Una norma de sentido común establece
que cabe ir en contra de los hechos objetivamente indiscutibles. Negarlo es comportarse
como el lobo de la fábula que le dijo al cordero que bebía en el río a la misma
vez que él: “te voy a comer porque con tus babas están manchando el río en
donde bebo”. El cordero sorprendido en su ingenuidad dijo: “pero si bebo aguas
abajo, no te puedo manchar el agua que beses”. “Aun en ese caso”, dijo el lobo
y se lo comió.
Un compañero de mi adolescencia
zanjaba las discusiones sobre qué hacer o no hacer con el siguiente argumento: “la
segunda razón es que no me da la gana, ¿te explico la primera?” Todos le
liberábamos de ese trabajo. Entonces nos parecía una actitud impertinente;
ahora me parece un actitud leal, no exenta de impertinencia, pero leal, porque renuncia
a engañarnos con argumentos falsos y dice claramente: yo no quiero y eso lo aceptáis
o no.
Mucha gente, sobre todo los
políticos, suelen negar la evidencia con una desfachatez que les caracteriza. En
una reciente declaración dijo la Srª Cospedal: "las manifestaciones de docentes
con camisas verdades las entendía como una manifestación de aprobación por lo
bien que están gestionando la enseñanza". Más sorprendente fueron los aplausos
que recibió ¿por descarada? ¿Tenemos los políticos que merecemos o ellos tienen
el pueblo que se merecen?
Otro comportamiento incoherente
de los políticos es reivindicar el
derecho que deriva de la CE78 y de las leyes pero oponerse a las decisiones de los
tribunales que son los competentes para decidir sobre la legalidad de las
leyes cuya competencia para dictarlas nadie les niega ¡pero sólo si respetan la ley que les otorga esa competencia! Algunos
ignoran la división de poderes y, como los dictadores, pretenden que los
tribunales acepten leyes inconstitucionales.
No se entiende que el Sr. Más
exija que no se respete la Constitución, ¡pero que se respete su derecho a
legislar que también debe respetarla! Como en el caso de la Srª Cospedal, no le
falta gente que le aplauda esa incoherencia con la realidad. Los políticos
españoles en general - ¡empezando por el alcalde del pueblo más pequeño –
tienen una indigestión de autoridad ¿democrática? - que también alcanza al Gobierno. No es sorprendente porque todos surgen todos del mismo pueblo ignorante de la diferencia entre derechos
democráticos, derechos fundamentales y derechos opinables. Y aunque algunos tienen título universitario. Da igual, todos sabemos que "lo que natura no da, Salamanca no presta."
El gobierno se ha encontrado, ¡y seguirá porque
cada vez la situación va a más!, que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) no hace más que echarle una detrás de otra las leyes que logra
que aprueba el parlamento ¡sólo porque tiene mayoría en él! Como los
dictadores, que tienen siempre mayoría en el parlamento, confunden la mayoría
con lo legal. El Gobierno acepta, a regañadientes, la decisión del TJUE; una
especie de super TC de la UE: se tragó la doctrina Parot, que pretendían que
las leyes posteriores se aplicaran a conductas previas; las leyes relativas a
las cláusulas suelo de las hipotecas; etc.
El Sr. Más tiene derecho a
reivindica su derecho ante el TJUE. No lo hará porque sabe que no le darían la
razón legal – otra cuestión son sus "razones" políticas - preferirá dejar la discusión en la previsible
sentencia adversa del TC y adoptar su planteamiento victimista: "España nos
roba", aunque son muchos y muy significados los catalanes que roban a catalanes y al resto de los españoles; "España no nos
quiere" aunque sea él quien no quiere al resto de los españoles, sean catalanes o no; etc. Separar el
ámbito de lo político y lo jurídico es ser leal con los ciudadanos, mezclarlo
es una forma de engañarlos. Pero como a la Srª Cospedal siempre encontrará turiferarios que lo aplaudan.
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario