Con profunda estupefacción leo una noticia referida
al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que considera "un ataque directo y sin paliativos a la
independencia judicial" las convocatorias ante el Palau de Justícia para
apoyar a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consellera Irene Rigau,
citadas a declarar este martes como imputadas por organizar el 9N”.
Quiero pensar que la noticia no responde a
la realidad. Es decir, que el TSJ de Cataluña no se reunió y tomó ese acuerdo
por mayoría y que se trata de una licencia periodística que busca la notica
escandalizando a los lectores haciendo de una simple opinión la representativa
de su mayoría o, sería todavía mucho más preocupante, de la unanimidad de sus
componentes.
Al parecer se trata solo - ¡y ya nos
parece excesivo! - de un comunicado de la Comisión Permanente de la Sala de
Govern del TSJ. Los comunicados de prensa tienen el valor que tienen. Vaya Vd.
a saber cuál fue la noticia que se dio, quién la dio y como de fiel fue la que emitió
el encargado de comunicar la noticia a la prensa.
Es un vano intento de salvar la buena imagen
que conviene que el ciudadano tenga de sus empleados en el TSJ de Cataluña tras
leer la noticia entrecomillada: "Resulta
todavía más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y
encabezada por representantes públicos, algunos con funciones de Govern".
¿Sufrirá Alzheimer el autor del texto y ha
olvidado qué dice el art. 21.2 CE78?: “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes”. De nuevo establecemos
esta hipótesis para echarle un capote -
aunque en Cataluña los toros son ilegales las personas pueden también
desmandarse - e intentar salvar semejante alarde de ignorancia.
En este olvido se incluye el art. 14 CE78: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social” porque no cabe
entender por qué se “resulta todavía más
inadmisible” la presencia representantes públicos entre los manifestantes.
¿Acaso se les puede discriminar por esa “circunstancia
personal o social”? El empleo que cada uno tenga no anula su condición de ciudadano;
de ella nace el derecho a manifestarse a favor o en contra ¡de lo que a cada
uno le dé la gana y por las razones que a él le parezcan suficientes! Es un
derecho fundamental. Proteger su ejercicio es tarea del TSJ de Cataluña y no cuestionarlo
con este penoso comunicado de la Comisión Permanente de la sala del Govern.
El texto cae en el ridículo, seamos de
nuevo benevolentes, al añadir la Comisión que considera que "cuestionar de manera interesada que la
actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos,
promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituyen
una negación de las bases" de la convivencia política.
¡A
ver si se aclaran! La convivencia política es algo opinable. Cada
ciudadano tiene su propia opinión sobre qué bases de una convivencia política le
parecen adecuada y cuáles no. Por ello tiene derecho a manifestarse apoyando las
que le gusta y rechazando las que le disgustan.
Si a la vista de ciertas actuaciones
políticas se genera en él desconfianza social es de agradecer que lo manifieste.
Sus autores conocerán así que han perdido la confianza ¡al menos de los manifestantes!;
ello les da la oportunidad de reflexionar sobre si se han equivocado o no.
¿Es admisible que en pleno S XXI haya
gente rasgándose los uniformes sean o no togas?
Es hora de que quede claro que lo único digno de
absoluto respeto es el ser humano.
Todo lo que él cree o en lo que crea, ¡sin
excepción!, no rebasa el nivel de una mera opción entre otras muchas. Todas merece
mucho menos respeto lo que no quiere decir que no merezcan ninguno, que es el
caso de alguna de esas creaciones y de esas creencias ¡se hayan ilegalizado o
no! Entre esas creaciones están los Tribunales de Justicia, un parte del poder
ejecutivo, cuyos miembros son meros empleados del ciudadano ¡tengan o no
uniforme!
No es infrecuente, por desgracia, que a la
gente menguada el uniforme le haga sentirse superior al ciudadano ¡a cuyo
servicio está!, algo que deber resolverse por la vía de la educación.
Es impensable que los magistrados de ningún
TSJ ignore que el uniforme sólo busca hacer más visible su carácter de empleado
del ciudadano en el que “reside la
soberanía de la que emanan todos los poderes del, Estado” (art. 1.2 CE78.
Por eso ellos, sus empleados, deben proteger su derecho a manifestarse -
absteniéndose de censurarlo - opinando lo que le dé la gana sobre todo lo que
le parezca oportuno. Quizá procedería una nota rectificando lo dicho.
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