Interesante el trabajo “Investidura telemática” de Agustín Ruiz Robledo, catedrático de
Derecho Constitucional (EL PAIS, 16.01.2018)
Es sensata la pregunta: “Imaginemos, por ejemplo, un accidente, una
enfermedad repentina, un embarazo de alto riesgo o cualquier circunstancia que
obligue al candidato o candidata a guardar cama durante meses, pero sin estar
incapacitado intelectualmente. ¿Tendría sentido mantener la situación de interinidad
gubernativa pudiendo realizarse el debate telemáticamente? ¿Nos habría parecido
una ocurrencia si Rajoy se hubiera visto impedido de acudir al debate de
investidura de 2011 y todos los grupos del Congreso hubieran pactado realizar
el debate telemáticamente? Con toda probabilidad, la preocupante situación de
España en esas fechas hubiera aconsejado esa forma excepcional de celebrar el
pleno de investidura”. Por eso sorprende su conclusión: El problema subyacente es si podrían
hacerse esos cambios reglamentarios para permitir que Puigdemont sea investido
presidente sin pisar suelo español. Y ahí es donde la respuesta debe ser, en mi
opinión, un rotundo no.
El argumento para prohibir lo que
reconoce que no es razonable es que Puigdemont
[está] en Bélgica: para evitar que
se le aplique el auto de la Audiencia Nacional, de 3 de noviembre de 2017, por
el que se ordenaba su busca y captura e ingreso en prisión.
Después de ellol “razona”: “Por tanto, modificar el reglamento parlamentario
para permitirle participar a distancia en la sesión de investidura no sería una
forma de garantizarle su derecho a participar en los asuntos públicos, sino que
sería una actuación sin precedentes de un poder legislativo para soslayar una
orden del Poder Judicial”.
Es un ”razonamiento” erróneo. Puigdemont está a disposición de la justicia española de acuerdo con los
términos de la justicia europea que España ha declarado respetar. Por tanto la cuestión
hay que planteársela en otros términos ¿respeta
la justicia española la justicia dela UE o no? La respuesta es evidente: la
justicia españo0la no respeta la de la UE.
Pero el autor insiste en su error: “jurídicamente, esa actuación sería un
fraude de ley para enmascarar un ataque a la división de poderes, en flagrante
violación del deber de lealtad institucional, que el Tribunal Constitucional ha
señalado en numerosas ocasiones como uno de los grandes principios implícitos
en el Estado autonómico y que el Estatut de 2006 ha recogido explícitamente en
su artículo 3: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan
en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio
general según el cual la Generalitat es Estado”.
Es un error craso: el fraude de ley lo cometerían los “tribunales
de justicia de la dictadura monárquica fascista que soportamos sin solución de
continuidad desde 1975 y el Gobierno de España si recurriera esa personación telemática.
Lo revela que de la petición de extradición
se eliminaron algunos delitos de los que, sin embargo, se acusa a unos políticos
catalanes que están encarcelados, tan
ciudadanos europeos como el Sr. Puigdemont
cuyos derechos en Bélgica son distintos que los de que residen en España. Se hizo porque se sabía que lo actuado
en Cataluña no es delito fuera de España - ¿no
define eso los delitos políticos? Si al final se concediera esa extradición
no se les podría acusar de ellos de esos y se demostraría lo que sabemos todos:
los derechos de un ciudadano europeo
en España son menos que en otros países
de la UE porque la justicia está politizada. Son muchas las sentencias del
TS y del TC revocadas por los Tribunales de la UE.
Eso lo saben los autores de la
sentencia; eso permitiría una querella contra ellos por prevaricación; espero
que pronto algún colega lo haga ¡porque ya está bien de que la justicia de este
régimen monárquico y por ello dictatorial prive dela libertad a un ciudadano.
No hay indemnización que pueda compensar sobre todo porque se hace incumpliendo
el art.7.1CC: “Los derechos
deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”, y no la hay.
¿Qué pasará con el Sr. Junqueras y demás
presos? Tras sufrir la justicia que les niegan los tribunales de esta dictadura
monárquica en el nombre del Rey de España acabarán viendo revocadas esas
sentencias. La pregunta es triple: ¿cómo
se indemniza la privación de libertad?; ¿cómo se indemniza la prohibición del ejercicio del derecho de representación
ciudadana?; y, sobre todo ¿cómo se
indemniza a los ciudadanos catalanes, que además de serlo de España lo son de
la Unión Europea a los que no se respetó su derecho a elegir como representante
a quienes ellos quisieron?
Ese es el daño antidemocrático fruto de la ilegalidad e ilegitimidad de
esta dictadura monárquica fascista. Su ilegalidad e ilegitimidad nace de la doctrina jurídica
que reputa como “frutos putrefactos los
que nacen del árbol corrompido” del fascismo. De esas leyes fascistas que juró cumplir y hacer cumplir el papá de la actual dictador al que
nombró dictador con el título de rey del reino que se inventara tras acabar con
la democracia en España, terrorismo, guerra y genocidio mediante, el dictador
militar, Franco. Su heredero y continuador le otorgó las máximas alabanzas que
nunca salieron de su boca. No era para menos.
Llegado a este punto, concluye el autor, solo me queda
aplicarme el famoso lema electoral de Bill Clinton, ligeramente modificado: no
es el derecho parlamentario el que impide en última instancia la investidura telemática
de Puigdemont; es la división de poderes, ¡estúpido!
El final de su frase es también un
error; creo que tendría que haber terminado de otro modo: “aquí no hay división de poderes que esto sigue siendo una dictadura,
¡estúpido!”.
¿Hasta cuándo durará la dictadura monárquico fascista? nos preguntamos los que por ser demócratas
somos republicanos. Cada día falta un día
menos. Cada vez el árbol está más
podrido; cada vez la corrupción es
más ostentosa; cada vez, aunque acogidos a la sombra de árbol podrido, son más los corruptos desenmascarados
por los jueces justos que ninguna dictadura puede evitar que existan.
Bien es verdad que con sus inicuas
leyes corruptas la inmensa mayoría no irá a la cárcel ni devolverá lo robado,
porque para eso todo quedó, con el nombramiento del primer dictador monárquico
del fascismo “todo atado y bien atado”
para seguir privándonos a todos de nuestro derecho a recuperar la democracia
robada y sus derechos de igualdad, libertad y fraternidad, incluido Vd., amable
lector que me lee y a mí que aquí finalizo mi escrito.
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