Interesante el artículo “¡Aún hay jueces!” de A. Villagómez Cebrián, magistrado (EL MUNDO,
09.02.2018).
Cita el autor la leyenda del pleito entre Federico
II de Prusia y un molinero cuyo molino afeaba sus vistas. No aceptó su oferta
yu le amenazó con expropiarle por decreto. El molinero le retó “todavía hay
jueces en Berlin” le dijo. Cuando le dieron la razón Federico dijo “Me alegra
comprobar que todavía hay jueces en Berlín”.
Con error de concepto dice el autor “esta historia nos sirve aún para explicar ese
milagro del control del poder político por los jueces”; los jueces lo que
controla es el respeto de la ley frente a los que la vulneran, sean políticos o
pederastas. También se equivoca cuando afirma que es “un milagro que tiene lugar todos los días en nuestros juzgados y
tribunales, como expresión constitucional de la institucionalización en manos
de unos órganos estructuralmente independientes de la potestad para sancionar
aquellos actos y comportamientos que no se pueden tolerar en una democracia avanzada”
porque esto no es una democracia avanzada sino una dictadura monárquica que
juró respetar y hacer respetar las leyes fascistas creadas por el dictador
militar fascista que inventó este reino y designó al rey fascista que le hizo
ese juramento poniendo a Dios por testigo.
Los ciudadanos no creen que haya tantos
milagros, aunque sí alguno. Como el molinero creemos que “todavía hay jueces en Estrasburgo”, que revocan las sentencias
del TS y del TC. Y dada la rápida prescripción de los delitos que cometen los
políticos y los capitalistas tampoco es cierto que “difícilmente el político afectado por una actuación judicial va a poder
esquivar esa duda que se proyectará, ya sin remedio, tanto sobre los
antecedentes de una conducta sometida al escrutinio judicial como sobre las
consecuencias finales de sus acciones u omisiones”.
La percepción de la impunidad que tiene el
ciudadano tiene base experimental aunque recientemente “los casos Gürtel, Bárcenas o Lezo sustanciados en los Juzgados
centrales de instrucción y en la Sala penal de la Audiencia Nacional”
parecen indicar lo contrario habrá que esperar al TS y al TC. Y el hecho de que
“algún rescoldo de estos casos ha
llegado hasta el presidente del Gobierno”, los rescoldos no son más que
rescoldos. En una democracia ningún Presidente del Gobierno seguiría siéndolo
con esos rescoldos.
Pero sin duda es cierto que “nos encontramos ante un renovado papel de
la jurisdicción en España, precisamente por la irrupción en el campo judicial
de los conflictos relacionados con este maldito cáncer de la corrupción”. Es
cierto que “el actual presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se
refirió a nuestro Código Penal como un texto pensado para castigar a
“robagallinas” pero también lo es que no se ha modificado para sancionar a
los políticos corruptos ni a los partidos corruptos ni a los que hacen
amnistías fiscales fraudulentas ni se ha ampliado el plazo de prescripción para
que sus delitos no queden impunes.
Con razón se queja el autor de que hay que “agilizar, dotar de mayor rapidez y
eficacia, la respuesta judicial con prioridad a un aumento o innovación de las
penas y las sanciones. No es cuestión de más medios -que también- sino de
utilizar mejor los existentes fomentado la máxima especialización”, pero el
gobierno hace lo contrario. Dice el autor “los
problemas se agudizan porque se trata de delitos muy complejos y con gran
dispersión de responsabilidades que no encuentran una respuesta adecuada en
nuestras leyes procesales que eternizan las investigaciones y estrangulan los
procesos” pero el gobierno lo que ha hecho es limitar el tiempo para realizarlas
lo que conduce a una insuficiente fundamentación que facilita la insuficiencia
de pruebas, es decir, la impunidad.
De ahí
la queja del magistrado que propone distintas modificaciones que es increíble
que este gobierno llegue a poner nunca en práctica tales como “que se puedan ir enjuiciando los distintos
hechos delictivos por separado, dictándose sentencia según se vaya juzgando
cada caso, para que el proceso gane en mucha más rapidez” o “una expansión del ámbito de intervención de
los tribunales de justicia” o una “extensión
del control por los jueces que, en estos casos en los que el justiciable ocupa
una legítima posición de poder, ganada incluso en unas elecciones”.
Se queja el autor de que hay que “convivir con el cierre de filas por parte
del entorno de influencias del político, con la incomprensión generalizada, y,
en algunos casos, con la hostil oposición a la actuación judicial”. Considera
que ese comportamiento es “una tentación
suicida -que quizá por eso mismo- se ha ido corrigiendo en estos últimos años”
pero demuestra una gran ingenuidad al añadir que “incluso con la aparición de códigos internos de los partidos que
indican el momento procesal en que ha de renunciar al cargo el miembro del
partido que se vea judicialmente implicado” porque eso sólo es una cortina
de humo para ocultar la decidida complicidad cuando no coautorìa de todos los
implicados en el partido ¡que son demasiados!
Es más que dudos la hipótesis del autor :“quizá nuestros políticos hayan comprendido
de una vez la tensión inevitable entre la búsqueda de la verdad judicial y el
principio de asunción de responsabilidades políticas”, las declaraciones
del Presidente del Gobierno “Luis, se
fuerte” y “hacemos todo lo que
podemos”, promesa importante porque un Presidente del Gobierno puede mucho
y ello invita a desconfiar del cumplimiento de su obligación de colaborar con
la justicia de quien ni se entera lo que hacen con los discos duros de “Luis”.
Es dramático que todo un magistrado reconozca
que “la posición por defecto de un
político es la mentira” y ojalá acierte cuando afirma que “la del juez de instrucción es buscar la
verdad, caiga quien caiga”, las sentencias sobre la doctrina Parot, y en
las cláusulas suelo revocadas por el TJUE no son la mejor garantía de acierto.
Pero sí lo son entre los jóvenes jueces y magistrados las sentencias sobre las
estafas del fraude de acciones preferentes y subordinadas de Bankia y otros colegas
y sus sentencias sobre la estafa del IRPH aunque el TS haya ya dictado una sentencia
favorable a los bancos. Eso permite presumir que habrá que volver a confiar en
que “haya jueces en Estrasburgo” como el viejo molinero y el TJUE revoque esas
sentencias.
Esperanzada es su última frase: “recordando a Nicolás Gómez Dávila, ese
Nietzsche colombiano, mientras que hay 1.000 verdades, el error sólo es uno”.
Es cierto; pero hay errores que son descomunales y esos no suelen producirse en
las sentencias contra los “robagallinas”
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