Afirmábamos el otro día que todos
los energúmenos que reclaman la defensa de la Constitución Franquista de 1978
no sólo no la han leído sino que las constituciones les importan un pito,
¡sobre todo si son democráticas! La defensa de la actual, que no lo es, se debe
a las mismas razones por las que defendieron el atropello por Franco y sus
secuaces de la Constitución de la II República, que ésa sí que era democrática:
les produce beneficios violar aquella constitución francamente, como les
produce violar ésta a través de la corrupción.
Mantienen intactas sus ganas de
volver a organizar una guerra civil, del mismo modo que hicieron la anterior, levantándose
en contra de la ley; pero no porque aquella ley fuera injusta sino porque era
democrática. La actual constitución es ilegal. Eso justifica de sobra que se
busque su derogación como algunos pretendemos por la vía política y pacífica de
las elecciones como ocurrió con la última dictadura monárquica, instaurada
también por otro golpe de estado de otro militarote. Por eso los no demócratas
franquistas defienden su ilegalidad porque
es una continuación de la dictadura militar “atada y bien atada” con el
disfraz de la dictadura monárquica -.
A todos estos energúmenos los
derechos humanos - basta ver el atropello que cometen a diario incumpliendo la
ley de memoria histórica - les traen sin cuidado. Más grave es el que aunque leyeran
la Constitución franquista no sabrían entender lo que dice. Cuando en el
artículo 16 dice: “1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley” no lo entienden.
Su irritada alienación nubla su capacidad intelectual; no
entienden que opinar y pretender un cambio es una parte de la libertad
ideológica. Querer cambiar esta ilegal constitución franquista y substituirla por
una verdadera constitución republicana, ¡incluso aunque su ámbito sea sólo el
de una pretendida república catalana!, que es el ámbito dentro del cual esa
constitución franquista le ha concedido competencias.
¡Es que alteran el Orden Público!, siguen vociferando. Qué es
el Orden Público para un franquista, o para sus descendientes lo tengo muy
claro.
Recuerdo que durante la dictadura militar que precedió a la
actual monárquica un policía me retiró de un modo abusivo el documento de
identidad. Tuve que ir a recogerlo a la Dirección General de Seguridad donde
tuve la suerte de no pasar por ningún calabozo ni tirarme “voluntariamente”
desde una de las ventanas de los últimos pisos. Allí recibí una amistosa
reconvención cuando negué estar alterando el Orden Público. El Orden Público,
me dijo mi interlocutor, es un concepto jurídico indeterminado. Fíjese Vd. me
explicó, si dos ancianas se paran a la salida de misa en la puerta de la
iglesia el domingo y no dejan salir a los demás feligreses alterando su deseo
de salir eso se podría considerar que es una alteración del “orden Público”.
Con la temeridad fruto de la inconsciente afirmé “No he visto que hayan
detenido nunca a ninguna”. ¡Claro que no, me dijo mi tolerante interlocutor,
pero eso es para que se de Vd. cuenta de la amplitud del concepto. ¡Realmente
están alterando el Orden Público!
Por meras razones vegetativas supongo que esa persona ya no
vive, pero a juzgar por el vociferio que atonta mis oídos ha tenido muchos
hijos no sé si naturales o intelectuales que pretenden utilizar el concepto de
“Orden Público” de ese modo. En esa línea parece estar el Ministro autor de la
ley mordaza.
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