El Gobierno
de esta dictadura monárquica que hay en España alega que la reforma de la
justicia universal que ha aprobada " homologa nuestro régimen
jurisdiccional con el de países como Francia, Alemania, Reino Unido o los
Estados Unidos de América" revela la infinitud de su descaro.
En primer
lugar tres de esos regímenes son repúblicas democráticas, pero tampoco es
posible la homologación con el Reino Unido porque su dictadura monárquica, al
menos, es consuetudinaria y la de nuestra fue impuesta por la voluntad de un
dictador y del jurado heredero de su dictadura el abdicado monarca del
Movimiento Nacional Juan Carlos I.
La cuestión se plantaba en términos absolutos
de derecho a la justicia no en el infantil argumento de “y tu más” propio
de delincuentes. Los USA con su reciente historia de Abu Graib, la vigente de
Guantánamo y la Patriotic Act en pleno ejercicio les “concede” - y la ejercen a diario- licencia para matar
donde y a quien les venga en gana son un exponente de injusticia nacional y
universal tan perfecto como Israel que
tiene ese derecho concedido por el mismo dios de Abraham que reivindican los
musulmanes igualmente asesinos-
Es un
descaro declarar que la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) "en ningún caso elimina la posibilidad de perseguir delitos de
tanta gravedad como el de genocidio y lesa humanidad, o los delitos de terrorismo,
piratería, narcotráfico y otros" tras
recibir la felicitación del Gobierno Chino al ver que con esa reforma ya
no se perseguía el delito de genocidio del que estaban acusados sus dirigentes.
Añadir que la reforma ofrece vías más eficaces para combatir y reducir la
impunidad de los delitos más graves a los que nos enfrentamos revela que el
Gobierno actual no tiene límites intelectuales.
El
argumento de que se quiere promover “que el país competente o el Tribunal Penal
Internacional, juzguen este tipo de delitos” es una falsedad porque, p. ej., ni
los USA, ni Israel ni China aceptan la competencia del TPI para enjuiciar los
delitos que ellos cometen.
Precisamente
esa modificación lo que hace es garantizar que cuando un Estado no tenga
jurisdicción para enjuiciar unos hechos determinados carezca de los mecanismos
necesarios para facilitar su persecución por quien, debiendo perseguirlos (el
Estado con Jurisdicción de acuerdo al Derecho Internacional o el Tribunal Penal
Internacional), la complicidad de ese estado con los delincuentes, o el propio
estado delincuente garantizará un inmenso espacio de impunidad.
La
conclusión del Gobierno de que “la nueva regulación del artículo 23.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, autoriza la atribución de Jurisdicción a los
Jueces y Tribunales españoles, en todos los delitos relativos al tráfico ilegal
de drogas en alta mar, previstos por los Convenios Internacionales" revela
su capacidad para declara que los lunes son jueves si así lo deciden las Cortes
Generales. De hecho ha declarado que el ciudadano Felipe es un rey democrático
lo cual no nos debe de sorprender porque hace tiempo ya declaró que el
finiquito de Bárcenas era un finiquito en diferido.
Con la ley
aprobada que permitió, gracias a la intervención del juez Garzón, que los
chilenos pudieran desembarazarse del dictador Pinochet al que, en caso
contrario, hubieran rendido un homenaje en su fallecimiento, España había
recuperado la dignidad adquirida con el Padre Victoria como creadora del
Derecho Internacional y ahora se ha quedado a la altura de cualquier dictadura
o de las Repúblicas que, aunque democráticas, reivindican el derecho al
asesinato de Estado o al asesinato de los que le molesten.
Está claro
que ¡no nos representan!
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