Es 04.11.2014; leo en Público: “Militares
de un regimiento acorazado en Valencia han sido instruidos durante dos semanas
en ejercicios de "control de masas" sin que se les explicara por qué
tienen que recibir esa formación. Dicen: "Según los mandos, hay que
estar preparados para todo, y más en los tiempos que corren".
Soy hombre de orden y respetuoso de la CE78.
Pese a su origen franquista y a que “respalda” una dictadura monárquica es la
que tenemos. No puedo creer que esté ocurriendo lo que dice ese periódico que está pasando pero soy
un científico y me tengo que rendir a la evidencia experimental. ¿Acaso la
corrupción de los partidos políticos en el poder, sea éste nacional o autonómico,
de las diputaciones o municipales ha abandonado su campo económico y se ha
pasado con armas y bagajes para organizar un golpe de Estado inconstitucional. Valencia
tiene sospechosas asociaciones de diversos generales: Milan del Bosch con Juan
Carlos I, Martínez Campos con Alfonso XII y el General Elio con Fernando VII. Triunfaron 2 a 1 y si no fue 3 a 0 cuando lo del 23-F no podemos olvidar que
el partido en el gobierno, como los anteriores, mantiene oculta a verdad e
impiden que historiadores y ciudadanos podamos saber a cuantos privilegiados
ciudadanos quieren proteger, porque su ley de transparencia lo es de opacidad.
El Ministro de Defensa, cuyo historial como
vendedor de armas dentro de la ley no lo convierten en una persona que me merezca
muchas garantías, tampoco es el último de la lista del Gobierno de quién no nos
fiamos. La Srª Mato y Dª Fátima le desbordan en méritos que son difíciles de
superar y para no ser tachado de machista por señalar sólo a dos mujeres el
Ministro del Interior puede completar el “trio de la bencina”; sus méritos no
le desmerecen.
Dice el art. 8,CE78: “1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las
bases de la organización militar conforme a los principios de la presente
Constitución.
La defensa de la soberanía e
independencia de España es una protección militar de tipo internacional frente
a otra agresión militar; quedan pues excluidas las invasiones en plan Isla de
Perejil. La actual agresión no bélica de los fondos buitre y del FMI es de carácter
civil y su resolución es cosa del Parlamento y del poder judicial pero también
de una Fiscalía del Estado a la que no terminamos de ver actuar ocupada como
está en asuntos infantiles.
La integridad territorial también
puede correr peligro en caso de insurrección armada interior, vulgo, golpe
militar. Ésta sólo está al alcance de las Fueras Armadas y nadie olvida que lo
intentaron el 23-F todavía bajo los misterios protegidos por el gobierno cómplice
por seguir ocultándolo. Desde la cúpula civil y militar hasta al último de los
soldados de reemplazo implicado en aquel golpe somos acreedores a muchas explicaciones que no
se nos pagan.
Por su parte, el ordenamiento
constitucional sólo se vería en peligro si alguien quisiera modificar la constitución
de modo violento. Al revés de lo que creen los nostálgicos del golpismo franquista
esa progresiva manifestación de rechazo a la continuidad de la dictadura militar
en la actual dictadura monárquica que él engendró es el mejor fruto del
ordenamiento constitucional al ejercer el
derecho a la libertad de opinión sobre la forma de Estado que cada uno prefiera.
Muchos, creo que ya somos mayoría, preferimos la democracia que sólo existe en
una república a la monarquía que, se vista de seda o de armiño, dictadura se
queda por más que se disfrace de parlamentaria, que Franco también tenía un
parlamento.
Los nostálgicos del franquismo
deben acostumbrarse a que el derecho de expresión permite hablar también a los lenguaraces.
Son los menos peligrosos; ya se sabe que ”perro ladrador, poco mordedor”. Me preocupan
más los que se esconden en cenáculos financieros.
Ninguno de estos casos permite
que el ejército intervenga en la vida cotidiana. Por eso se necesita saber quién ordenó un “entrenamiento”
que porque parece inconstitucional estaría poniendo en peligro la soberanía que
como nos recuerda la CE78 en su art. 1.2 “reside en el pueblo de donde emanan
todos los poderes del Estado”, uno de ellos son las Fuerzas Armadas.
La sospecha no infundada de
que se trata de actos inconstitucionales exige identificar a que presuntos golpistas
civiles o insurrectos militares están tras este entrenamiento partiendo del
hecho que parece indiscutible de que dicho entrenamiento ha tenido lugar.
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