Interesante
artículo el de D. Jesús Sánchez: ¿TENEMOS
UN ESTADO DE DERECHO? (ABC, 04.01.2016). Tras su lectura yo contesto NO; una
dictadura, aunque sea monárquica, sobre todo si la invento un dictador, no es
un Estado de Derecho por mucho que esa falsedad conste en el primer artículo de
la constitución “atada y bien atada” de 1978.
Señala como causa de sus dudas el escenario
político emergente en Cataluñaa obligada a repetir las elecciones. Me temo que
el Sr Rajoy repetirá este vodevil con más sinrazón pues tiene menos respaldo
que el Sr. Mas. Lo veo dispuesto al fraude de ley de agotar el tiempo
gobernando como Presidente provisional en plan “que me quiten lo bailao” cuando
sabe, como sabía el Sr. Mas, que nunca será investido Presidente en esta
legislatura.
Denuncia las numerosas reformas legales
urgentes y pendientes recordando a Hauriou que reivindicaba “la sabia lentitud
de los legisladores” al señalar la baja calidad de los que tenemos: varias
reformas en la misma legislatura de las normas recién reformadas, modificación tras
un solo mes de vigencia, derogaciones hasta a los 72 h de su vigencia y todas “erizadas
de disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias …” que hacen a que al pronunciarse
el TS ni existen las leyes ni los ciudadanos afectados. Denuncia también la
demora en el juicio por el caso Noos aunque no cita ninguno de los demás casos
de corrupción todavía pendientes.
Hay una censura a la mala gestión política de
la pendencia del Sr. Más desde Cataluña al criticar la respuesta “no se puede
hacer nada, pues todos han de respetar la Ley” preguntando: “¿Se imaginan que
Don Torcuato Fernandez Mirando le hubiera dado esa respuesta al Presidente Suárez?”.
Es tarea del Parlamento derogar leyes obsoletas y crear nuevas leyes para
acomodarse a nuevas realidades. Quien sacraliza la ley normalmente suele ser un
rufián.
En relación con el caso Noos - paradigma de la
cleptocracia en la que vivimos - lamenta que fijado en un mes la Ley de Enjuiciamiento
Criminal del S. XIX el plazo para la instrucción penal, el caso Noos lleve un
lustro. No obstante ese perjuicio es más por el respeto a los derechos de los
imputados - que provocan demoras procesales - que a otras causas. Y en cuanto a
la pena de “linchamiento público”, si excusar el riesgo, y es oportuna la cita del
caso de Demetrio Madrid víctima olvidada de este sistema, cuya consecuencia
lamentable fue la emergencia del Sr. Aznar, no es menos cierto que muchos
pequeños condenados hubieran visto aliviada sus penas de haber dispuesto de la divulgación
en el telediario de los juicios en los que han sido condenados.
Rechazo la calificación de “remedo inquisitivo”
que da a la acusación popular. Es todo lo contrario: el último atisbo de soberanía
del pueblo en su demanda de justicia. Pero vivimos bajo una dictadura
monárquica parlamentaria; no existe “un Estado moderno con instituciones
solventes”; basta recordar por las numerosas revocaciones que hizo el Tribunal
Internacional de Justicia de la Unión Europea de resoluciones del TS y del TC:
caso Parot, desahucios, clausulas suelo, etc. La exclusión del juicio oral de
la acusación popular “cuando el Estado no sostiene la acusación” es el último
secuestro de la soberanía propio de esta dictadura que politiza la justicia
dada la jerarquización que tiene el Ministerio Fiscal cuyo nombramiento procede
del Gobierno.
El derecho a la “acusación popular” es coherente
el hecho de que “la soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los
poderes del Estado” (art. 1.2 CE78). Por eso, como no es mentira que así sea: en
esta dictadura monárquica el poder del Jefe del Estado emanó del dictador y
genocida que acabo con la democracia en España, ¡hasta este último resquicio nos
han robado! ¡Todo para el pueblo pero sin el pueblo! es la divisa que identifica
a las dictaduras que pretenden disfrazarse de democracia; pero como dice el
refrán “mona se queda”.
La reflexión
del articulista surge por el caso Noos que se inaugurará en breve. Se lamenta
diciendo que “tres magistradas afrontan un desafío crucial. No tanto por lo que
allí pase, sino porque de lo que hagan dependerá, en gran medida, sentirnos
seguros”. ¿Cómo vamos a estar seguros bajo este régimen corrupto y dictatorial?
Como en
toda dictadura las leyes no se cumplen por razones políticas; como la de la
memoria histórica porque los miembros del cuerpo legislativo niegan la realidad:
sigue habiendo cuerpos de asesinados por los golpistas que inventaron esta dictadura
monárquica; más aún, agravian a sus herederos diciendo: ”Vds. quieren
aprovecharse de la financiación del Estado”.
Además, bajo
esta dictadura se inventan leyes por razones políticas para favorecer a los defraudadores
a Hacienda; o se deja sin sancionar el fraude de ley que comete Bankia a diario
que se opone a las demandas de sus víctimas - ¿ hay presunción de inocencia o
certeza de culpabilidad? Felizmente sobre ellas gotean una a una la condena Bankia.
O modifican las normas municipales, como la Srª Botella, para vender pisos de protección
oficial a fondos buitre.
Termina el
artículo con una nota de optimismo: “Mientras, los españoles han dejado a los
políticos un regalo educativo: aprender a dialogar” y eso está bien pero yo no
soy optimista.
Pese al
cambio de composición del Parlamento en este año en el que se cumple el 80 aniversario
del golpe de estado militar que engendró la actual dictadura monárquica parlamentaria
-¡Franco también tenía un parlamento! - el Parlamento no pronunciará y mucho
menos el Jefe del Estado una condena sin paliativos al golpe de Estado y a
todos los golpistas, ni privará de sus títulos nobiliarios a los que los
lograron con su genocidio y ni siquiera a exigir que dentro de este mismo año
desaparezcan de todos los callejeros de España los nombres de los golpistas y
de los asesinos que siguen deshonrando nuestros pueblos y ciudades.
¿Se puede
ser optimista? Pese a esta realidad sí se puede. Felizmente la III se acerca y
a la tercera irá la vencida. No habrá más golpes de Estado que nos vuelvan a traer
a los borbones.
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