual confían tan plenamente que firman todos los
papeles que les pongan a la firma.
2.- que cada vez haya más
jueces que no admitan las auto-confesiones de las secretarias y demás
trabajadoras de una empresa que reconocen también que son tontas - lo cual es
una actitud sexista - y que no se enteran de cuál es la naturaleza de su
trabajo, es decir, que no saben si están trabajando para un proxeneta, para un
traficante de droga o de armas,
3.- que cada vez haya más
jueces que no admitan las exculpaciones del personal sanitario que cuando muere
una persona por un error médico dicen que ellos lo que han hecho ha sido
aplicar el protocolo en lugar de decir que el protocolo está mal hecho y que
ellos no saben pensar y que, si hay que pagar algo por el error que lo pague la
seguridad social, donde estamos todas sus víctimas, y no ellos.
4.- Que cada vez haya más
jueces que no admitan las exculpaciones del personal de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que digan que ellos lo que hacen es cumplir las órdenes
y que si les mandan aporrear aporrean en lugar de cumplir con el art. 9 CE78 y
de rechazar la “obediencia debida” como se hacía bajo la dictadura militar y
que hoy prohíbe la ley.
5.- Que cada vez haya más
jueces que no admitan las disculpas de las autoridades, porque tampoco se las
admiten a los ciudadanos que no lo son, de que si han cometido un delito de
tráfico ha sido porque eran sexagenarias y débiles mujeres - de nuevo una
actitud sexista - aunque sean unas políticas poderosas
Cada vez aparecen
más jueces “que tampoco son tontos, ni sexistas”; que no aplican el protocolo y piensan; que “no ejercen la obediencia debida al poder ejecutivo” propio de la dictadura
militar, como esa interina que se negó a ser cómplice en la corrupción y ha
sido despedida o esos otros quizá menos heroicos pero igualmente valiosos que
han filtrado documentos que pasaron por sus manos. ¿A qué esperamos para crear un movimiento ciudadano que defienda su integridad?
Eso nos
lleva a la conclusión que gracias a los funcionarios que conocen y ejercen sus
derechos incluso aunque sufran represalias Algunos dicen que es un delito filtrar
documentos públicos pero no es cierto; eran documentos privados donde constaban
delitos. Por definición un documento público no puede constar un delito porque
los delitos son los ajeno que cabe concebir como parte de la función pública;
es un documento privado escrito en papeles con membrete público, ¡que eso es
otra cosa!
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