Es
interesante el artículo “El deber de desobediencia civil” del Prof. Laporta, catedrático
de Filosofía del Derecho de la UAM (EL PAIS, 16.08.2017); parte del recuerdo
del segundo centenarito del nacimiento de Henry David Thoreau al que cita: “La única obligación que tengo derecho a asumir es la de
hacer en todo momento aquello que considero recto”.
Señala el Prof Laporta que “La
fuerza de una convicción de conciencia puede suspender la obligatoriedad
jurídica de una norma del derecho vigente” aunque reconoce la dificultad del ejercicio
de esa fuerza que, contrariamente a lo que dice, no fue desconocida en el viejo
continente .Recordemos a S. Agustín cuya definición de ley: “la ordenación de la razón promulgada por
quien tiene a su cuidado de la comunidad” implica el derecho a no obedecerla
por el desorden de su irracionalidad. Fue mucho más allá el P. Mariana: “Cualquier
ciudadano puede con justicia asesinar a aquel rey que se convierta en tirano
por imponer impuestos a los ciudadanos sin su consentimiento, expropiarles
injustamente su propiedad o impedir que se reúna un parlamento democrático”. Esa tesis ya fue puesta en práctica con
Julio César; en época de Mariana con Enrique III y Enrique IV; mas tarde y con más
formalidad con Luis XVI; falló con Hitler y Franco pero la sufrió de modo ultrajante
Mussolini. Se trata de ideas que se
pueden calificar de “libertarias”: “El
mejor gobierno es aquel que no gobierna en absoluto”, pero coinciden con
las del capitalismo que rechaza la intervención del Gobierno.
En los sistemas
constitucionales, característica que no
es sinónimo de democráticos, señala el Prof. Laporta la paradoja de “que se desobedece el derecho para
reclamar obediencia al derecho mismo” tras lo cual establece
un paralelismo entre el rechazo de los jóvenes norteamericanos a la guerra del
Viet-Nam y la situación en Cataluña y no lo es tanto.
Dice
el Prof. Laporta que en Cataluña “Un
Gobierno legítimo está dando pasos deliberados para situarse fuera de la
Constitución y del Estatut”, pero lo que ese Gobierno alega es que “El gobierno legítimo de España ha impedido
el ejercicio democrático de la libertad de opinión que consagra la Constitución
en fraude de ley” porque el art. 1.1 dice “España se constituye en un estado social y democrático de derecho”
democracia que no puede prohibir una consulta cuya prohibición a conducido a
los “lodos del procés”.
Es
evidente que “desconexión no puede
significar sino abandono de la legalidad”, pero la que se considera ilegal,
que esa es la esencia de la desobediencia civil: ”apelar al derecho anterior para desobedecer el nuevo derecho producido
como consecuencia de esos actos ilegales” es lo mismo que “apelar al nuevo derecho para desobedecer el
anterior derecho como consecuencia de sus actos ilegales”. Todo depende de
donde considere que se produce la ilegalidad el ciudadano “desobediente”,
convertido en su propio juez. La razón
para desobedecer al Gobierno del
Sr.Rajoy que impidió la consulta no vinculante que provocó “los lodos actuales”
tiene
la misma esencia de desobediencia civil que la razón para desobedecer al
Gobierno catalán para oponerse a colaborar en la “desconexión”: rechazar lo ilegítimo.
La lógica del
Prof. Laporta: “Solo en la medida en que
ese derecho a desobedecer civilmente se extienda más y más, las operaciones
políticas del procés comenzarán a funcionar en el vacío y el proyecto colapsará
por sí solo, como un edificio carente de cimentación” tiene su reflejo
especular: “Solo en la medida en que ese
derecho a desobedecer civilmente se extienda más y más, las operaciones
políticas del procés comenzarán a cimentarse y el proyecto se consolidará”.
La
referencia al art. 11 de la ley de la policía autonómica dice que “en ningún caso la obediencia debida podrá
amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes” deja en su mente decidir qué decisión si “entienden”
más conforme con la Constitución y las leyes para de desobedecer a uno o al
otro y como el Prof. Laporta señala “no parece demasiado forzado trasladar ese mismo
razonamiento a funcionarios, interventores, servidores de las agencias,
trabajadores públicos en general” en su
defensa del derecho a la desobediencia civil que individualiza al máximo cuando
afirma: “Lo que quizás cabría
recordarles es que han de hacerlo pública y notoriamente, dándole a sus actos
todo el hondo sentido jurídico que lleva consigo la actitud de la desobediencia
civil”.
La reivindicación
de que los ciudadanos “son titulares de
ese derecho a defender sus garantías y sus leyes frente a un Gobierno o un
Parlamento catalán desconectado, es decir, arbitrario e ilegal”, hasta el
punto de señalar que “es también un
auténtico deber moral de ciudadanía” poniendo
como ejemplo lo que escribía Thoreau: “si
unos cuantos miles de ciudadanos dejaran, por ejemplo, de pagar sus impuestos a
un Gobierno como ese, esa no sería una conducta tan injusta e ilegal como
pagarlos para sostenerlo y perpetuar su arbitrariedad”, es la justificación
que el Prof. Laporta ofrece a todos los
ciudadanos tomen la decisión que tomen para defender su derecho frente a la
sanción que pretenda imponerles el poder que gane en la disputa si pretende
ejercerlo de modo sancionador.
La opinión
del Prof. Laporta es que se debe
desobedecer al Gobierno de la Generalitat, pero con su misma argumentación se debe obedecer al Gobierno de la
Generalitat yendo de la mano de la cita del Sr. Thoreau. Pero me temo que uno de los dos gobiernos,
si prospera su tesis ejercerá su poder de modo nada respetuoso con los que
ejerzan el derecho que se les reconoce a la desobediencia civil.
La memoria
histórica, esa que algunos quieren que se ignore, impide olvidar qué fue lo que
les pasó a los que defendieron la legalidad vigente manos no de los que ejercieron la desobediencia
civil, sino de los que violaron la constitución desde su primer artículo pero violentamente
con las armas en la mano sin respetar inocentes porque de lo que se trataba era
“crear el terror”, como dejo escrito el General Mola. Ahora al menos, no hay terroristas que
puedan violar la Constitución o el Estatut con las armas en la mano aunque
más de un loco lo haya pedido.
Confío que
el Prof. Laporta aceptará defender a los que es previsible que se les quiera
sancionar por ejercer la desobediencia civil creyendo que la Generalitat tenía
la razón.
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