Interesante
el artículo “Anomia catalana” de S.
Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo y académico de número de
la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
(LA VANGUARDIA, 10.02.2018)
Recuerda el
autor que “los juristas llamamos anomia
a la ausencia de ley. Los médicos denominan de esta manera a un trastorno del
lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre. Los psicólogos y
sociólogos consideran que anomia es el conjunto de situaciones que derivan de
la carencia de normas sociales o de su degradación” para concluir que “la anomia catalana se compone de todos
estos ingredientes”, conclusión que comparto menos.
Sin duda el
primer síntoma de la incomunicación es el “neolenguaje”,
esto ya es parte de la literatura, pero también de la política. Franco llamaba “procuradores” a los que no quería llamar
“diputados”, “productores” a los que no quería llamar “trabajadores”, “contraste de
pareceres” a lo que era “rechazo a
la dictadura”, y en fin “democracia
orgánica” a lo que era una “dictadura
militar fascista”, la que engendró la actual monárquica, “rebeldes y sediciosos” a los “defensores de la legalidad” a los que
asesinó “legalmente”, etc. De aquellos polvos vienen esos lodos.
Que eso
ocurra también en la vía judicial es mucho más preocupante a que sólo lo hagan
los políticos cuando hablan de “soberanía,
democracia, derecho a decidir, libertad, golpe de Estado, justicia, ley,
constitución u otras”, como reprocha el autor. Es grave que los políticos les
atribuya “un significado que no tienen”
- la tontería de la “portavoza” se
encuadra en ese ámbito - pero es mucho más grave que un magistrado vea un “delito inexistente”.
Dice el
autor que “la palabra democracia no
significa que una parte del pueblo pueda derribar la Constitución del Estado en
que está integrado”. Se olvida de decir que es dictadura y no democracia
todo régimen que prohíbe elegir al Jefe del Estado. Las hay con muchas sedas:
civiles, militares, teocráticas, monárquicas, etc., pero siguen siendo
dictaduras o dictablandas.
Incurre en anomia
al definir ”golpe de Estado” como el
intento de “apoderarse de las
instituciones al margen de cualquier procedimiento legal, aunque no medie
violencia, no quien aplica previsiones legales o constitucionales”. Debía
aceptar la definición de la RAE ¡lo hacemos todos!: “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o
rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de
los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”.
El gobierno tampoco respeta esta definición y la judicatura comete un fraude al
encarcelar a algunos políticos disidentes. Franco acuso de “sediciosos y rebeldes” y luego los asesinó,
a los que defendieron la ley y la democracia. Ahora no pueden hacerlo, la pena
de muerte es ilegal. Quizá se les pasó que se podría recuperar declarando el
estado de guerra o quizá solo se atrevieron a mal aplicar el 155.
Tras esta
alteración de la definición dice: “de
esta clase de anomia se pasa con facilidad a la otra que consiste en la falta
de normas sociales o su degradación” y afirma que “el discurso del odio ha hecho acto de presencia y unos ciudadanos
reprueban a otros sólo por su manera de pensar, los intimidan, señalan o
insultan”. Falta a la verdad al decir “una
minoría se cree con poder soberano suficiente para decidir el futuro de
Catalunya en su conjunto y, por conexión, de España”; son mayoría en
Cataluña y, además, no han decidido ningún futuro; han propuesto el futuro que
quieren - aunque basado en una consulta ilegitimada en su forma y en su
ejecución, aunque defectos ajenos a su voluntad - un futuro que tendrían que negociar
con el gobierno de España a través del diálogo; un diálogo al que éste lleva
años negándose.
Además, en las últimas elecciones han revalidado
su mayoría; en ella la defensa de la opinión de “los demás” no ocurrió “en un
ambiente enrarecido” sino en unas elecciones pacíficas. El autor dice que “según las crónicas, se ha apoderado, como
el humo de un incendio, de las familias, las empresas y las instituciones” pero
eso depende del cronista que elija. Tras ello el autor denuncia “todo es muy preocupante, pero me parece que
lo es en grado sumo la ausencia de leyes. No hay leyes en Catalunya para responder
a sus principales problemas”. Podría pensarse que se refiere a la ilegal
aplicación del art. 155 CE 78, pero no; ésta no la ve.
“Lo diré mejor, añade, si las hay se
incumplen o se inventan otras alternativas de manera súbita”. Son
innegables las ilegalidades cometidas y “la
poco meditada afirmación de que los tiempos de la autonomía pertenecen ya a la
historia” pero no “el total
desafecto por la Constitución y el Estatut” se ha revalidado el afecto. Sí
pertenece a la historia lo anterior a las últimas elecciones convocadas, realizadas,
controladas y validadas por el Gobierno al abrigo del 155, donde la debacle de
su partido hace ostentoso, es la segunda vez, el rechazo a su política.
La idea del
“doble gobierno: uno de la república
catalana en el exilio y otro integrado en el Estado del Reino de España en el
interior” es el fruto del “árbol envenenado”
regado con la aplicación ilegal del art. 155CE78 a la que se
suma el hallazgo jurídico de delitos inexistentes. El lamento del autor “¡ay, querida Catalunya, sometida ahora al
pitorreo de tantos pueblos que te admiran “es más válido referido a España
a la que su gobierno ha convertido en un circo.
Desborda de
apocalipsis la afirmación de que “esta
actitud política del soberanismo equivale, desde luego, a la ausencia de ley,
porque las que se aprueban son efímeras, ocasionales, caprichosas,
improcedentes o nulas, y generan tanta inseguridad que nadie puede programar
con certeza su futuro personal, familiar o empresarial”. La realidad es
otra. “Los éxodos y autodestierros de
estos últimos meses” los ampara la UE cuya ley protege la libertad frente a
las opiniones del poder judicial español revocadas varias veces por el TJUE.
Dice el
autor “quiero dejar enunciada la
conclusión: Catalunya, o los dirigentes políticos responsables de las tres
clases de anomia que padece, tienen que poner en tratamiento urgente esas
conductas” ¿por qué se refiere a Cataluña y no a España? Vivimos en la
anomia nacida de disfrazar una dictadura militar fascista con una dictadura
monárquica fascista; la que heredó el papá del actual dictador monárquico. Él
juro que nos seguiría privando de la libertad cumpliendo y haciendo cumplir las
leyes fascistas con las que tras un golpe de Estado - tal como lo define la RAE
- al que siguió una guerra, se nos robó el régimen democrático tras la huida de
su último dictador monárquico Alfonso XIII. Un dictador que, no se olvide, se
negó a presentarse ante el poder judicial español acusado de traidor. La
sentencia se produjo en rebeldía protegido por el régimen fascista de
Mussolini.
El gobierno
de esa España - tras su vestidura de seda se ve la mona - se ha negado a “dialogar y negociar” año tras año cuando
se pedía un “referéndum no vinculante”;
¿qué es lo ininteligible?; al negar lo que era legal creó “la tensión social inducida” que sufrimos ahora.
Pide el
autor que “se reponga la lealtad a las
leyes”. Las leyes habrá que cumplirlas, pero si son inaceptables se cambian.
Además “la responsabilidad de avanzar en
la resolución de la anomia es de los gobernantes catalanes” es un endose de
toda la culpa a quien sólo tiene parte. Desde hace muchos años se pueden “culpar con más razón al Gobierno del Estado”,
no “de su insoportable indolencia”
sino de su rechazo al diálogo y de su afición al “palo y tente tieso”. Es su forma de hacer política con la ley
mordaza aplicada a todo el país.
“La continua apelación al pacto es uno de
los reflejos más eminentes del amor por la propia historia, tan característico
del carácter catalán. El pactismo fue, en efecto, un instrumento esencial de
gobierno de la monarquía aragonesa” y tiene razón. Fernando II de Aragón es
el paradigma del pacto dentro y fuera de todos los territorios del reino de
Aragón. Todo se estropeó con los Borbones.
Matiza el
autor una cita de Vicens Vives: “la
reducción acelerada del pactismo está inevitablemente relacionada con la
emergencia del constitucionalismo y la aparición de la ley general como
instrumento principal de gobierno”, pero eso exige que la ley general se
haya votado en condiciones de libertad y de respeto a la democracia.
Eso no
ocurrió en 1978; fue una salida, quizá la única pacífica posible del régimen
fascista heredado y jurado por el papá del actual dictador monárquico cuya
herencia dictatorial ha recibido hecho bajo aquel ruido de sables. Es hora de
tener una constitución democrática. Se ha perdido mucho tiempo y la oportunidad
cuando abdicó el heredero de Franco
Debe desaparecer
esta antinomia que el autor no ve: el fraude constitucional que es la CE78
exigiendo, paradójicamente, que se cumpla el art. 1.2CE78: “la soberanía reside en el pueblo español de
donde emanan todos los poderes del Estado” para que el pueblo soberano
pueda elegir periódicamente al Jefe del Estado que es lo propio de las
democracias y por eso se prohíbe en España; para que se cumpla el art. 14 CE78
que prohíbe la discriminación por razón de “nacimiento o cualquier otra condición personal o social” y no se
hereden los cargos políticos - la Jefatura del Estado - una práctica corrupta recuperada
por el último dictador militar fascista y jurada por los borbones ¡encantados
de la vida con este regalo antidemocrático!
Sólo a partir de ese momento, cuando ya no esté podrido
el árbol constitucional, “el pacto puede
ser ratificado por las leyes y las leyes pueden modificarse a consecuencia de
acuerdos, pero no pueden ser violadas. No tienen eficacia los pactos contra legem, hasta que la ley los acoge.”
Antes hay
que acabar con la anomia de la CE78;
es incoherente consigo misma.
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