D. José Luis
Requero publicó el 22.08.2014 en La Razón un artículo sobre la endémica judicialización
de la política. La atribuye a la incapacidad de las instituciones civiles por
llegar a acuerdos que, por tanto, desembocan en decisiones judiciales. Señala
que ello abarca la política, la vida pública y hasta la liga de futbol en
Segunda. Recuerda que las dos últimas legislaturas socialistas acabaron
judicializadas y que la presente Legislatura lleva el mismo camino tras la
lluvia de normas que presidieron su inicio y no acaba de escampar. Y todo ello
sin olvidar la cita en el Tribunal Constitucional sobre el referéndum catalán
que sin duda describe la talla delos políticos que tenemos. Otro tanto ha
pasado, sigue citando, con la reciente reforma laboral y la reforma del régimen
local que endosa a las comunidades autónomas competencias municipales o la
polémica pretensión de una confusa elección directa de los alcaldes que no es
tal, en mi opinión, sino una burla al derecho al pacto de los representantes –
que son eso y no correos – de los ciudadanos.
Pero sin duda, como
dice el Sr. Requero, el paradigma de la judicialización de la política se centra
en la corrupción. Dice el autor, y estamos de acuerdo con él que “la justicia forma
parte del sistema político y constitucional -y menos mal que es así- que los
conflictos se ventilen ante los tribunales; pero lo que no es normal es que,
por sistema, todo confluya hacia los tribunales”.
Pero, y ésa es ya nuestra
opinión, eso ocurre porque los partidos mayoritarios quieren que sea así. Eso
les da un tiempo de espera – el del iter judicial – para la impunidad de los
delitos de corrupción. Con eso logran su objetivo que el ciudadano la considere
sinónimo de política.
Todos los partidos
corruptos practican el sistemático descrédito de los funcionarios porque en su inmensa
mayoría son la última oportunidad de protección de los derechos del ciudadano.
Practican la “corrupción legalizada” de pagar a “sus asesores de confianza” con
recursos de los PGE destinados a otros fines: ¿no es ésa la tarea de los
funcionarios? Esos partidos políticos corruptos meten mano en los PGE
repartiendo así canonjías a incompetentes para asesorar en nada con ostentoso
nepotismo. Los dos partidos mayoritarios son los responsables, pero hay muchos
minoritarios que porque “tocan poder” los apoyan para poder ejercer la
corrupción.
El descrédito hacia
los funcionarios judiciales consiste en acusarlos de politizados cuando sus
sentencias recaen sobre sus afiliados corruptos. Es parte del descrédito al
funcionario leal al que así se desacredita para proteger al corrupto condenado.
En nuestra opinión
la colaboración legalmente obligatoria de los partidos con el poder judicial- quizá
bastaría con que no la obstaculizaran - permitiría acabar con este “espectáculo
delictivo añadido al de la corrupción”. Pero el Gobierno a través del Fiscal
General al no promover una causa general contra todos los bancos por el asunto
de las preferentes y subordinadas facilita que algunos jueces “no vean delito
en esta estafa” que el fiscal no ve “por orden de arriba”.
¿Tendrá una vez más
que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a enmendar la plana a estos jueces
ciegos, sordos y en vez de mudos, errados? Su desprestigio se lo ganan solos
con sentencias donde declaran que las familias sin hijos no son familias con
derechos constitucionales porque una ley se los niega facilitando el atropello
diario del desahucio.
No analiza el autor
el caso del Tribunal Constitucional porque no es parte del Poder Judicial y
porque su entera extracción política. Dice que requiere una consideración
aparte por esa carga añadida que le exige una permanente demostración de
independencia y de imparcialidad en sus sentencias, algunas correctas y otras no.
Pero yo veo un hecho
objetivo: que cada vez haya más que corrige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
les desmerece profesionalmente.
En mi opinión ya
todos los ciudadanos somos conscientes de la presión política vía mediática sobre
los jueces y del torticero uso de las reglas
procesales para entorpecer el curso judicial y empantanarlo – privando de los
recurso que lo hubieran agilizado - para luego decir que la sentencia se
refiere a hechos pretéritos cuando los actuales son iguales. Pero el descaro de
los principales partidos políticos alcanza cotas insuperables.
Por eso somos
cientos de miles, quizá millones, los ciudadanos que exigimos eficacia, lo que implica
también rapidez. Como recuerda el tópico “la Justicia tardía no es tal”. En mi
opinión es una estafa en diferido” que se practica en contra, sobre todo, del
ciudadano cada vez más desencantado de la acción política, que es último
objetivo de todo partido corrupto.
He propuesto en
diversas ocasiones algunas medidas concretas y sencillas:
1.- que los “asesores
de confianza” de los políticos se pagaran de los recursos que los partidos
reciben de los PGE y no recargando los presupuestos destinados a contratar
funcionarios competentes e imparciales seleccionados en oposiciones públicas.
Eso acabaría con esta forma corrupta, ¿legal?, de apropiarse por esta segunda
vía de recursos de los PGE y con la protección de los corruptos que los
nombraron.
2.- Una ley que atribuyera
la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos respecto de los desfalcos
de los políticos que ellos “avalaron” poniéndolos en sus listas permitiendo cuando
no fomentando la corrupción bien en directo bien en diferido, con lo cual no
acabaría pagándose la corrupción con los PGE sino con el patrimonio de los
partidos, como ocurre con los empresarios responsables de sus empleados o los
padres a los que se desahucia porque avalaron a sus hijos en la compra de una
vivienda.
3.- Más eficaz para
acabar con la corrupción sería el simple fin de un aforamiento sin sentido.
Ninguna se pondrá
en práctica - ¡todas de coste cero! - por los partidos que alcanzan el poder de
gobernar, sea en ayuntamientos, diputaciones, autonomías o todo el país.
Prefieren seguir
fomentando la corrupción y poniendo dificultades para que los juzgados no puedan
condenar ágilmente a los corruptos.
Otros partidos,
modestamente ALTER, queremos que las cosas cambien. Esperemos que los
ciudadanos nos den su apoyo para acabar con estad dictadura monárquica
corrupta.
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