Interesante el articulo ¿Reformas territoriales? de Francisco Sosa Wagner y Mercedes
Fuertes, catedráticos de Derecho Administrativo EL MUNDO, 15.11.2917). Estoy en
desacuerdo
Parto de mi duda
fundamental respecto al objetivo de la subcomisión parlamentaria que va a ocuparse de posibles
reformas territoriales. Dudo vayan a seguir el ejemplo que los autores recuerdan de Tácito, sine ira et studio. Muchos miembros del
parlamento viven en perpetua iracundia fruto de su creencia de tener la verdad
que les invade desde hace siglos.
La afirmación de los autores de que
no será “fácil porque España atraviesa
una época convulsa en la que se han roto muchos pactos que sirven de base a la
convivencia y, con ellos, los elementos de integración que son fundamentales
para pensar en alterar esta o aquella pieza del edificio constitucional”,
es errónea porque el “hayan renunciado a
asistir tres de los siete grupos políticos” según dicen los autores “pone de manifiesto la inexistencia de una
comunidad políticamente vertebrada”; pocos son los que puedan seguir
creyendo que hay “unos valores comunes
que todos comparten[y que eso] es el fundamento de ese artilugio que
llamamos Estado y la Constitución, ordenación jurídica de ese Estado, es el
receptáculo que recoge los esfuerzos sociales y los anhelos de esa comunidad.
Basta de mentiras; sobre todo de quienes se opusieron a la CE78 y ahora la sacralizan.
Sirvió para que murieran todos los golpistas que n el
ejército estaban dispuestos a dar otro golpe de Estado aún contra la dictadura
monárquica que inventó el dictador que dejó todo “atado y bien atado“. Le falló el 23-F pero la verdad que todos sabemos habrá
que esperar a que mueran sus patrocinadores que todavía siguen vivos para conocerla
oficialmente.
Dicen luego “la legitimidad de la Constitución sea un problema en buena medida de fe
en esos atributos compartidos e intereses comunes que permiten al grupo vivir
juntos y constituirse en Estado”. ¿De qué hablan si la CE78 fue ilegítima ab
origene? Sin solución de continuidad pasamos de la dictadura militar
ilegítima aunque “legalizada” a la
monárquica.
El reproche a los “populismos y nacionalismos separatistas”
que la han puesto en tela de juicio es reproche que merecen los partidos “de
orden”. Ninguno quiso acabar con esta legal ilegitimidad cambiándola por una
legal legitimidad.
Pero tienen razón al decir “de un lado, los populismos y, de otro, los
nacionalismos separatistas conforman el ejemplo de manual de una Constitución
carente de esos elementos de integración indispensables para hacer posible su
vigencia ordenada y fructífera. ¿Quién quiere que siga vigente una
Constitución donde estén ajustados a derecho las actuaciones de las FCSE y las
de la judicatura se deberían ser objeto de querella inmediata?
Es falsa la premisa de que hay “concepciones dirigidas a destruir el
patrimonio común que supone la existencia de un Estado que ha de ser indiscutido”.
Un Estado que esté al servicio de los ciudadanos tiene que cambiar a diario
para acomodarse al servicio que cada día le pide el soberano, que es el
ciudadano: ¡más y más!
El único credo común es el
democrático basado donde cada 4 años todo, Jefe del Estado incluido, se pone en
cuestión y sometido a aprobación o rechazo. Eso exige un cambio: reconocer que la
soberanía descansa en cada ciudadano, no en las instituciones. Éstas son
herramientas a su servicio. Con ellas se articula el ejercicio soberano y como
toda herramienta está condenada al desgaste y se substituye cuando se vuelve
obsoleta. El otro credo es el de instituciones sagradas eternas e intocables tasas
las que se disfraza la eterna dictadura.
No cabe esperar de las fuerzas denominadas “constitucionalistas” esta
renovación. Su
propio nombre revela su reverencia a esta constitución de la dictadura
monárquica. Confiarles a ellas esa tarea es como confiar el gallinero al
zorro. Para contar con ellas deben renunciar a ser constitucionalistas y
querer ser democráticas. No todas están dispuestas.
Dicen
los autores que “lo adecuado sería
confiar los trabajos de preparación de cualquier reforma a expertos.”. Estaría
bien si hubiera acuerdo sobre el objetivo: recuperar
la democracia que se nos escamotean ofreciéndonos sólo parlamentarismo. Lo
que se necesita, son políticos con espíritu democrático y visión de Estado. Sentadas
estas base, recuperar la democracia,
la tarea técnica sería mucho más fácil. Ocurrió en 1931: se cortó el nudo gordiano de la dictadura monárquica al huir el rey,
¿de qué temía tener que responder?, se
construyó una CE31 tan buena que para acabar con ella se necesitó un Golpe de
Estado terrorista, recordemos los textos de Mola, y el genocidio posterior, recordemos los hechos de Franco, para
acabar con ella. El espíritu democrático sigue vivo en los soberanos.
No
todo el problema es el aumento de “los
techos” ni el “aumentar el
autogobierno”. Ésa es la única vía que ofrece esta constitución de crear espacios
donde haya más democracia. Cabe la mayor eficacias jacobina que cree
democracia real en la corta distancia y la garantía de una transparencia
que impida las trapacerías y las deslealtades que todas son corrupción.
Los
derechos humanos se protegen con recursos económicos pero eso no permite
sacrificarlos para obtener esos recursos. Es necesario dar fin a este sistema
que, al revés de lo que afirman los autores ya está claro que NO “debemos ratificar la validez del sistema
instaurado hace años”; en algunos casos será “conveniente
rectificarlo” en otros erradicarlo: es decir, hacerlo desaparecer de raíz;
esa raíz corrupta que ya es un árbol frondoso.
Tan solidaria es o puede serla actitud del Estado jacobino como la del
descentralizado.
Lo que importa es que se arbitre una
fórmula de solidaridad transparente y progresiva como la del IRPF cuya
solidaridad habría que incrementar en su progresividad pero también en su lucha
contra la evasión y fraude fiscal.
Cabe ahorrar mucho en la faramalla
política descentralizada; también en la central donde, p. ej., sobra el Senado. Éste fue el último redil
reaccionario de las dictaduras regias al dejar de ser absolutas. Ya es tarde
para pedir “calma”, como hacen los
autores. Lo que se necesita es acción: sensata, pero urgente. Pero es
viejo el truco de crear comisiones para no resolver problemas. Las comisiones
son necesarias pero su objetivo es la acción inmediata.
Sin duda “los políticos a la violeta: abstenerse” pero también los partidos
corruptos.
Reclaman los autores: “cualquier corrección que se practique nunca
ha de ser para que los nacionalistas catalanes se sientan cómodos”; ¿hay
que procurar su incomodidad? Un sistema electoral como una circunscripción
única y el respeto al principio democrático un hombre (mujer o varón = un voto
sería un buen comienzo. Todos los españoles votaríamos a todos los partidos y
no sólo a los de “nuestra parroquia”. Todos nos representarían a todos.
Termina el artículo con una
lamentable falta de sensibilidad en la interpretación del conflicto en Cataluña
al describirlo “que todo ha quedado en
un temblor claudicante ante las puñetas de un magistrado del Tribunal Supremo”.
Ignorar que en el mejor de los casos de las puñetas sólo nace una legalidad y
muchas menos la justicia es una grave ignorancia. Los graves errores cometidos
por el Tribunal Supremo y aun por el Constitucional, la doctrina Parot, la
inhabilitación del juez Garzón, los plazos de aplicación en las preferentes,
subordinadas y en las cláusulas suelo, etc., etc. son sentencias que
desacreditan a sus autores.
Pero lo más descorazonador es la última
frase del artículo: En achaques
catalanes, la notación de la partitura a tocar es bien sencilla: hacer justo lo
contrario de lo que se ha hecho hasta ahora.
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