Interesante el artículo “Empatía
interterritorial” de D. Vallespín Pérez, catedrático de Derecho Procesal de
la Universidad de Barcelona(EL PAIS, 06.03.2018)
Parte el autor de un axioma: Cualquier intento de construcción razonable
de un nuevo marco territorial en nuestra Constitución, lejos de
posicionamientos unilaterales tendrá que pasar por la consecución, fruto del
diálogo, del máximo consenso posible. Tras ello añade Hay que partir de un principio de “empatía interterritorial” que nos
permita, dentro de un proyecto compartido y presidido por la lealtad, no solo
defender lo que se entiende como justo para una comunidad autónoma, sino
también comprender y, en su caso, aceptar, lo que lo pueda serlo para las otras
y estaría más de acuerdo si pusiera más énfasis en la “empatía interpersonal”
que si falla hace imposible la “empatía interterritorial”.
Mi precisión nace del abuso del término
territorial. Siendo correcto citar al contenido por el continente, su abuso altera
el fulcro de la política que es su único soberano legítimo, cada ciudadano; un
fulcro que no se termina de verse tras tantos años de dictaduras fascista que
pervive por falta de solución de continuidad.
Sólo respetando al individuo se respetarán las
unidades políticas consuetudinarias que siguen vivas. El diseño de cuya coordinación
debe hacerse no tanto sobre medievales derechos que nacidos para luchar contra
los privilegios hoy se desnaturalizan para conseguirlos en un mundo donde lo
importante es que “todas las personas son iguales ante la ley”, algo compatible
con que cada colectividad se organice como quiera, como se hace en la comunidad
de vecinos.
Todo es político, y es verdad, incluida la
economía que subyace tras todo acto político. Resalta con toda razón el autor
que “sin la complicidad y cooperación de
todas, cualquier intento de resolver un problema puede verse reducido a una
simple y buena intención condenada al fracaso y, en consecuencia, generadora de
una nueva frustración, cuando no conflicto” y eso es algo que recuerda el
art. 7.1 CC: Los derechos deberán
ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Gente leal, no “listos”,
es lo que necesita este país.
Sigue diciendo “debemos ser capaces de diseñar un nuevo modelo territorial, acompañado
de un nuevo sistema de financiación autonómica, que nos permita conseguir que
todas las comunidades sean tratadas, como se merecen, dentro de una España
adaptada a los nuevos tiempos y circunstancias” y repito mi objeción, no
son las comunidades sino las personas las que tienen que ser tratadas como se
merecen. Y como añade “Si Cataluña,
lejos de vías unilaterales, sabe ponerse en el lugar de los otros; y las otras
comunidades son capaces de entender, en paralelo, lo que muchos catalanes podemos
sentir, será mucho más fácil explicar, objetivamente, sin renunciar a unas
líneas generales comunes y armónicas, los hechos diferenciales que son propios
de cada territorio” insisto: los territorios no tienen hechos diferenciales
somos 7 mil millones de personas aburridamente iguales, aunque no idénticas.
No está tan claro que “si es factible una hipotética quita de la deuda de las comunidades
autónomas, cualquier propuesta … deberá afectar, en positivo, a todos los
territorios” porque es posible que alguna sea acreedora. Aunque sin duda “a la hora de diseñar un nuevo sistema de
financiación autonómica habrá que hacer compatible la toma en consideración, en
forma equitativa, de criterios a primera vista antagónicos, como los relativos
al volumen de población (que pueden interesar a Madrid o Cataluña) o bien al
coste real de los servicios públicos a financiar por cada comunidad en función
de su orografía o dispersión de sus núcleos de población (lo cual será puesto
sobre la mesa, a buen seguro, entre otras, por Andalucía, Cantabria,
Extremadura o Castilla-La Mancha)” de nuevo insisto en el error de
referirse a los territorios y no a las personas. Un territorio tiene “derechos”
estadísticos, una persona derechos fundamentales y esos son los que hay que
proteger ¡pero también desde el Estado!, y no desentenderse de ellos porque están
“cedidos” a las comunidades.
Dice el autor: “esta “cuadratura del círculo” solo podrá llegar a buen puerto mediante
concesiones recíprocas entre los diferentes intereses de cada territorio”;
pero esa cuadratura desaparece si hablamos de derechos individuales. Afirmar
que “el Estado deberá asumir, de una vez
por todas, que son las comunidades las que gestionan gastos crecientes, como
los relativos a sanidad, educación o protección social” no libera al Estado
de su obligación estatal de proteger el derecho del ciudadano si no recibe la
gestión territorial adecuada. Pare ello se debe interiorizar que el sujeto de derechos es el ciudadano, único
soberano legítimo bajo esta dictadura monárquica fascista en que vivimos.
Por eso
destaco el reiterado error de expresión, no lo creo de concepto, al identificar
al sujeto: “las comunidades, fruto del
principio de empatía interterritorial, deberán pensar, superando cualquier
tentación egoísta, en alcanzar un beneficio común e igualitario para toda la
ciudadanía como así exige una correcta comprensión e implementación del Estado
del bienestar”. La empatía o es personal o no existe.
El egoísmo es del rico frente al pobre, el rico
es igualmente insolidario con los pobres lejanos que con los próximos. Es un
error que debe corregirse hablar de pagos
de las autonomías ricas a las pobres. Se trata de devolución del exceso individualmente cobrado por los ricos, vivan
donde vivan, a los pobres de las autonomías
donde sobrevivan. Al convertirla en sujeto,
ella sólo es una recaudadora y distribuye, cree
que lo recaudado es suyo y que lo que redistribuye se lo quitan a ella.
Pero un recaudador es un empleado ese dinero no es suyo. En este caso sólo es
suyo una parte; la otra parte, que
es ajeno, debe devolverlo, que no pagarlo.
El IVA que se recauda localmente lo paga el
consumidor final, pero también paga el IRPF de los trabajadores incluido en el
coste del producto o el IS de las empresas fiscalmente domiciliadas en una
autonomía. Con esos impuestos indirectos se han de sufragar su escuela, sanidad,
atención a impedidos, carreteras, etc., de su autonomía. Si una autonomía aporta
ese dinero sólo devuelve lo recaudado que no era suyo. Eso se suele explicar
maliciosamente y por eso insisto en diferenciar al sujeto.
También se deben separar conceptos que no deben
mezclarse: “En el caso catalán, por
ejemplo, el diálogo, desde el respeto constitucional, sobre gran parte del
listado de reivindicaciones que el propio Gobierno de Cataluña presentó al
Gobierno español en abril de 2016; las inversiones en infraestructuras estratégicas;
el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña; o la
consolidación y protección de muchas conquistas sociales que hoy, fruto de
ciertas políticas, de aquí y de allí, están en grave riesgo e involución”.
De esta relación se debe excluir “el reconocimiento de la lengua, la cultura
y los símbolos de Cataluña” sobre el que no cabe acuerdo, sino respeto
incondicionado.
La solución, es claro, no es la de “vestir a un santo para desvestir a otro,
sino más bien por un incremento de la capacidad global de recaudación del
sistema tributario, una mayor autonomía fiscal de las diferentes comunidades,
la lucha contra el fraude fiscal y el impulso a los tributos medioambientales”
pero su mejor reparto ¡a nivel individual!, el sujeto de derechos es la persona,
no la comunidad territorial, es algo que se puede hacer de modo más inmediato.
Sin duda “todo
ello no puede esperar mucho más, ni aplazarse hasta el 2019” y no es indecente
que se condicione “a ciertos chantajes
referidos a la presión para la aprobación presupuestaria, a la comodidad de aquellas
otras comunidades de régimen foral que ya han negociado lo suyo, o a los
intereses electorales, a corto plazo, de unos y otros”
Por
cierto, quizá un planteamiento que evitaría muchas discusiones sería aplicar el
sistema de cupo en todas las comunidades. En ese caso los criterios de reparto
serían los mismos entre todos y por tanto sería más equitativo y daría fin a
los privilegios, sean medievales o no.
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