Es fácil acabar con la corrupción política: sólo se necesita querer

D. José Luis Requero publicó el 22.08.2014 en La Razón un artículo sobre la endémica judicialización de la política. La atribuye a la incapacidad de las instituciones civiles por llegar a acuerdos que, por tanto, desembocan en decisiones judiciales. Señala que ello abarca la política, la vida pública y hasta la liga de futbol en Segunda. Recuerda que las dos últimas legislaturas socialistas acabaron judicializadas y que la presente Legislatura lleva el mismo camino tras la lluvia de normas que presidieron su inicio y no acaba de escampar. Y todo ello sin olvidar la cita en el Tribunal Constitucional sobre el referéndum catalán que sin duda describe la talla delos políticos que tenemos. Otro tanto ha pasado, sigue citando, con la reciente reforma laboral y la reforma del régimen local que endosa a las comunidades autónomas competencias municipales o la polémica pretensión de una confusa elección directa de los alcaldes que no es tal, en mi opinión, sino una burla al derecho al pacto de los representantes – que son eso y no correos – de los ciudadanos.

Pero sin duda, como dice el Sr. Requero, el paradigma de la judicialización de la política se centra en la corrupción. Dice el autor, y estamos de acuerdo con él que “la justicia forma parte del sistema político y constitucional -y menos mal que es así- que los conflictos se ventilen ante los tribunales; pero lo que no es normal es que, por sistema, todo confluya hacia los tribunales”.

Pero, y ésa es ya nuestra opinión, eso ocurre porque los partidos mayoritarios quieren que sea así. Eso les da un tiempo de espera – el del iter judicial – para la impunidad de los delitos de corrupción. Con eso logran su objetivo que el ciudadano la considere sinónimo de política.

Todos los partidos corruptos practican el sistemático descrédito de los funcionarios porque en su inmensa mayoría son la última oportunidad de protección de los derechos del ciudadano. Practican la “corrupción legalizada” de pagar a “sus asesores de confianza” con recursos de los PGE destinados a otros fines: ¿no es ésa la tarea de los funcionarios? Esos partidos políticos corruptos meten mano en los PGE repartiendo así canonjías a incompetentes para asesorar en nada con ostentoso nepotismo. Los dos partidos mayoritarios son los responsables, pero hay muchos minoritarios que porque “tocan poder” los apoyan para poder ejercer la corrupción.

El descrédito hacia los funcionarios judiciales consiste en acusarlos de politizados cuando sus sentencias recaen sobre sus afiliados corruptos. Es parte del descrédito al funcionario leal al que así se desacredita para proteger al corrupto condenado.

En nuestra opinión la colaboración legalmente obligatoria de los partidos con el poder judicial- quizá bastaría con que no la obstaculizaran - permitiría acabar con este “espectáculo delictivo añadido al de la corrupción”. Pero el Gobierno a través del Fiscal General al no promover una causa general contra todos los bancos por el asunto de las preferentes y subordinadas facilita que algunos jueces “no vean delito en esta estafa” que el fiscal no ve “por orden de arriba”.

¿Tendrá una vez más que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a enmendar la plana a estos jueces ciegos, sordos y en vez de mudos, errados? Su desprestigio se lo ganan solos con sentencias donde declaran que las familias sin hijos no son familias con derechos constitucionales porque una ley se los niega facilitando el atropello diario del desahucio.

No analiza el autor el caso del Tribunal Constitucional porque no es parte del Poder Judicial y porque su entera extracción política. Dice que requiere una consideración aparte por esa carga añadida que le exige una permanente demostración de independencia y de imparcialidad en sus sentencias, algunas correctas y otras no.

Pero yo veo un hecho objetivo: que cada vez haya más que corrige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les desmerece profesionalmente.

En mi opinión ya todos los ciudadanos somos conscientes de la presión política vía mediática sobre los jueces  y del torticero uso de las reglas procesales para entorpecer el curso judicial y empantanarlo – privando de los recurso que lo hubieran agilizado - para luego decir que la sentencia se refiere a hechos pretéritos cuando los actuales son iguales. Pero el descaro de los principales partidos políticos alcanza cotas insuperables.

Por eso somos cientos de miles, quizá millones, los ciudadanos que exigimos eficacia, lo que implica también rapidez. Como recuerda el tópico “la Justicia tardía no es tal”. En mi opinión es una estafa en diferido” que se practica en contra, sobre todo, del ciudadano cada vez más desencantado de la acción política, que es último objetivo de todo partido corrupto.

He propuesto en diversas ocasiones algunas medidas concretas y sencillas:

1.- que los “asesores de confianza” de los políticos se pagaran de los recursos que los partidos reciben de los PGE y no recargando los presupuestos destinados a contratar funcionarios competentes e imparciales seleccionados en oposiciones públicas. Eso acabaría con esta forma corrupta, ¿legal?, de apropiarse por esta segunda vía de recursos de los PGE y con la protección de los corruptos que los nombraron.

2.- Una ley que atribuyera la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos respecto de los desfalcos de los políticos que ellos “avalaron” poniéndolos en sus listas permitiendo cuando no fomentando la corrupción bien en directo bien en diferido, con lo cual no acabaría pagándose la corrupción con los PGE sino con el patrimonio de los partidos, como ocurre con los empresarios responsables de sus empleados o los padres a los que se desahucia porque avalaron a sus hijos en la compra de una vivienda.

3.- Más eficaz para acabar con la corrupción sería el simple fin de un aforamiento sin sentido.

Ninguna se pondrá en práctica - ¡todas de coste cero! - por los partidos que alcanzan el poder de gobernar, sea en ayuntamientos, diputaciones, autonomías o todo el país.

Prefieren seguir fomentando la corrupción y poniendo dificultades para que los juzgados no puedan condenar ágilmente a los corruptos.

Otros partidos, modestamente ALTER, queremos que las cosas cambien. Esperemos que los ciudadanos nos den su apoyo para acabar con estad dictadura monárquica corrupta.

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