Según un
informe de Europa Press el Ministerio de Defensa, heredero de las competencias
que tenían los Ministerios de tierra, Mar yAire de la dictadura miliar anterior
a la actual monárquica admitió este domingo su participación en el proceso
de repatriación de los restos de los españoles
que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon en la División Azul del lado de
Alemania y su colaboración, para ese fin, con la Asociación de Españoles
desaparecidos en Rusia de lo que nos hemos enterado cuando el diputado Sabino
Cuadra se lo pregunto al titular Sr. Morenés y nos parece decente atender la petición
de sus familiares y correcto que el Estado pagara por ello a la Asociación de
Españoles desaparecidos en Rusia. ¿Acaso no fueron enviados por el Gobierno
franquista?
Haberlo hecho
usurpando la legalidad vigente sólo permitiría al Estado repercuta los gastos
en las familias de los ministros que usurpaban el poder. Pero es indecente que del
Sr. Morenés obligue a pagar a las familias de las víctimas del franquismo.
Mas
indecente que la ocultación de esta realidad es la actitud del Sr. Morenés - que
representa el espíritu que anima a este gobierno directamente heredero de la
derecha que apoyó el golpe de Estado y del franquismo pues uno de sus ministros,
el Prof. Fraga, fue el fundador del PP que lo soporta. Él se opone “de facto” a
la exhumación de las víctimas asesinadas por los golpistas a lo largo de estos
40 años de dictadura militar. Que de 2006 a 2011 se destinaran más de 25
millones a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica - 8,2
millones, casi el 40 % dedicados a la localización de 2.382 fosas con 45.134
víctimas identificadas - revela la iniciativa del gobierno socialista ¡no del gobierno
del PP! que no quiere resarcir “de facto” a las familias de las víctimas de
muchos antepasados de sus militantes y votantes.
Que
justifique esa suspensión financiera producida en 2012 por la situación
económica que creó la propia derecha durante el Gobierno del Sr. Aznar con la burbuja
inmobiliaria y la estafa de las preferentes y subordinadas es un acto de cínica
desfachatez. Y también lo es la declaración de que “ese gobierno” se compromete
al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Que se reconocieran más de un
centenar pensiones a homosexuales encarcelados
en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social no
permite ocultar que el Gobierno no piensa reabrir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura porque sus funciones las realiza igualmente la
División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia que ¡no
hacen nada!
El descaro
alcanza su cumbre cuando para “demostrar la menor demanda ciudadana” dice que
si en los primeros años de vigencia de la ley las peticiones rondaban las 10.000 anuales, en
2012 fueron 4.295 y en 2013 descendieron a 1.316. Eso sólo prueba cómo se puede
actuar desde la oferta - la nula disposición del gobierno - eliminar la demanda
además de por fallecimiento de sus víctimas.
¿Quousque tándem Rajoy abutere patientiam
nostram? Hasta que los ciudadanos niegue su respaldo a quienes siguen atropellando
los derechos de las víctimas de la dictadura militar que siguen siendo víctimas
bajo la actual dictadura monárquica que ella engendró en su seno ¡por lo que se
ve para continuar atropellando a las mismas familias hasta su muerte.
El 14 de
abril de 1931 en unas elecciones municipales el pueblo recuperó la libertad y
la democracia que no le dejaron constituir legalmente cuando quiso proclamar la
Constitución de la I República española. En 1874 un General, Martínez Campos,
impuso a un Borbón contra la voluntad expresa de su pueblo que los había echado
¡incruentamente (Isabel II). En 1931 sí logró proclamarla por huída conejil del otro dictador monárquico borbónico el
condenado Alfonso XIII que ni con un autogolpe, el del General, Primo de
Rivera, logró doblegar la voluntad de libertad y democracia perenne en los
españoles.
Los tiempos
han cambiado. No queremos que se repita una huida conejil como la de entonces.
Esperamos simplemente que el sentido natural exigible a cualquier ser racional y
decente respeto a la democracia y al derecho del pueblo a ejercer su soberanía
¡la única legítima, porque “la soberanía descansa en el pueblo de donde emanan
todos los poderes del Estado” (art. 1.2,CE78).
El primero que
debe respetar ese artículo es el Jefe del Estado actual. El sabe perfectamente,
pues además ha tenido una suficiente educación jurídica y política en ese
sentido como para no poder alegar “ignorancia invencible”, que su poder NUNCA
emanó de la soberanía popular. Que se empeñe en ejercerlo en esas condiciones
sólo nos deja una opción: ¡repetir el éxito de1931!
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