El Derecho de los Demócratas

Interesante el artículo "El dercho de los nacionalistas" de P. Salvador Coderch (EL PAIS, 28.09.2017)  que me permito comentar.

Señala el autor su desacuerdo con su propia afirmación de que “en Cataluña y para los nacionalistas al uso, una regla es derecho si sirve para conseguir el poder. Y en España lo es si vale para conservarlo” Es evidente que en el terreno político la afirmación es correcta, no así en el jurídico y de ahí su rechazo a esta actitud.

Clasifica a los juristas en tres especies. La de los juristas legales, entre los que se identifica : “creen que la Constitución y las leyes han de ser respetadas”; dice que es “teoría antigua y valiosa” pero añade “también frágil”. Señala como virtud que “gracias a ella y solo a ella, la gente sabe a qué atenerse (a la ley al pie de la letra, a lo que dice su texto) ... y cómo puede exigir que los demás le traten. De malo, añade, tiene mucho: es rígida, tediosa, ininteligible, contradictoria y, aunque sea detestada por la mayoría, la cambian siempre demasiado tarde”. Reconoce que la ley, y la Constitución tampoco, no puede ignorar las mayorías políticas claras y estables. Tras ello señala que “por oficio siempre deformador, soy (más o menos) legal”.

Hay mayores riesgos en ser “ jurista más o menos) legal. En España fue legal el TOP que perseguía la libertad de opinión (salvo el 1, X, 2 de las quinielas); en Italia fue legal el fascismo totalitario; en Alemania el nazismo y sus leyes raciales; en los USA la segregación de negros y el extermino de amerindios; en la URSS y adláteres libertad era sólo una palabra del diccionario. ERan leeyes de países que estaban en la ONU o en laSociedad de Naciones. ¡De verdad merecer respeto la ley sólo por haber sido promulgada por un gobierno reconocido por la comunidad internacional?

En el ámbito político, el de los ciudadanos donde reside la soberanía, lo que la ley tampoco puede ignorar es ni a las mayorías ni a las minorías políticas claras y estables de ciudadanos; en ellos reside la soberanía aunque la ejerzan por delegación los políticos electos. Cuando el poder de la mayoría de políticos, que es la regla, atropella la minoría, ésta se queja. Si no se atiende su queja: “no nos representan”, se provoca que el ciudadano soberano acabe avocando el ejercicio de la soberanía que es suya.

El autor utiliza burlonamente la cita de Marx (Groucho), “si la ley que hay no les gusta, tengo otra”. ¿Acaso no fue así como se progresó y se reconocieron los derechos humanos?

Describe a los juristas demócratas como los que “creen en la ley de las mayorías políticas, en el derecho tal y como lo entienden los más” de la que dice que “es teoría grata, pero manifiesta debilidades antiguas: desguarnece a las minorías y permite a las mayorías interpretar hoy la ley de modo distinto a como lo hacía ayer”. El reproche es insensato; porque lo que dice la ley cuando exige que se interprete según “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” (art. 3 CC).

Señala que “los más no son necesariamente los mejores ni siempre aciertan. Por esto, para un demócrata, la ley primordial es la que permite a la gente, cada cierto tiempo, echar a la mayoría y cambiarla por otra nueva” sin duda mejor alternativa que la dictadura del proletariado o el despotismo ilustrado o las élites aristocráticas que se eligen a sí mismas.

Añade que “los nacionalistas, en Cataluña, suelen ser demócratas. Pero ratean, arrogándose una mayoría que no tienen”. Si ratean es porque los demócratas no “suelen serlo” lo son ¡pero siempre! El que sólo suele ser demócrata cuanto tiene el poder es un tramposo, no un demócrata. La prohibición de debatir proyectos de ley en el Parlamento ejercida por esa mayoría revela que no eran demócratas sino tramposos, como algunos ya han acabado reconociendo. El justificar la prohibición del referendum porque va contra la ley tampoco es argumento de demócratas, sino de tramposos: la ley lo permite si el Presidente del Gobierno lo autoriza. Súa, por tanto, es la decisión de permitir lo que la Constitución permite..

Con más razón censura a los nacionalistas de España, de los que, con propiedad, ni se atreve a calificar de demócratas. Sus orígenes no puede ser más descalificadores porque son herederos de los que violaron la Constitución de 1931 a sangre y fuego y no con un referendum. Si a éste se le denomina golpe de Estado ¿qué calificativo merece lo que ellos hicieron? lComo señala el autor “usan la ley para extender la prohibición de votar de los nacionalistas catalanes a las de expresarse, reunirse y manifestarse”, como también hemos comprobado.

De ello surge la evidencia que el autor no cita: los nacionalistas no son demócratas; sólo lo "suelen serlo" ¡cuando logran el poder! Si lo pierden, como en 1936, lo revientan todo.

Identifica por último a los juristas revolucionarios por los que expresa sus respetos con la cita de Jefferson: “quienes hacen imposible una revolución pacífica convierten otra violenta en inevitable”. Identifica luego algunos “factores comunes en muchas revoluciones, en los cambios bruscos del orden político: un shock externo (la crisis económica de 2008), un Estado quebradizo por excluyente de una clase, etnia o cultura, y la formación de una coalición revolucionaria (en Cataluña después de las elecciones de 2015)”.

Señala que “la revolución legal, la ruptura en la cadena del orden legal mismo, ya ha tenido lugar: nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles ya no se hablan desde un mismo orden jurídico”. Es cierto pero esa es la consecuencia. La causa fue que no quisieron hablar en el orden político. Su incompetencia política para el diálogo, que es lo propio de un demócrata, les llevó a huir; se escondieron tras la ley azuzando como nuevo Duque de Alba al Fiscal General del Estado y a sus jerarquizados fiscales con dudoso abuso de poder; y obliga a los jueces a verse obligados a actuar como si fueran los tercios de Flandes.

De acuerdo con Jefferson: el autor de la revolución no es sólo quien la emprende sino quien, por su incompetencia política, ha abocado a ella. Y si el brocardo “prius in tempo potior in iure”, es mayor la responsabilidad de quien lapidó el diálogo de quien lo intentó y se le rechazó.

Pero cuando dice que “los conservadores españoles no negocian porque temen que su derecha se revuelva”; creo que se equivoca. Es la extrema derecha la que no negocia; sólo sabe imponerse. Los “conservadores” no existen en España sin discutir que pueda haber una reducida minoría de gente razonable sin un partido conservador y progresista al que votar como hay en toda Europa.

Tampoco creo que sea verdad que “los nacionalistas catalanes no negocian porque hacerlo sería negar la revolución que han comenzado (“o sí, o sí”, giro habitual y abominable)”. Privados de una opción de cambio democrático en España, un conglomerado heterogéneo, pero sobre todo incoherente lo que le condenaba al fracaso, eligió la opción republicana democrática pero a nivel regional.

Señala su dolor como jurista legal por “el destrozo de las instituciones y del respeto al derecho que los nacionalistas (españoles, catalanes) han originado”; tras ello sugiere que “una solución legal, democrática y revolucionaria sería convocar de nuevo elecciones en Cataluña, para conseguir una triple mayoría -en número de electores, de votos y de escaños- y desde la fortaleza de la legalidad democrática reclamar una revolucionaria ley de claridad, un referéndum con garantías”; no considera muy adecuada esta propuesta que no respetar el derecho a proponer un referéndum a las minorías al exigir no una mayoría sino tres.

Un jurista legal debería recordar que la CE78 permitía celebrar el referendum no vinculante. Se pudo, pues, celebrar dentro de la ley. Al no ser vinculante era menos que la revolución pacífica de  Jefferson. Además de no vinculante, si fuera precedida de una clara explicación de las alternativas y las consecuencias de cada opción - justo todo lo contrario a lo que se hizo con el Brexit - el resultado hubiera sido el mismo de Escocia o Canadá.

La libertad de opinión está bajo mínimos; ahí están la ley mordaza y el derecho del Presidente del Gobierno “constitucional” a prohibir “legalmente” la libertad de opinión en un referendum no vinculante como ocurre en las dictaduras donde también es legal. Que nadie se engañe: la CE78 fue el “atado y bien atado” hecho bajo el ruido de sables que fiel a su falta de respeto a la democracia todavía intentó el 23-F. Todos los golpistas, los nunca identificados en aquel simulacro de juicio que se hizo porque las imágenes de la televisión impedían ignorarlo, siguen vivos y coleando.
"Que buen vasallo, sigue siendo este pueblo español, si oviese buen señor".
Con todos los respetos, ni un solo Diputado de ningún parlamento de los 18 que hay en España se merecen este pueblo.

Leer más

Partido Político 003: con licencia para robar

Hace poco el TS confirmó que la Generalitat Valenciana debía pagar los 19 millones de multa de la UE por manipular el déficit. La sanción la impuso la Unión Europea (13.07.2015) y el TS rechazó la impugnación del Consell al acuerdo del Consejo de Ministros (04.03.2016) que declaró la responsabilidad exclusiva de la Comunitat por incumplir el derecho de la UE.

¿Qué hay de la responsabilidad in vigilando que le correspondía al Ministerio de Economía y Hacienda? Su representante, Sr. Montoro es miembro del CM. No es parte y juez en ese acuerdo? Según el TS son “incumplimientos y graves irregularidades claras y contundentes” que no debieron pasarle desapercibidas. Declarar que todo ocurrió ”sin que la actuación de otras entidades e instituciones haya sido relevante en la manipulación de las cuentas de la sanidad de la Generalitat Valenciana" parece una tomadura de pelo más porque “era y es competencia única y exclusiva de la Administración del Estado garantizar que los datos del déficit que se comunicaron a Eurostat se ajustaban a las normas contables".

                La Sala rechaza los argumentos y, de acuerdo con el Constitucional, dice que la responsabilidad 'ad extra' de la administración del Estado por incumplimientos de derecho comunitario no le impide "repercutir ad intra, sobre las administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en cada caso proceda". Estaríamos  de acuerdo porque el ciudadano sea el español o sólo el valenciano es la víctima no el culpable si su sentencia llevará el caso a sus últimas consecuencias: repercutirla en sus autores ¡pues se sabe quienes fueron! y también contra los que resulten identificados al contestar a la pregunta que se hacían ya los romanos cui prodest?: ¿quién se benefició con esa trampa?

                No es admisible que el TS se escude en el informe de la Comisión que concluyó que la Intervención General de la Generalitat Valenciana "se mostró gravemente negligente en lo que concierte a la ausencia de registro de gastos en las cuentas nacionales". ¿Cómo no iba a ser negligente si fue su autora? Eso no atenúa la responsabilidad in vigilando del Sr. Montoro y del Gobierno  - menos dada la “coincidencia” entre el color político de éste y la Generalitat a la hora de que aquel contralara a ésta - porque el problema del gasto sanitario era "vox populi" en España desde hace tiempo y hay documentado en informes y datos públicos que impiden ignorar que los datos comunicados eran incorrectos.

                La STS mira a otro lado y dice que la Intervención General está integrada en la Administración de la Generalitat Valenciana (Decreto 72/2005, de 08.04 del Consell de la Generalitat Valenciana). El art. 2 del Reglamento dice que la Intervención General "está adscrita orgánicamente a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo", y ejerce las funciones de control de todos los actos de la administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven.

Supongo que si se pretende imputar al Consejero dirá que “el no recuerda nada, que no le consta nada y que creyó que lo que hacían los funcionarios estaba bien hecho” con lo cual incluso habría que sancionar a esos funcionarios por “haber abusado de su buena fe”. Otro tanto diría el Presidente de la Generalitat, que ´”él sólo se preocupa de asuntos políticos de elevado nivel como son los de la gestión política identificando objetivos” como dijo ya el Sr. Rajoy. Que de esos asuntos de dinero se encargan sus escuderos, los Consejeros, que son sus Sancho Panza. Parece que hay precedentes de que esa mentiras las aceptan los tribunales.

¿Cambiar la CE78? Por supuesto. Y acto seguido el Código Penal ampliando a los partidos Políticos y Sindicatos las responsabilidades que tienen los empresarios con sus empleados y candidatos que vayan en sus listas. Sólo así se podrá empezar a acabar con todos estos latrocinios que, ¿le sorprende a Vd.?, son legales y por eso los pagamos Vd. y yo.

¿Para cuándo la legitimidad va a tener su reflejo en la legalidad y dejará ésta de ser la patente de corso para todos estos bucaneros que nos roban con tanta desfachatez?

Para cuando la mayoría de los Diputados del Congreso sea decente.

O sea, que aún falta mucho tiempo.

Leer más

De la constitución franquista a la democrática

Curioso el artículo “De la Constitución a la Constitución” (El Mundo, 20.09.2017) de D.  Benigno Pendás en el que pide respeto y afecto por el Estado de Derecho - ¿cuál si en España no existe? - y que la defensa de la España constitucional - ¿la franquista fruto de lo que estaba “atado y bien atado”? - es una causa justa que prevalecerá frente a cualquier desafío.

Se parte de una afirmación harto discutible: la prioridad absoluta es cumplir y hacer cumplir la Norma Fundamental, expresión de la soberanía nacional cuyo titular es el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado; incluidos, claro está, los órganos y las competencias de la Generalitat catalana. Porque es falso que esa “Norma Fundamental sea expresión de la soberanía nacional”. Por más que se falsee la realidad nunca pudimos elegir al Jefe del Estado; seguimos sin poder hacerlo; eso viola el art. 1.2 CE78, que es mentira como lo es el art. 14 de igualdad de derechos. La CE78 es la prueba de nuestra sumisión a la soberanía del Jefe del Estado que eligió Franco que lo dejó todo “atado y bien atado”.

Una nueva sarta de falsedades es afirmar que “Legalidad y legitimidad democráticas confluyen en el mismo punto: garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución de 1978, la mejor de nuestra historia”. La mejor de nuestra historia fue la CE31; la violó Franco pero no con un referendum civil, sino con una guerra genocida; él que cobraba por defenderla.

Cumplir las leyes y las sentencias no es una opción, sino un deber inexcusable, pero Sto. Tomás exigía que la ley fuera libremente dictada y está fue violentamente impuesta; el ruido de sables que violaron la CE31 la única democrática sobrevolaba amenazadora. La anterior democrática ni llegó a poder ser votada; en 1873 lo impidió otro General, Martínez Campos, a cuyo golpe de Estado no le siguió el genocidio de 1936 de militares y fascistas bendecido por la Iglesia ¡no lo olvidemos!

También es falso decir que eso “es un requisito sine qua non de la convivencia civilizada porque, en caso contrario, volveremos al estado de naturaleza en la versión de Hobbes: la guerra de todos contra todos”. Se incumplieron las leyes de Luis XVI y nacio la República Francesa; las leyes británicas y nacieron los USA; las leyes del imperio Austrohúngaro y nacieron media docena de naciones; las leyes del imperio español y nacieron más de una docena de naciones, etc. No hubo ningún regreso al estado de la naturaleza.

Dice el autor “Siempre nos preguntamos (a veces con ira mal contenida) qué hacen el Gobierno o los jueces o los responsables políticos”. La ira sobra y la respuesta es clara: los políticos revelan su incompetencia huyendo de sus responsabilidades que endosan a los jueces de modo vil. Es una solución imposible: los conflictos políticos no tienen soluciones judiciales sino políticas. El despropósito del Gobierno es total y, en eso sí estamos de acuerdo, es “obligación de los ciudadanos de hacer frente al despropósito”; pero al generado por el Sr. Rajoy incapaz  de resolver un problema doméstico. Unos, los que tenemos voz en el espacio público, hablando alto y claro. No se necesita hablar alto; basta decir la verdad y no engañar.

Es paradójico, en realidad es cínico, que los que no se han opuesto a que el Gobierno, pudiendo autorizar el referéndum dentro de la ley lo prohibiera, ahora pidan que se cumpla la ley, ¿por qué no clamaron entonces pidiendo que se autorizara un referéndum legal?

 El autor apela a todos los españoles: “No es momento para la indiferencia o la pasividad. La respuesta legal corresponde a los poderes públicos, con un respeto escrupuloso, como es evidente, a los procedimientos y requisitos jurídicos. Pero la sociedad civil juega un papel en la respuesta legítima, un compromiso con la España constitucional que no puede ni debe eludir. Tiene razón; la sociedad civil tiene derecho a exigir que los políticos resuelvan los problemas políticos; a que no los judicialicen por incompetencia o pereza; a que modifiquen las leyes, si hace falta, para resolver los problemas políticos.

Si no es falso del todo que “le debemos mucho a la Constitución de 1978” no menos grande es la deuda que ella tiene con nosotros: es una estafa; es la atadura, “todo está atado y bien atado” del dictador; es un obstáculo para recuperar la constitución democrática que él nos robó con una guerra y un genocidio y no con un referéndum. No es, como dice el autor “hora de defenderla activamente” sino de modificarla cuanto antes.

Sin embargo tiene razón el autor, aunque mi queja tenga un sentido opuesto al suyo, cuando dice: “todo se pierde si nos pueden el pesimismo estéril, el derrotismo o la pereza; incluso el hastío, a veces comprensible”. De no tener esos defectos, potenciados por el lavado cerebral de la dictadura,  hoy tendríamos una Democracia republicana y habríamos enterrado por tercera vez - ¡ojalá sea la última! - la dictadura borbónica eternamente golpista.

Sin duda no habrá referendum el 1-O. Era lo previsto por el Sr. Puigdemont y su política victimista y patriótica y por ello fraudulenta. Pero la libertad que pudo reconocer el Sr. Rajoy ha sido substituida por la intolerancia que impuso el Sr. Rajoy ¡constitucionalmente! Que la CE78 permita ese atropello es una razón más para cambiarla porque oprime la libertad que falsamente dice proteger. 

La transición de la dictadura militar a la democrática sorprendería el mundo pero no engaño a nadie. Sabíamos que era un fraude antes de que la Srª Prego pulbicara esa confesión de Suárez; hicimos lo que nos permitieron los golpistas; su poder lo tenía el ejército golpista; no olvidemos que “todo estaba atado y bien atado” ni el 23-F donde más de un capitán general  nunca condenado apoyó el golpe. Léase el blog de Anasagasti cuya publicidad es nula.

España es el botijo en Europa con su política que no fomenta la investigación, la enseñanza pública y la libertad; fomenta la corrupción, la amnistía a los defraudadores y la amnesia que invade a los partidos más corruptos. Una España que sólo aspira a ser la Florida de la UE llena de camareros con contratos de lunes a viernes durante cuatro meses al año.

También falta a la verdad el autor cuando dice “Saldamos entonces una vieja deuda con el Estado de Derecho, tantas veces maltratado a lo largo de nuestra historia”. El saldo ocurrirá cuando los herederos del dictador militar nos permitan recuperar la democracia algo que al autor del texto no sólo no le preocupa, sino que le “produce indignación la falta de respeto a las normas que otorgan garantías a los ciudadanos y sus representantes: plebiscitos con trampa; alborotos parlamentarios; sentencias incumplidas Todo eso que cabe identificar con la arbitrariedad del poder y que aprendimos a superar gracias al imperio de la ley. Demasiadas falsedades juntas: el referendum no vinculante prohibido lo permitía la CE78.

Y rebasa la falsedad alcanzando el cinismo afirmar que “tenemos una democracia igual de buena e igual de mala que la de nuestros socios y vecinos en la Unión Europea” porque eso no es una democracia sino una dictadura monárquica que nos prohíbe elegir al Jefe del Estado. Sin duda “es tiempo de forjar consensos” pero no de escuchar a expertos sino de escuchar a los ciudadanos respetando su libertad de opinión y su “derecho a decidir”.

También es falsa la afirmación de que “la gran mayoría creemos (véanse las encuestas reiteradas) que lo esencial sigue siendo válido: Estado social y democrático de Derecho; monarquía parlamentaria; con más reticencias, Estado autonómico, cuya base es la unidad, la autonomía y la solidaridad”. Eso es una incongruencia: la monarquía parlamentaria no es democrática: el Título II atropella el art. 14 que declara la igualdad de todos al margen de su nacimiento. ¿Hay que explicarle eso al autor o lo entiende solo?

Dejemos de asustar a la gente con la apertura de la Caja de Pandora. Se abrió el 14.04. 1931 y ofreció una perspectiva de progreso. Entonces, como ahora, y en eso sí tiene razón el autor “los oportunistas y algunos desleales esperan su momento para romper las bases de una convivencia fructífera para todos, y no hay que darles opciones para luego rasgarse las vestiduras cuando sea demasiado tarde. Nos conocemos hace mucho (unos cuantos siglos) y aquí nadie va a engañar a nadie”. Hoy esos oportunistas están encantados con esta dictadura monárquica tendría difícil repetir el golpe de Estado de 1936 si recuperamos la democracia.

                Recuperarla exige su reforma entre todos; para organizar la convivencia pactada en libertad, como en 1931; para organizar la promoción de la enseñanza, como en 1931 siguiendo el proyecto de Costa del S. XIX; para alcanzar puestos de respeto internacional, como los conseguidos en 1931 en la Sociedad de Naciones. Todo ello con un alarde de nuestro espíritu de respeto de la IGUALDAD: Felipe VI de Franco y Borbón podría presentarse a las elecciones para ser Jefe del Estado pese a que entre él y su padre llevan 40 años de dictadura en la que nos lo prohíben a 40 millones de españoles ¿legalmente? con su ilegítima constitución franquista no democrática. Habrá Estado de Derecho cuando el art. 14 se cumpla y no exista el Titulo II CE78. El actual es como el de Franco; también se autocalificaba Estado de Derecho.

Todo ello sin perjuicio de que la consulta del 1-O no sea homologable. Pero para que la votación de la nueva CE lo sea habrá que derogar la CE78 ¡aunque nunca fue homologable!

Y si alguien dice que los demás países han homologado la CE78 les recordaré que también homologaron el régimen de Franco. Lo homologable es un concepto legal, lo legítimo es otra cosa. A ellos nuestra libertad, que es lo legítimo, no les interesaba; si bajo el dictador pueden hacer buenos negocios legales les bastaba. A nosotros nuestra libertad nos interesa.

Leer más

El "cupo": una solución inteligente

La historia ofrece ejemplos de todo tipo. Cualquiera puede encontrar en ella un punto de apoyo en sus quejas. Basta ocultar las circunstancias y los valores vigentes entonces que no son los actuales para elaborar una historia de “victimismo” que a la gente que vive el pasado en lugar de mirar hacia el futuro. Pero la historia también permite encontrar decisiones que fueron soluciones inteligentes que resolverían problemas actuales por eternos. Uno de ellos es el sistema de gestión mediante “cupo” que se nos ha presentado como una excepción y un privilegio para Navarra y el País Vasco siendo en cambio una excelente solución hoy día.

Básicamente consiste en un acuerdo quinquenal entre el Gobierno del Estado y los de esas regiones autonómicas sobre el valor de los servicios que ejecuta el Estado y que no son transferibles a esas administraciones (art. 149CE78) y de los no transferidos (art. 148CE78). A partir del acuerdo el Gobierno autonómico paga al Estado el “cupo” con cargo a los impuestos que recauda y el resto de los impuestos los gestiona el Gobierno autonómico.

La situación, como se ve, es la inversa de la tradicional: el Estado recauda los impuestos de todo el país y luego atribuye a cada Gobierno autonómico una cantidad en función de las transferidas asumidas por cada Gobierno de cada región autónoma.

La situación sería equivalente a que el Estado estuviera constituido por un Estado central y 17 personas jurídicas. Éstas tendrían que pagar los impuestos como establece el art. 37.1CE78: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio recibiendo lo que correspondiera por el cupo según cual fuera la magnitud de las transferencias de gobierno.

El ciudadano suele estar razonablemente satisfecho con la gestión municipal que prefiere a la de estar gobernado por el Gobierno autónomo o por el del Estado central. Por ello debe plantearse aplicar este esquema del “cupo” también a la relación Ayuntamiento- Autonomía en aras de la sencillez, más económica, y de la transparencia, menos corrupta. Es evidente que habría más transparencia al haber más proximidad entre la gestión y el gestionado y también sería más transparente la política de cohesión inter-regiones. Quien se enriquece más vendiendo sus productos a consumidores ajenos a su región debe colaborar con sus impuestos al beneficio de quienes le benefician con sus compras.

En el fondo, la financiación de la Unión Europea se realiza también con varios años de anticipación mediante el pago del “cupo nacional”. A ella se le suman los derechos de importación de países no miembros y las multas a  las empresas y a Estados - en este caso regiones autónomas - que no cumplen las normas. La política de cohesión europea - su equivalente sería  la política de cohesión española - financia inversiones en países  - aquí sería en regiones - con el fin  de acabar con las diferencias económicas entre los países - aquí sería entre regiones - contribuyendo al desarrollo de las zonas rurales por razones de solidaridad y para evitar una despoblación que menoscabaría la riqueza ecológica de la naturaleza.

                El 98 % del presupuesto de la UE procede de ingresos propios. Se basa en el equilibrio de ingresos y gastos e incorpora mecanismos de compensación interterritorial Tiene una limitación en cuanto a los créditos: no excederán el 1,2 % de la renta nacional bruta de la UE.

                Si el “cupo” funciona bien entre el Estado central y la UE y también con las regiones de Navarra y el País Vasco valdría la pena plantearse su incorporación a la cada vez más necesaria modificación de la CE78 para que España vuelva a ser el país democrático que fue, lo que exige eliminar el Título II CE78.

Es evidente que si Navarra y el País Vasco tienen un elevado nivel de vida en relación con el resto de España y si en la UE hay muchos países que también tienen un nivel de vida más elevado que han fomentado el progreso en los menos desarrollados ¿qué razón hay para no aplicar un sistema que funciona también y de modo general?

Con ello, además, se incrementaría el sentimiento de autogobierno real en todas las regiones satisfaciendo el legítimo interés por el mayor beneficio de la gestión más próxima.

Leer más

La convivencia no se regula con el Código Penal

Interesante el artículo LA DEBILIDAD DE NUESTRO CÓDIGO PENAL del abogado del Estado en excedencia D. Carlos Domínguez (EL MUNDO, 08.09.2017) con motivo de la actual situación. Señalaré solo mis desacuerdos con sus afirmaciones. Dice: “El Parlamento de Cataluña ha puesto en marcha el más grave ataque contra el orden constitucional y contra la integridad territorial del Estado que hayamos conocido en las últimas décadas”, pero no es cierto. Hace ocho un grupo de militares facciosos dio un golpe de Estado para acabar con la última constitución democrática y libremente votada por loes españoles. Resulta realidad es cínico que sus herederos y defensores se rasguen las vestiduras en nombre de la legalidad.

Sin perjuicio de su ilegalidad, en lo que estoy de acuerdo, eso es la consecuencia de la negativa del Sr. Rajoy a asumir sus responsabilidades políticas y permitir la consulta que la CE78 autoriza sólo porque le autoriza también a prohibirla. Ahí no hay política sino sectarismo.

Recuerda el autor que “hace casi tres años tuve la oportunidad de reflexionar ... sobre la posible ineficacia futura de nuestro ordenamiento jurídico frente a comportamientos orientados a poner en jaque el sistema constitucional ...[porque] nuestro Estado de Derecho no tenía puesto al día ... el Código Penal”. La opinión es legítima pero la afirmación es incorrecta y desenfocada. Incorrecta porque éste no es un Estado de Derecho: el Título II “de la Corona” es una flagrante violación del art. 14 CE78 que prohíbe discriminar a nadie por razón de nacimiento. Se discrimina a todas las familias españolas, no a una o dos,  en beneficio de una y “per vitam aeternam”. Tampoco se cumple el art. 1.2 CE78 que dice que “la soberanía reside en el pueblo español de donde emanan todos los poderes del Estado”, porque el del Jefe del Estado emana de Franco. Al votar la CE78 se votara a favor o en contra el rey inventado por Franco seguiría siendo Jefe del Estado. ¿Qué es lo que no se entiende?

Señala el autor, aunque no lo denomina politización de la justicia, el incremento de competencias del TC para resolver problemas ajenos a su condición de tribunal constitucional. Un modo cobarde de zafarse de su responsabilidad política de resolver problemas políticos como reconoce su autor sin decirlo: se trasladó a la esfera de lo jurisdiccional, en exclusiva, la resolución de los ataques contra la integridad territorial del Estado, porque esa integridad territorial es un problema político.

El autor reprocha que no se dotara a los jueces y magistrados de los instrumentos necesarios para la efectividad de tan ingente responsabilidad en vez de reprochar al gobierno su huida de sus responsabilidades de gobierno y resolución política de problemas políticos.

 Si como dice su autor “ el delito de desobediencia a las resoluciones judiciales, no constituye ... un delito contra las Instituciones del Estado y contra la División de Poderes ... [sino] como un delito contra la Administración Pública ... [que] está castigada con una pena económica de multa y otra de inhabilitación. Nada más” esperemos que cumpla con la ley.

Recuerda el autor que “en el Código Penal de 1932 -el de la Segunda República-, una iniciativa como la ejecutada por el Parlamento de Cataluña habría sido considerada como delito de rebelión. Pero, desde el Código Penal de 1995, ya no lo es. Quizá la razón es que la CE31 era democrática y la CE78 es un fraude de ley desde su gestación hasta hoy día.

Me alegra que una dictadura monárquica como la actual no se haya atrevido a tipificar como “delito de sedición -por sí mismo, lo ejecutado por el Parlamento de Cataluña [porque] no afecta al orden público, ni comporta, de momento, un alzamiento en forma de tumulto- ni de traición”. Eso es conforme con el carácter de última ratio propio de todo Código Penal

Que “la desobediencia -con su debilidad punitiva actual-, lo sucedido en Cataluña no es nada en lo penal” al autor le parece lamentable, a mí me parece una buena oportunidad para reconducir el problema, sin mártires patrióticos, a su foro: la arena política, no la judicial.

El autor es partidario de endurecer el Código Penal, en lugar de desarrollar hasta sus últimas consecuencias el art. 9.2CE78: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad ... del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política ...”.

Si el Gobierno del  Sr. Rajoy hubiera cumplido con este artículo, y permitido el referendum que la CE78 admite y la Ley 2/1982 reglamenta no estaríamos donde estamos. Huir de los problemas es de cobardes; esconderse tras de otro, el poder judicial, lo es aún más.

Leer más

IV / V.- Los polvos catalanes del Sr. Rajoy y sus lodos

             ERC y sus colegas jugaron a dos  barajas en las elecciones plebiscitarias e hicieron trampa. La ley electoral española es ilegítima, aunque “legal”. No respeta el principio básico una persona = un voto. Así, ilegítmamente, se llega al Gobierno en Ayuntamientos comunidades y en toda España. Así llegaron ellos. Pero esa votación, según ellos dijeron, tenía un aspecto plebiscitario y ése lo perdieron. La mayoría ciudadana votó contra la independencia. Si hubiera sido al revés hicieran lo trampa contraria: decir que la ley no respeta el principio una persona = un voto y que sólo vale el  voto mayoritario de los ciudadanos. El que tuvo Clinton pero quien gobierna es Trump.

                Esta trampa que parece olvidada es la que les ha permitido huir hacia adelante dejándole al Sr. Rajoy sembrado el camino de reclamar su ilegitimidad plebiscitaria. Pero el Sr Rajoy, todos los mentirosos son cucos, conoce de la ilegitimidad de la CE78 y por ello sólo habla de “legalidad”. 
             Una "legalidad franquista". Al votar la CE78 se impuso la monarquía franquista, nunca se eligió monarquía. Sólo se permitió elegir si el monarca franquista nos parasitaría con las leyes franquistas o con las de la CE78. Rajoy, como buen franquista, defeende la ESPAÑA UNA GRANDE Y LIBRE dictatorial y ahí esta su ley mordaza. Al dictador militar le heredó el dictador monárquico que él nombró. Por eso esto no es una democracia. Así de vergonzosa es esta CE78. Pero los socios de ERC no quisieron esperar a otras elecciones para ganar el gobierno y el plebiscito. Sus colegas de partidos corruptos tenían prisa es distraer la atención de la corrupción del partido del Sr. Pujol antes de que terminara de pringar a todos como en el PP. Es el mismo objetivo del Sr. Rajoy al que el Sr. Puigdemont le ha caído como maná del cielo.

                ERC, un partido apreciado en toda España, no quiso recuperar la República española democrática que nos han quitado entre Franco y los Borbones. En España millones de personas aguardamos con ansia la más mínima oportunidad para recuperar la democracia qué sólo existe si hay República. Una monarquía  no es una democracia. Todas son dictaduras más o menos absoluta y parasitaria. No tienen ninguna competencia; y si la tiene aún sería peor. Se basa en un PRINCIPIO ANTIDEMOCRATICO ELLOS NO SON IGUALES ANTE LA LEY.  Admitida esa trampa, ¿cómo se admite ese engaño?, todo es ya de color de rosa con princesitas y todo

Mi reproche a ERC es su xenofobia propia de los ignorantes de Villavieja o Villanueva: prefirió unirse a los náufragos del partido corrupto ¡pero catalán!, a ayudar a  honrados marineros, náufragos de la voladura de la CE31 que creo la República democrática que agarrados a las maderas de miles de Asociaciones, Ateneos, Redes y Grupos flotan por ciudades, pueblos y aldeas de toda España soñando con recuperar la LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD robada. Se lo pedí a los miembros de su partido en el Congreso pero no recibí ni un mero acuse de recibo.

                En cuanto a Vd. Sr. Rajoy, no mienta más. Sé que no me hará caso; seguirá haciéndolo y, por desgracia, logrará seguir engañando a la gente sencilla con idéntico discurso nacionalista xenófobo  y agresivo del Sr. Puigdemot. Son el mismo fraude en el espejo; se acusan de las mismas mentiras; hacen las mismas trapacerías. Ambas ciudadanías, la catalana y la del resto de España saben que mienten  pero reaccionan con sentimiento ¿español o catalán? y se dejan engañar víctimas del nacionalismo. Mi esperanza es que dado el mayor nivel cultural medio de los catalanes rechacen el engaño y no sucumban al fascismo catalán tan idéntico al fascismo español.

                Si así fuera ¡inch Alah!, no sería el triunfo de Rajoy, sería el triunfo de la Cataluña republicana que quiere ser parte de una España democrática como en 1931; una Cataluña que afirma  que ESTO NO ES UNA DEMOCRACIA. No lo será hasta que el heredero del heredero del dictador militar no abdique de la dictadura monárquica que se inventó el dictador militar. Hasta que demuestre su honradez democrática y presente su candidatura para ser elegido Jefe del Estado durante cuatro años por la voluntad libre y mayoritaria de los españoles. Ganaría “de calle” pero él no quiere una elección democrática y libre de los ciudadanos cada 4 años; prefiere la del  dictador y genocida ¡per vitam aeternam!

No lo hará; “no tiene lo que hay que tener” como dice la verbena de la Paloma. Él y el Sr. Rajoy son franquistas, no demócratas. La panda que apoya la mascarada monárquica la llama democracia para sostener el engaño. Es una dictadura monárquica parlamentaria.

Los reyes nos engañaron por siglos, nuestro poder viene de Dios, decían, una falsedad que la gente se creyó; siguen engañándonos, ahora dicen: Vds. nos eligieron, otra falsedad que la gente se creyó.
D. Felipe Vd. es rey por designación del genocida que acabó ILEGALMENTE con la legítima CE31 y la democracia en España. Un farsante que con bendiciones apostólicas era CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA GRACIA DE DIOS. Tan vil como Fernando VII él también trajo ejércitos extranjeros para asesinar españoles demócratas. ¡Vaya herencia “ilegítima” la de Vd!

Leer más

III / V.- Los polvos de la corrupción del Sr. Rajoy y sus lodos

Recuerdo al Sr. Rato, un heredero asturiano, negociando con el Sr. Pujol, un heredero  catalán, los votos para investir a Aznar. Le dieron todo lo que pedían del IVA y más. De oponerse a ello cuando estaban en la oposición pasaron a “parlar catalán en la intimidad”. ¡Vaya panda! Pero era lo normal; la derecha nacionalista catalana es igual a la derecha nacionalista española; sus votantes son distintos pero iguales: no cambian de nacionalismo.

                ¿Por qué razón no han sido posibles ahora esos acuerdos? El nivel de corrupción de Cataluña bajo la era Pujol-Mas se estaba conociendo, su partido había desaparecido; era una situación muy rentable políticamente pero la situación era similar con el PP - y eso el Sr. Rajoy  al “enterarse”  que eso no era una trama contra el PP sino una trama dentro del PP donde  nadie¡él el que menos! lo supiera. Había riesgo de que le dijeran “Vd. no Mas pero sí más”.

                Esos catalanes implicados necesitaban distraer la atención de la corrupción pujólica heredada por Más; hicieron desaparecer al partido y repitieron el “truco Pujol” con el caso “Banca Catalana” y la herencia del abuelo Pujol; rodearse de la bandera catalana y gritar desde el balcón del Palau de la Generalitat: “van contra mí porque van contra Catalunya”. Fue el mismo grito de Trump “van contra mí porque quiero que América sea lo primero”; el mismo grito de Hitler “van contra nosotros porque defendemos la dignidad de Alemania”.,  Catalanes, americanos y alemanes babeando como los perros de Pavlov votaron al mentiroso.

                Rajoy hizo suya la idea. Mintiendo año tras año hizo agresoresna los catalanes, no a los corruptos; los desacreditó ante los demás españoles sembró cizaña atizando el vicio más incomprensibles: la xenofobia hacia el vecino en un país que fue invadido por los cartagineses, los romanos, los suevos, los vándalos, los alanos, los árabes, los bereberes (almorávides y almohades), los ingleses (se quedaron Gibraltar y Menorca), los franceses (se quedaron el Rosellón y la Cerdaña), los 100 mil hijos de San Luis (nos dejaron a Fernando VII),  los alemanes de la división Cóndor y los italianos y las divisiones fascistas (que nos quitaron toda España y se la dieron a Franco) y los marroquíes que sin necesidad de invadirnos tomaron la provincia del Sahara que les entregó Juan Carlos I.

Mientras, los de Villavieja consideran gilipollas a los de Villanueva y viceversa. Lo triste es que ambos tienen razón

                Cuando los catalanes quisieron hacer una consulta para saber si querían seguir siendo parte de España o no, algo que permite plenamente la CE, Su art. 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum revela que el Estado pudo autorizar una consulta popular por vía de referéndum; el Sr Rajoy mintió una vez más, ¿es compulsivo o premeditadamente voluntario? y dijo: la CE78 no lo permite.

Los catalanes no han celebrado la consulta con carácter consultivo y no vinculante no porque la CE78 lo prohíba, como dijo el Sr. Rajoy mintiendo como lo que es y con él todos sus serviles esbirros, fue porque él, que preside el Gobierno lo podía denegar. Fue porque no quiso. 
El Sr. Rajoy se envolvió en la bandera como todos los patriotas. Lo de siempre: provocar un enfrentamiento encizañado y cainita;una joya para un polticastro nacionalista marrullero, un pozo de irascibilidad nacionalista que oponer al nacionalismo catalán igualmente irascible para ganar votos de los irascibles que, al parecer, son mayoría en este país. En las segundas votación creció en votos y logró ser elegido Presidente y de paso desembarazarse del Sr. Sánchez; aunque éste volvió.

Dice el art. 150.2 CE78: El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación Por tanto pudo trasnferir esa competencia puntual o celebrarlo organizándolo conjuntamente.

El Sr. Rajoy mintió consciente cada vez que repetía: la CE78 no permite la consulta. El art. 2 de la Ley 2/9180 sobre referéndum dice: La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados”. Bastaba recordar el art. 5.2 Ley2/1980: La circunscripción será, en todo caso, la provincia. Asimismo constituirán circunscripciones electorales las ciudades de Ceuta y Melilla y por tanto habría que celebrar cuatro referenda independientes sin que por ello no pudieran ser simultáneos en el tiempo.

Pero el Sr. Rajoy sigue mintiendo como lo que es y ahora tiene un río de lodos imparable. 

Leer más

17 años perdidos

Leo tres interesantes reflexiones “El día después del referéndum” de Tomás- Ramón Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense y Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ‘Dictadura soberana’ del Parlament de Ricardo Calleja Rovira, doctor en Derecho y “Hacia la reconciliación” de Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional en la Newsletter Diario de Derecho que edita iustel. Cada uno enfoca la situación actual desde distintos puntos de vista. Me sumo a sus opiniones señalando mi distinto enfoque más próximo al del último de las reflexiones

La actuación de Canadá fue un ejemplo del camino a seguir que fue despreciado con la clásica soberbia española, que es el reproche “racial” que se nos imputa pero que no es del pueblo que es humilde y pacífico. Es la actitud de nuestros dirigentes la que creó esa mala imagen. Todos hablan en el Congreso creyendo estar en posesión de la verdad absoluta ¿cabe mayor necedad? Con esa actitud son como algunos Presidentes de equipos de fútbol cuyos “ultra” hacen el trabajo sucio fruto de la cizaña que ellos siembran.

Ninguno ofrece sus opiniones y las razones que las sustentas como un elemento de discusión inteligente. Seamos generosos; pocos ven en sus colegas un interlocutor un enemigo ¡al que hay que menospreciar y luego aniquilar! Eso no es parlamentar es discutir con saña pero sin llegar a las manos. Viéndoles hay que felicitarse que el resultado no sea peor.

Lo más escandaloso es su desfachatez: mienten premeditada y conscientemente engañando al que cree en ellos. La primera mentira es que la CE78 prohíbe el primer referéndum no vinculante. La aprobación de una modificación constitucional exige la aprobación del Parlamento. Ena consulta popular no vinculante la permite el art. 149.1: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

La segunda mentira es ocultar el art. 2.2Ley 2/1980: La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados. La consulta no vinculante no exige la aprobación del Congreso, El Gobierno, a propuesta de su Presidente pudo autorizarlo, la CE78 lo permitía. La CE78 NO prohibía la primera consulta  no vinculante; fue el Gobierno del Sr. Rajoy el que la prohibió que es otra cosa distinta.

Pudo negociar con los proponentes el contenido de la pregunta y demás detalles sobre su realización dejando claro que el resultado carecía de valor jurídico vinculante y que era una especie de encuesta de opinión. Tuvo miedo a su resultado; es decir, desconfió de la sensatez de la mayoría de los catalanes que se sintieron menospreciados. En esas condiciones una minoría, sólo la minoría apoyó a los partidos independentistas coaligados con las cenizas de aquel foco de corrupción anidado en Convergencia y Unió, exacerbó el sentimiento agraviado y lograron, de la mano de una ley electoral no democrática pero legal, alcanzar la mayoría en el Parlament aunque con menos votos; ensoberbecidos también ellos se tiraron cuesta abajo.

Aun cabía seguir negociando; pero el Gobierno del Sr. Rajoy se enrocó. Incapaz de encontrar una salida política, en vez de recoger vientos sembró tempestades: judicializo el problema y lo llevó a un callejón sin salida con unas leyes con regusto franquista totalitario.

Ante sus narices estaba la ley de Claridad de 2000 un inteligente camino a seguir regalado por inteligentes canadienses. Enrocado, desde su recurso al Estatuto, perdió 17 años. Ahora todos estamos pagando el resultado más que de su torpeza de su inepcia.

En Canadá tras la solución política democrática promulgaron leyes al servicio de esa solución. Aquí el Sr. Rajoy lo hizo a revés:  usó las leyes para no afrontar la solución política; eludió su responsabilidad  por incapacidad, torpeza o miedo o por todo junto.

El Sr. Puigdemont lo aprovechó y también él sembró cizaña en un terreno abonado por el Sr. Rajoy; es débil la “disculpa" de que el Sr. Rajoy, pudiendo aprobar la primera consulta no vinculante no le dejó otro camino. Enrocados ambos en esta partida de ajedrez se comerán todas las fichas, nosotros somos los peones, y al final uno de los dos jugadores le tirará al otro el tablero a la cabeza, es su forma de ganar la partida judicial ¡que era la que no había que jugar!, tras haber perdido la partida política.

Las víctimas, como siempre, los súbditos. No podemos olvidar que las leyes nacen de una CE78 que manipuló la imposición de un Jefe del Estado nombrado por el dictador. Las declaraciones de Suárez difundidas por la Srª Prego confirmaron el fraude que todos sabíamos

La paradoja es que el PP, lo fundó un ministro de Franco y los apellidos de sus herederos todavía campean por todo el partido. Franco fue el que acabó  violentamente con la CE31 ahora el PP exige el respeto reverencial a  la CE78 fruto de lo que dejara Franco “atado y bien atado”. Sus principios dictatoriales del Movimiento eran "eternos" por eso nos dejó en herencia ”atado y bien atado” una dictadura monárquica inventada - él eligió al rey - eterna. El Jefe del Estado no lo elige el pueblo; se suceden  por vía sexual entre ellos discriminando a todos. De haber votado NO en 1978 el Jefe del Estado sería el mismo con igual eternidad; sólo  en vez de la CE78 habría Principios del Movimiento que el rey franquista juro respetar. 

La apelación catalana al derecho universal y europeo es una falacia: Cataluña no es un país colonial y por tanto no le son aplicables ¡y lo saben!; esa es la cuota de mentira del Sr. Puigdemont que es tan poco trigo limpio como el Sr Rajoy aunque al menos no ha dado un golpe de Estado militar y terrorista siguiendo las órdenes del General Moral que aplicó Franco.

Algunos desprecian "un experimento que pretende verificar empíricamente una hipótesis". Por esa vía progresó e mundo y  la ciencia. El moto de la Royal Society es "nulius in verba". Nada de encizañar más un dialogo que no existe reprochando a los catalanes que pretendan ser  "über alles"; revela mala fe y no saber alemán. Über alles significa “sobre todo”, ¡no sobre todos!, como muchos creen. Es igual al "todo por la patria" de la Guardia civil o el "tudo pela nação" de Portugal; mucho menos que el “rule all the waves” de los ingleses.

Rajoy no ha tenido paciencia como dicen los que lo apoyan, sino parálisis. Como Poder ejecutivo ha demostrado incapacidad para resolver el problema político; huyó de su solución; pero aún se lo endosó al Poder judicial cuyo margen de maniobra es nulo implicándolo con esta politización. Los problemas políticos no se pueden resolver judicialmente ni viceversa.

Agradezcamos a los independentistas catalanes que, pese a su torpeza, ahora ya se acepta la modificación de la CE78. Lo más urgente no es modificar el Título VIII sino el Título II; pero no en la anécdota de la discriminación de sexo en la herencia de la jefatura del estado del rey nombrado por Franco. Esa discriminación sexual sólo afecta a UNA familia española, La intolerable es la discriminación por razón de nacimiento que afecta a TODAS menos a la privilegiada por decisión de Franco. Resuelto este problema el primero desaparece porque se aplicaría el art. 14 CE78 que ahora no se aplica. ¿Qué clase de constitución es ésta?

El actual Jefe del Estado debería recordar a Carlos I de Inglaterra, a Luis XVI de Francia y a sus propios antepasados Isabel II y Alfonso XIII. A él no se le reprocha ningún delito y, si quisiera, es decir, si tuviera talante democrático podría presentarse a las elecciones a Jefe del Estado de forma periódica como todos los demás españoles iguales a él ante la ley. Al menos en la primera elección saldría elegido y si lo hiciera bien saldría reelegido más veces.

Pero Felipe VI no es demócrata; él está encantado con la herencia totalitaria franquista que lo convierte en desigual ante la ley a los demás españoles. Prefiere seguir la tradición familiar dictatorial; se conforma con ser un dictador y parasitar una dictadura parlamentaria. Es lo mismo que hizo el malnacido de Fernando VII, el más perjuro y vil de todos los reyes que sufrimos, el que le quitó la corona a su padre, claro que él al final recuperó la dictadura absoluta trayendo ejércitos extranjeros a España para asesinar a los demócratas. Una vileza que repitió Franco del que nació la actual dictadura monárquica parlamentaria.

“Eso” es lo que es “esto”. No una democracia como repiten los mentirosos para ver si logran engañarnos.  No cabe confundir una democracia que elige periódicamente al Jefe del Estado y al Parlamento con una "dictadura monárquica parlamentaria" donde el Jefe del Estado “elige” a sus súbditos a los que les “permite” elegir un Parlamento mientras le paguen.

Leer más